“La SIE es la institución responsable de liderar el proceso de elaboración de la ANRA, su seguimiento y evaluación, así como su revisión y actualización en momentos clave, como en el actual cambio de administración gubernamental. Durante los gobiernos anteriores, la concepción de seguridad democrática establecida en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, y que se basa en la protección de los derechos de los ciudadanos dentro de un sistema político fundamentado en el Estado de derecho y regido a través de mecanismos democráticos, no fue una prioridad en el marco doctrinario e institucional del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), pero ahora la administración del Presidente Bernardo Arévalo la recupera y toma como fundamento para el diseño y la implementación de las diferentes herramientas de planificación, estrategia y política dentro del SNS”, detalla el documento.

Según la ANRA, las amenazas enumeradas tienen el potencial de impactar significativamente la seguridad de la nación y la gobernabilidad democrática que el Estado debe resguardar. Entender la naturaleza y el impacto de cada amenaza ayuda a identificar las vulnerabilidades que aumentan su riesgo, y abordar estas vulnerabilidades con estrategias efectivas permite reducir el nivel de riesgo de las amenazas.

A continuación, se presenta un resumen de los nueve puntos clave revelados en el mismo.

1. Delitos de Alto Impacto: La Extorsión y la Violencia Homicida

Extorsión: El documento señala un aumento significativo en las denuncias de extorsión en los últimos años, afectando tanto a individuos como a empresas. Este incremento es atribuido principalmente a la actividad de pandillas que operan desde los centros penitenciarios y a la corrupción que facilita estas operaciones. Las víctimas de extorsión enfrentan amenazas y violencia si no cumplen con las demandas de pago, lo cual genera un clima de miedo y afecta la estabilidad económica y social.

“Las denuncias de extorsión casi se han cuadruplicado en los últimos ochos años (de 5,036 en 2015 a 18,095 en 2023, de acuerdo con datos policiales)”, data en el documento.

Violencia homicida: Aunque se ha observado una reducción en la tasa de homicidios en la última década, Guatemala sigue teniendo una de las tasas más altas de violencia homicida en el mundo. La violencia se concentra principalmente en zonas urbanas y áreas con alta actividad criminal organizada. Factores como el tráfico de drogas, conflictos entre pandillas y la impunidad contribuyen a este problema persistente.

“La prevalencia y altos niveles de violencia homicida evidencian la facilidad que existe en Guatemala para ejecutar homicidios, los cuales, en su gran mayoría por encima del 80 por ciento, se realizan utilizando armas de fuego”, se detalla en la ANRA.

2. Captura Institucional

La ANRA revela que actores ilegales, incluyendo grupos criminales y redes de corrupción, han logrado infiltrarse en las instituciones del Estado. Esta captura institucional compromete la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, ya que estos actores ilegales buscan influir y controlar las decisiones gubernamentales para proteger y expandir sus actividades ilícitas. Enfatiza que la corrupción dentro de las instituciones públicas, erosiona la confianza ciudadana y debilita las estructuras democráticas.

“Una vez que logran infiltrarse en las instituciones estatales clave, como el Congreso, el poder judicial, el Ministerio Público, la policía o los organismos encargados de la regulación, pueden utilizar su influencia para proteger sus actividades ilícitas, evitar la persecución legal, acosar a ex-funcionarios, jueces, fiscales y periodistas, además de obtener beneficios directos del Estado”, dice la ANRA.

3. Narcoactividad

La ANRA 2024 identifica al narcotráfico como una amenaza crítica para la seguridad nacional. Las actividades relacionadas con el narcotráfico incluyen la producción, el tráfico y la venta de drogas ilícitas, las cuales generan violencia, corrupción y debilitamiento institucional. Los cárteles de droga tienen la capacidad de corromper y cooptar funcionarios públicos, y su influencia se extiende a diversas esferas de la sociedad, desde la política hasta la economía, afectando la estabilidad y el desarrollo del país.

4. Lavado de Dinero y Terrorismo

Las prácticas de lavado de dinero son utilizadas por redes criminales para legalizar las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Este proceso implica la integración de fondos ilícitos en el sistema financiero legal, lo cual socava la integridad del sistema económico y facilita el financiamiento de actividades extremistas y terroristas. La ANRA subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para combatir estas prácticas y proteger la seguridad nacional.

“El lavado de dinero y otros activos ha crecido en nuestro país en los últimos años; por ejemplo, sólo en 2023 el monto denunciado se duplicó respecto de 2022, según la Intendencia de Verificación Especial. Este aumento obedece especialmente a que las organizaciones criminales han diversificado sus estrategias de operación mediante las nuevas tecnologías y las redes sociales”, detalla el documento.

5. Amenazas a la integridad territorial y la seguridad fronteriza

El contrabando y otros delitos transfronterizos son identificados como amenazas significativas que comprometen la integridad territorial del país, esta categoría engloba amenazas que se concretan en espacios fronterizos. Las actividades ilegales incluyen el tráfico de personas, armas, flora y fauna, entre otras mercancías, que no solo afectan la economía, sino que también representan riesgos para la seguridad y la estabilidad social. La porosidad de las fronteras facilita la entrada y salida de bienes y personas sin control, lo cual requiere una mayor coordinación y cooperación entre las agencias de seguridad y los países vecinos, según el documento. En esta categoría la defraudación aduanera es una preocupación creciente para el Gobierno.

Respecto al tráfico y tránsito ilegal de armas de fuego y municiones, la ANRA afirma que se prevé un incremento “debido a las debilidades institucionales en el control de la circulación ilegal de armas de fuego y del desvío de armas hacia grupos criminales. Adicionalmente, son débiles también los controles hacia las empresas de seguridad privada y los proveedores de armas de fuego y municiones”. 

6. Contrabando Aduanero

El contrabando aduanero es señalado como una actividad ilegal que afecta gravemente la economía nacional. Los contrabandistas evaden los aranceles e impuestos aduaneros, lo cual reduce los ingresos fiscales y distorsiona el mercado. Esta práctica también facilita la entrada de productos de baja calidad y potencialmente peligrosos, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores. La ANRA destaca la necesidad de implementar medidas más estrictas y efectivas para combatir el contrabando y proteger la economía formal.

“El impacto fiscal por el contrabando directo en Guatemala se estimaba en alrededor del 1.7 por ciento del PIB en el año 2015. Se estima que, hoy en día, el 30 por ciento del mercado guatemalteco está ocupado por productos que han sido contrabandeados”, indica la ANRA.

7. Seguridad Ambiental

Los problemas ambientales representan riesgos significativos para la seguridad nacional. La deforestación, la contaminación de recursos naturales y el cambio climático son algunas de las amenazas identificadas en el documento. Estos problemas no solo afectan la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también tienen implicaciones directas en la salud pública, la economía y la estabilidad social. La ANRA aboga por el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación para abordar estos desafíos y proteger el medio ambiente.

8. Epidemias y Pandemias

Las enfermedades epidémicas y pandémicas son resaltadas como una amenaza considerable para la salud pública y la seguridad nacional. La reciente experiencia con la pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de una preparación adecuada y de sistemas de respuesta rápida para enfrentar brotes de enfermedades infecciosas. El documento destaca la importancia de fortalecer la infraestructura de salud, mejorar la vigilancia epidemiológica y asegurar la disponibilidad de recursos médicos y sanitarios para proteger a la población.

9. Ciberamenazas

Las amenazas cibernéticas son identificadas como un riesgo creciente en el contexto global. La protección de la información y la infraestructura crítica del país es esencial para garantizar la seguridad nacional. Los ataques cibernéticos pueden afectar sectores clave como la energía, las comunicaciones, la banca y la seguridad nacional. La ANRA subraya la necesidad de desarrollar capacidades avanzadas de ciberseguridad, promover la cooperación internacional y aumentar la conciencia sobre los riesgos cibernéticos entre todos los sectores de la sociedad.

“Se evidencia un aumento en ciberataques dirigidos a las plataformas digitales de las instituciones públicas y privadas, resaltando los ataques de phishing (robo de información), a través de correo electrónico, así como la denegación de servicio en los sitios web de las instituciones”, se detalla.

El documento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, subraya la interdependencia entre la seguridad democrática y la gobernabilidad, y la necesidad de una respuesta integral y coordinada para enfrentar las amenazas identificadas.