Previamente, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Cleotilde Cecilia Salazar y César Arango, había resuelto el sábado otorgarle arresto domiciliario a Hernández, como parte de un amparo provisional interpuesto por su defensa.

Sin embargo, su abogado, Juan José Zaghi, explicó que, al no estar en firme el amparo, la liberación podría demorar hasta tres meses, lo cual no era viable como consecuencia del estado crítico  de salud de Hernández.

Debido a la urgencia de asegurar su pronta libertad, Hernández solicitó una audiencia de aceptación de cargos ante el juez Fredy Orellana, quien en el pasado había rechazado múltiples solicitudes de arresto domiciliario.

Durante la audiencia, Hernández se declaró culpable de los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, lo que le permitió optar por una salida procesal.

Como resultado de la aceptación de cargos, se le impuso la pena de seis meses de prisión por cada delito y multa de Q10 mil. Posteriormente, el juez concedió la suspensión condicional de la pena, ordenando su liberación inmediata y concluyó el proceso penal.

En un comunicado dirigido al pueblo de Guatemala, Hernández expresó: “Cada minuto en prisión es una tortura y finalmente llegué a mi límite”. Además, agradeció el respaldo incondicional de su familia, organizaciones de mujeres y otras personas que la acompañaron durante el proceso. La funcionaria manifestó que ahora enfocará su atención en sanar y recuperar su salud antes de tomar decisiones importantes sobre su futuro.