Foto: Mingob

Esta nueva normativa de la PNC deroga el Decreto 11-97, que fue aprobado hace 27 años tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. El presidente del Congreso, Nery Ramos, fue quien la promovió. 

Según el Legislativo, esta nueva ley tendrá como objetivo “normar la organización, funcionalidad, carrera policial, gestión de sus recursos y controles internos a los derechos humanos en su actuar”.

El Decreto 35-2024 fue aprobado con 115 votos. Previo a esto, 109 congresistas apoyaron para conocer la normativa de urgencia nacional; el tablero estuvo abierto más de media hora. 

La aprobación de la ley fue celebrada por los altos mandos de la PNC y del Ministerio de Gobernación, quienes estuvieron presentes en la sesión ordinaria, entre ellos el ministro Francisco Jiménez.

Oposición de diputados

Varios diputados se pronunciaron en contra de aprobar esta ley, argumentando que fue presentada tarde y que recibió dictamen favorable de forma exprés sin las firmas necesarias de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional.

Además, mencionaron que no tuvieron tiempo de leer todo el documento, lo que calificaron como ilegal. Mencionaron también que esta ley se utilizaría para perseguir a guatemaltecos con fines políticos y que incluso duplicaría las funciones de investigación penal que corresponden al Ministerio Público (MP). 

Allan Rodríguez, Elmer Palencia y Álvaro Arzú fueron los principales opositores de esta ley. 

Incluso el diputado Arzú la calificó como el “berrinche” de Nery Ramos, al querer aprobarla a su gusto. 

Sin embargo, Ramos dijo que esta iniciativa estaba “apegada” al Código Procesal Penal, a la Constitución Política de la República y que se consultó con expertos en la materia para formular su contenido. 

Mientras, el diputado Gustavo Cruz, del bloque Visión con Valores (ViVa), señaló que todos los parlamentarios tenían en sus correos la propuesta de ley y que era problema de ellos no haberla leído.

La polémica surgió por el contenido de algunos artículos, como el 10, que hace referencia a las funciones de la PNC, debido a que diputados afirmaron que esto duplicaría el trabajo del MP, porque se le da facultad a los agentes policiales para investigar la comisión de hechos constitutivos de delitos o faltas. 

Otro aspecto cuestionado fue el artículo 60, que se refiere a la “presunción legal”, en donde establece que si un agente de la PNC utilizara armas de fuego y como consecuencia una persona muere o resulta herida, serán resguardados en el distrito más cercano y en ningún caso serán enviados a prisión preventiva, ni serán suspendidos de sus labores hasta concluida la investigación. 

Menciona que los miembros de la PNC que incurran en estos actos deberán entregar sus armas y serán asignados a tareas administrativas.

El artículo 62 también causó polémica, ya que hace mención a los ingresos económicos propios de la PNC, principalmente en el apartado de los recursos que se obtengan por medio de la Ley de Tránsito y su reglamento, ya que algunos diputados afirmaron que esto afectaría a las policías municipales de tránsito. 

Los diputados mencionaron que la aprobación de esta ley podría ser objeto de impugnación a través de amparos. 

Preocupación por el artículo 60 

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), indicó que para las organizaciones de derechos humanos es una preocupación la forma en que quedó redactado el artículo 60 y que además debería serlo para toda la población. 

“Nosotros queremos destacar que existen estándares internacionales y protocolos ya incluidos dentro de la Policía Nacional Civil, de cuál debe ser la forma de proceder de los elementos policiales”, dijo Santos. 

Además, afirmó que si el artículo queda redactado de esa forma, estaría dando paso a que se “cometa abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, arbitrariedad y ejecuciones extrajudiciales”. El experto dijo que el presidente Bernardo Arévalo debería vetar al menos dicho artículo, ya que podría provocar violaciones a los derechos humanos.

Sobre el interés del presidente del Congreso en aprobar la ley, Santos dijo que era algo lógico, tomando en cuenta que Ramos viene de la PNC, y recordó que en varios casos se ha demostrado la participación de policía en hechos que son constitutivos de delitos.

“Nos parece incorrecto que el presidente del Congreso de la República defienda una situación que él sabe que puede derivar en hechos delictivos”, dijo. 

Avance en materia de seguridad

Para el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, la aprobación de una nueva Ley de la PNC representa un avance en materia de seguridad, ya que fortalece a la institución. 

Rivas señala que los agentes policiales ahora pueden sentirse respaldados con esta nueva normativa legal, contrario a lo que ocurría antes, cuando los policías se sentían vulnerables o amenazados. 

“En muchos casos, debido al uso de la fuerza, especialmente de su arma de fuego, en el ejercicio de función, se vieron sometidos a procesos judiciales, que de alguna manera les afectaron en lo personal y lo profesional, que limitaba también el trabajo que como agentes realizaban”, dijo Rivas.

Además, Rivas cuestionó la resistencia que algunos diputados mostraron hacia la ley, que fue más un acto político que una oposición constructiva en beneficio de la población y de la PNC.

“Creo que los intereses de ellos están marcados por aspectos eminentemente políticos y por eso están generando una oposición negativa que no tiene ningún fundamento”, dijo.

Algunas enmiendas a la Ley para cambiar palabras, frases o textos completos fueron aprobadas por los diputados, pero una modificación al artículo 60 fue rechazada.

La nueva Ley de la PNC cobrará vigencia una vez sea sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y se publique en el Diario Oficial.