Este 23 de abril se cumplen los primeros 100 días del gobierno Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes durante su campaña presentaron un documento de cinco páginas que contiene las temáticas para trabajar durante los primeros meses. 

El informe “Cambios para los primeros 100 días del Gobierno de Bernardo Arévalo” estaba disponible en la página web arevalopresidente.com, la cual utilizaba el hoy mandatario durante su campaña electoral, pero ahora requiere de un usuario y contraseña para ingresar. El documento se divide en cuatro aspectos que se abordarán desde la Presidencia y dos por la Vicepresidencia.

De los 24 cambios que plantean para el Ejecutivo, solo cuatro reflejan avance en su ejecución durante estos primeros tres meses. 

Los ejes propuestos por Arévalo son: “Salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción”, “rescatar la economía”, “construir un gobierno que esté presente” y «frenar la delincuencia”. Los de la Vicepresidenta están enfocados en mejorar las condiciones de vida, prevención y seguridad. 

El Ejecutivo informó que este martes 23 de abril se realizará una actividad para dar a conocer las acciones que se han realizado durante los primeros 100 días de gobierno.

No obstante, el pasado el 18 de abril, el Presidente, en conjunto con los titulares de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Gobernación, Economía y Finanzas participaron en el evento “Estado de Nación”, en el cual informaron sobre los avances de sus primeros 95 días a representantes del sector empresarial. 

El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala.

Sin reducción del salario 

En su campaña, Arévalo afirmó que en su gobierno habría austeridad y que por eso buscaría reducir su salario, al igual que en otras instituciones del Estado. 

“Siguiendo mi propio ejemplo, que como presidente rebajaré mi salario, se revisarán las remuneraciones de funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados y la práctica de hacer de la política un negocio y no un servicio”, dice el punto 13 del plan de los primeros días de Arévalo, lo cual hasta la fecha no ha cumplido.

El presidente de Guatemala es el que tiene el segundo salario más alto en Latinoamérica, lo que representa 46 veces el salario mínimo en el país. 

Según los datos de la Secretaría de asuntos Administrativos y de seguridad (SAAS), el salario base es de Q33 mil 588, más Q115 mil de gastos de representación y Q117 mil 097 de viáticos, para un total de Q265 mil 685. 

La vicepresidenta devenga Q23 mil de salario base mensual, Q112 mil de gastos de representación y dos bonos, uno por Q250 y Q375, para un total de Q135 mil 525.

El mandatario mencionó que en mayo podría reflejar la disminución de los salarios, pero hasta ahora no han hecho pública la estrategia o metodología de revisión. 

Cambios en menos de 100 días 

Dentro de sus propuestas de cambio, Arévalo también propuso el nombramiento de “funcionarios probos y capaces”, pero algunas designaciones han sido cuestionadas y ya se han dado destituciones en menos de 100 días de gobierno. 

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el presidente nombró a María José Iturbide como titular, pero el 7 de abril, fue destituida por el uso de vehículos oficiales para fines personales. En su lugar está Patricia Orantes, quien fue electa como diputada por el partido Movimiento Semilla.

En otras instituciones también se han dado nombramientos cuestionados, como el caso del exdiputado Óscar Chinchilla, quien fue designado por el Ministerio de Trabajo como gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

Óscar Chinchilla fue diputado por el partido Creo, además, fue presidente del Legislativo entre 2017 y 2018 cuando gobernaba Jimmy Morales.

La designación de los gobernadores departamentales ha generado cuestionamientos tanto por la tardanza en el nombramiento de los representantes del Ejecutivo, como por algunas designaciones.

Uno de estos casos fue el del gobernador de Guatemala, Diego de León, señalado de desconocer los procesos para atender la emergencia de los incendios en la capital del país. Los diputados del partido Vos lo citaron por la atención del incendio en el vertedero de Amsa y lo cuestionaron sobre las acciones que se emprendieron para combatir el siniestro.

En Quiché, Mélinton Solórzano, gobernador nombrado por Arévalo, fue retirado del cargo por supuestamente pagar sobornos para ser incluido en la terna de candidatos.

Sin avances en construcción de cárcel 

La seguridad también fue un tema clave en las propuestas de Arévalo. El punto 22 del documento plantea nuevas cárceles para estos primeros meses de gobierno. 

“Inicio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad para autores de delitos graves, con controles de alta tecnología”, dice la promesa, de la cual no hay indicios de avances. 

En febrero, la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, dijo en una citación con la bancada Todos que se podría retomar la construcción de una cárcel que se anunció en el gobierno de Alejandro Giammattei, que estaría ubicada en Masagua, Escuintla, y que podría albergar hasta 3 mil reos.

Actualmente, las cárceles en Guatemala están sobrepobladas. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de 2022 registró que el hacinamiento en las prisiones es de un 363 por ciento, sobre otros países de Latinoamérica. 

Arévalo pierde el pulso con Consuelo Porras

En los primeros 100 días, el presidente Arévalo tampoco cumplió su promesa de campaña sobre pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. 

El 12 de septiembre de 2023, como presidente electo, Arévalo anunció la solicitud de antejuicio planteada en contra de la jefa del MP y de fiscales que sostenían la persecución contra el Movimiento Semilla. 

“Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país”, dijo Arévalo. 

Ese día el MP realizó un allanamiento y abrieron las cajas electorales.

Estando en el cargo, el presidente se limitó a citar a Porras a reuniones, a las cuales no llegó. Cuando un periodista del medio Plaza Pública lo cuestionó sobre cuándo pediría su renuncia, dijo que la petición seguía vigente.  

El gobierno de Arévalo presentó el 29 de febrero una denuncia contra la Fiscal General, María Consuelo Porras, ante su negativa de participar en una reunión de gabinete. 

De momento, el Ejecutivo también está a la espera de una opinión consultiva solicitada a la Corte de Constitucionalidad, sobre la honorabilidad que exige la Constitución para que continúe en el cargo.

Agenda económica estancada 

En materia económica, Arevalo planteó cambios en el precio de la energía eléctrica, reducir el costo de los medicamentos y una ley de competencia. 

De momento, en el Congreso solo se está discutiendo una propuesta de Ley de competencia, mediante la cual el partido oficial propone reducir los precios de los medicamentos y hacer más asequibles los mercados. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social busca concretar un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para adquirir medicamentos a bajo costo, la propuesta está en el eje del rescate de la economía, pero será cuestionada esta semana por diputados del Congreso. 

Denuncias sin reacción del MP 

Durante su campaña, Arévalo se posicionó como un candidato anticorrupción, siendo esta una de sus principales banderas para llegar a la Presidencia. Siguiendo esa línea, el partido oficial anunció, como una de sus principales propuestas, denunciar actos de corrupción encontrados en los ministerios. Hasta ahora, algunos ministros han presentado denuncias por irregularidades en la gestión anterior, pero no se presenta ningún avance en las investigaciones por parte del MP.

Jazmín de la Vega, titular del CIV, presentó dos denuncias contra el exministro de esa cartera, Javier Maldonado, y también contra el exdirector de Aeronáutica Civil, Francis Argueta.

Estas denuncias, que también alcanzan a otros exfuncionarios de esa cartera, son por irregularidades en la adjudicación de contratos. Uno de los primeros casos fue el ocurrido con las garitas de cobro de peaje en la autopista Palín-Escuintla, las cuales habrían sido pagadas sin que el trabajo se completara, además, el contrato fue adjudicado sin que el proyecto fuera recibido por la cartera de Comunicaciones. eP Investiga reveló que la empresa es propiedad de un exgobernador de El Progreso.

El 11 de abril el Gobierno informó sobre una denuncia por el posible fraude en la construcción de 14 escuelas Bicentenario, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, debido a que se adjudicó a un solo proveedor y el avance de las construcciones ha sido lento.

Desde el Ejecutivo también se presentó una denuncia contra la exministra de Salud, Amelia Flores, por haber firmado el contrato para la adquisición de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, para atender la pandemia por el COVID-19.

La denuncia se realizó debido a que el contrato se considera perjudicial y porque no se cumplieron requisitos legales. 

Otra de las promesas planteadas para el combate a la corrupción fue la implementación de un Código de ética para los funcionarios. Fue hasta el 19 de abril –luego de la destitución de la exministra de Ambiente y Recursos Naturales, señalada por mal uso de recursos del Estado para su familia– que lo firmaron. El documento estuvo a cargo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, dirigida por Santiago Palomo. 

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