Las alianzas de la bancada oficial continúan operando en el Legislativo. Esto pudo observarse el pasado 12 de noviembre, cuando el Congreso aprobó tres decretos impulsados por la bancada oficial. 

Una de las normativas aprobadas contempla un préstamo de US$120 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Coreano de Inversiones (KIF) que fue solicitado por el Ejecutivo.

Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

El Decreto 29-2024 fue aprobado con 118 votos a favor. Esta normativa contempla varios cambios para la infraestructura vial del país y, según analistas consultados, marca un hito en Guatemala. 

La ley se enfoca en modernizar y priorizar la infraestructura vial, especialmente en rutas consideradas esenciales para el desarrollo económico, como las carreteras y caminos que conectan los puertos clave y las fronteras del país como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, así como las fronteras con México y El Salvador.

La ley definen como proyectos viales prioritarios no solo carreteras y caminos, sino puentes, túneles y sistemas de drenaje. Además, incluye obras para mitigar riesgos naturales, como barreras de contención y sistemas de alerta temprana.

Además, contempla la creación de un plan para priorizar obras que podrá ser revisado de forma periódica para atender proyectos viales de urgencia y establece un proceso de licitación pública y competitiva, para asegurar que las empresas participantes cumplan con requisitos de experiencia y capacidad técnica. 

El analista político y economista Quique Godoy, describe la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria como una herramienta útil para el gobierno actual, especialmente por el artículo 95 de la ley, que permite reorganizar proyectos de infraestructura en conflicto. 

Según Godoy, el artículo 95 –que integra la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp)– les permite cancelar y volver a adjudicar obras, lo cual brinda flexibilidad en la ejecución de proyectos sin los requisitos estrictos de la Ley de Contrataciones, calificándolo como un «acuerdo de emergencia».

Godoy explica que es una solución adecuada para la coyuntura, ya que permite crear otro pequeño fondo con recursos específicos para la infraestructura vial, aunque advierte que esto segmenta el presupuesto y lo vuelve “muy rígido”. 

Godoy sostiene que si bien estas leyes podrían dar mayor movilidad de trabajo al oficialismo, es necesaria una elección inteligente. “El reto es balancear, tener alguien que sepa cómo abrir la caja fuerte, pero que al mismo tiempo vaya a ser responsable con lo que está dentro”, concluye. 

Radiografía de la Ley

Dos aspectos fundamentales que contempla esta ley son la creación de la Dipp y del Fondo para Proyectos Vial Prioritaria (Fovip) iniciando con un presupuesto de Q10 millones y que en 2025 aumentará a Q20 millones. 

La Dipp funcionará como un organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que podrá planificar y conservar la infraestructura vial prioritaria, llevar a cabo procesos de licitación y contratación de proyectos, supervisar y evaluar el desarrollo de estos proyectos. 

El Fovip asegurará la disponibilidad de recursos a largo plazo para el desarrollo, mantenimiento y supervisión de las infraestructuras viales. 

Sus principales fuentes de financiamiento incluyen:

• Presupuesto estatal: recursos asignados anualmente en el presupuesto general del Estado.
• Préstamos y deuda pública: financiamiento a través de operaciones de crédito público.
• Donaciones y aportes de terceros: aportaciones de entidades privadas y organismos internacionales.
• Impuestos específicos: fondos generados por impuestos u otros ingresos estatales designados.

Este fondo se dividirá en dos componentes. Un fondo operativo para financiar los gastos administrativos de la Dipp y otro de infraestructura dedicado exclusivamente a financiar los costos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los proyectos viales prioritarios.

Ley con préstamo incluído 

Luego de la medianoche, los diputados aprobaron la Ley para el Programa de Electrificación Rural, ahora Decreto 30-2024, que aprueba un préstamo de $120 millones con el BID y el KIF para el Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (PIER) que deberá ser desarrollado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 

Estos recursos pretenden dar paso a la construcción de redes de distribución eléctrica en áreas donde aún no llega el servicio, lo que, prevén, beneficiaría a al menos a 200 mil ciudadanos de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché.

Patrimonio Nacional 

También se aprobó la Ley de Protección del Lago Petén Itzá (Decreto 28-2024) que tiene como objetivo salvaguardar la cuenca del Lago Petén Itzá, declarando este recurso natural como Patrimonio Nacional.

La ley crea la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá (Ampi), que será responsable de implementar políticas de conservación y restauración de este ecosistema.

La Ampi supervisará los proyectos de desarrollo en la región, evaluando su impacto ambiental para asegurar que no perjudiquen al lago y sus alrededores. 

Leyes como la de Protección del Lago Petén Itzá y la Ley para el Programa de Electrificación Rural buscan atender necesidades críticas en conservación ambiental y acceso a servicios básicos. Sin embargo, Francisco Quezada, analista político del CIEN, cuestiona el enfoque de estas iniciativas dentro de un modelo que él considera fallido y asistencialista.

Quezada señala que las políticas gubernamentales, incluidas las recientes leyes, perpetúan un modelo en el que el Estado intenta satisfacer todas las necesidades de la población. 

Según el analista, se está haciendo lo mismo, queriendo obtener resultados diferentes porque este sistema asistencialista genera dependencia de los ciudadanos hacia el gobierno, lo que agrava la ineficiencia y desvía recursos hacia proyectos clientelistas que responden más a intereses políticos que a un desarrollo sostenible. 

Respecto a los servicios públicos, Quezada destaca que en Guatemala existen servicios de calidad, pero estos provienen del sector privado, accesibles únicamente para quienes tienen los recursos para pagarlos. Por el contrario, los servicios del Estado «son pésimos, y lo seguirán siendo», porque prioriza la expansión de su estructura y gasto en salarios en lugar de invertir estratégicamente. 

Para él, aprobar leyes que crean nuevas instituciones o fondos no soluciona los problemas estructurales del país; más bien, «el Estado se está diversificando tanto, que al final no controla nada».