Esta normativa fue promovida por el Movimiento Semilla durante la campaña electoral y el pasado lunes recibió el dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, por lo que ayer se conoció en el pleno y fue aprobada con un total de 122 votos a favor y en único debate, lo cual fue celebrado por diputados oficialistas.

Esta normativa será revisada por el Legislativo y posteriormente enviada al Ejecutivo para su sanción o veto. 

Principales aspecto de la ley

El Congreso de la República emitió un comunicado en el que destacó que esta ley sanciona las prácticas anticompetitivas y que también promueve mercados más justos en el país, asegurando que se busca evitar que estos sean controlados por monopolios.

Esta norma eliminaría el establecimiento injustificado de precios y permitiría a las pequeñas y medianas empresas el ingreso a una asociación o gremiales empresariales. También eliminaría las concentraciones irregulares y restricciones “para el buen funcionamiento de los mercados”. 

“La nueva Ley promueve el derecho a la competencia, donde se garantice que exista variedad de oferentes y demandantes, con el fin de evitar que el mercado sea controlado por monopolios y con esto se domine el mercado, creando así un alza en los precios y menor calidad en productos”, indicó el Congreso en el comunicado. 

También prohíbe que se disminuyan los precios por debajo de los costos para eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos en el territorio nacional.

Además, se establece la creación de la Superintendencia de Competencia y crea la Comisión de Competencia, una entidad adscrita al Ministerio de Economía (Mineco), que gozará de autonomía funcional y técnica para ejercer sus funciones. “Será la encargada de imponer multas y adoptará decisiones administrativas por infracción a las disposiciones de competencia”, se informó. 

Directorio y multas 

La Ley establece la creación de un directorio, el cual estará conformado por tres directores titulares, uno nombrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el segundo por el Pleno del Congreso de la República y el tercero nombrado por la Junta Monetaria (JM).

También contempla prácticas relativas y absolutas anticompetitivas, las cuales serán objeto de sanciones y amonestaciones que van desde los 100 mil hasta los 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, equivalentes a más de Q22.1 millones, esto al hacer la operación matemática respecto al salario mínimo diario vigente en 2024, que es de Q110.97 en el departamento de Guatemala.

Además, impone sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, aproximadamente Q500 mil, a las empresas o comercios que se resistan a la visita de verificación o “cualquier acción u omisión no justificada que obstaculice o impida a la Superintendencia el cumplimiento de su función fiscalizadora”, detalla. 

También aplica sanciones de hasta 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, unos Q22.1 millones, a quienes presenten denuncias falsas o notoriamente frívolas

Rubén Morales, exministro de Economía, indicó que esta propuesta de ley fue presentada el 11 de mayo 2016, luego de ser trabajada por un equipo del Ministerio de Economía (Mineco), la cual fue entregada a los diputados Carlos Barreda, Arístides Crespo y Mario Taracena. 

Morales señaló que la iniciativa se presentó con el propósito de “honrar el compromiso adquirido por Guatemala en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”.

Cambios respecto a la ley original

eP Investiga consultó al diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Barreda, sobre los cambios que observó entre la normativa aprobada y la original y aseguró que hay aspectos centrales que cambiaron en la ley aprobada ayer. 

En la ley original se incluía un programa de clemencia, dice Barreda, que permitía que agentes económicos que han incurrido en prácticas anticompetitivas presentaran pruebas para reducción de las sanciones. 

Según Barreda, la propuesta original permitía que una persona denunciara esas prácticas en determinados sectores económicos para reducir las sanciones, como si se tratara de un “soplón”, pero este aspecto se omitió en la nueva ley. 

Además, el congresista centroamericano dijo que hay contradicciones en algunos artículos de la ley. Por ejemplo, el artículo 6 habla de “prohibición absoluta” a las prácticas monopólicas, pero a la vez permite que los agentes económicos se defiendan si han incurrido en estas prácticas, lo que genera un círculo vicioso de prácticas monopólicas, no hay prohibición absoluta. 

Otra contradicción está en el artículo 7, donde se mencionan prácticas relativas, las cuales se tratan de hechos realizados por agentes económicos de un mismo sector para, por ejemplo, acordar precios. Sin embargo, el artículo 10 afirma que estas prácticas relativas no serán sancionadas si se comprueba que inciden de manera favorable en la libre competencia, superando los efectos anticompetitivos y si traen beneficios a las personas.

Barreda consideró que aunque esta normativa tenga algunas contradicciones, su aprobación es positiva, ya que “es mejor tener esta a no tener nada”.

Aplicación ampliada

Según el diputado de Semilla, Samuel Pérez, la Ley de Competencia se aprobó con enmiendas que amplían su ámbito de aplicación, lo cual permitirá que pueda supervisar todos los aspectos que tengan que ver con prácticas competitivas y anticompetitivas a todos los sectores económicos, independientemente si tienen una regulación propia. 

“A menos que en su regulación tengan sanciones o una legislación específica de competencia, pero lo que logra es que las prácticas en las cuales, por ejemplo, dos empresas que se supone son competencia pactan un precio más alto del precio de mercado, ahí hay sanciones”, dijo Pérez. 

El diputado mencionó que habrá sanciones para aquellas empresas que acaparen los mercados, expulsando a la competencia y que se espera que la Superintendencia de Competencia entre en vigencia el próximo año con un presupuesto inicial de Q20 millones.

Pérez impulsó una enmienda al artículo 2 para que la observancia de la ley se aplique en todo el país y a todos los agentes económicos, aunque se encuentren sometidos a leyes sectoriales propias.

Un paso adelante, pero se debe evaluar

Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que la aprobación de la Ley de Competencia es “un paso adelante”, ya que Guatemala y Cuba eran los únicos países de Latinoamérica que carecían de una norma de este tipo. 

Sin embargo, mencionó que se deberá evaluar cómo será el funcionamiento de la Superintendencia de Competencia que se crea con esta y cómo podrían cambiar los mercados de telecomunicaciones, cemento, bancos y otros que continuamente reciben críticas de la población.

“La aprobación de la Ley de Competencia es un paso adelante en la forma de tratar los mercados”, dijo Medina, tomando en cuenta que hay sectores económicos que han acumulado privilegios a lo largo de los años.

Medina indicó que habrá que analizar posteriormente la coordinación del Mineco con las nuevas instituciones que se crean a través de la Ley de Competencia, poniendo como ejemplo la relación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), donde no siempre hay una coordinación.