En los últimos años, el Ministerio Público (MP) ha estado rodeado de controversia y existe preocupación en diversos sectores de la sociedad, al evidenciar un enfoque que prioriza la persecución de periodistas, integrantes de la sociedad civil y operadores de justicia que en su momento investigaron o conocieron grandes casos de corrupción y en las últimas semanas, en contra de quienes han evidenciado nuevos fraudes millonarios al Estado, como es el caso del Superintendente de Administración Tributaria (SAT). 

Estos actores, que históricamente jugaron un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y revelaron grandes casos en donde el Estado perdió millones de quetzales, se han convertido en blanco de investigaciones y acciones judiciales que parecen desviar la atención de los graves casos de corrupción que han salpicado a las administraciones de los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales.

El contexto político en el que se desarrolla esta situación es particularmente alarmante. Desde su llegada al poder, Giammattei fue criticado por su falta de compromiso en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas y por la reelección de Consuelo Porras. 

Desde la llegada de Porras al poder, no ha habido condenas sobre grandes casos de corrupción en contra de algún funcionario de las dos administraciones que la pusieron en el cargo y el número reducido de sentencias es consecuencia de  investigaciones iniciadas por fiscales destituidos y ahora perseguidos.

El Ministerio Público, bajo el liderazgo de Porras, ha implementado una estrategia que, en lugar de enfocarse en los grandes casos de corrupción, ha optado por silenciar y hostigar a aquellos que se atreven a cuestionar a quienes la llevaron al poder durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos destacan un aumento en la represión por parte del MP, contra quienes ejercen el periodismo crítico y la defensa de los derechos humanos. Este clima de intimidación no solo socava la libertad de expresión, sino que también desincentiva la denuncia de actos corruptos, creando un círculo vicioso que favorece la impunidad.

En contraste, mientras las denuncias de grandes casos de corrupción no se investigan, el MP se dedica a realizar “investigaciones” exprés de casos paralelos como el del B410, en donde pese a la denuncia de la SAT, que documentó la forma en que decenas de empresas evadieron más de Q300 millones de impuestos, no se ha avanzado en las investigaciones para develar a la estructura de evasión. Por el contrario y como suele suceder en el país, se inició una persecución en contra de la familia del jefe de la Superintendencia.

De igual manera, mientras se aceleran los casos en contra del partido Movimiento Semilla en busca de su cancelación, en casos similares como el del Partido Vamos y del partido de Zury Ríos Valor, no se conocen avances.

A continuación se presenta un pequeño resumen de algunos casos de corrupción que se han conocido y en los que el actual MP los ha desestimando o simplemente no hay avances en las investigaciones. 

-La alfombra rusa

En 2021, un testigo narró tanto a la fiscalía como al periodista José Rubén Zamora, la forma en que los directivos de una minera entregaron supuestos sobornos a Alejandro Giammattei, estos buscaban que el Gobierno les concediera en la Portuaria Santo Tomas, (Empornac) área para construir una terminal privada que sirviera para embarcar las toneladas de tierra rica en minerales que extraen de las distintas explotaciones mineras que tienen principalmente en Izabal.

Según una publicación de elPeriódico, la visita duró siete días, durante los cuales los directivos de la minera se transportaron en aviones privados, se hospedaron en hoteles, mientras se movilizaban en una comitiva de camionetas de vehículos blindados, todo esto coordinado y bajo el acompañamiento de funcionarios del Gobierno.

La comitiva fue la misma en la que el testigo participó y fue delegado para llevarle a Giammattei a su casa de la zona 15, una alfombra que contenía paquetes de dólares en concepto de coimas, según su declaración.

Por este caso que inició a investigar el ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, se ordenó su destitución inmediata, por lo que debió salir al exilio, ya que el mismo Ministerio Público inició una persecución penal en su contra.

La investigación por el pago de sobornos fue cerrada por el MP debido a que “se determinó que el hecho solamente quedó en intención, ya que el consejo directivo de la Empornac no autorizó dicho contrato”, según dijo a Prensa Comunitaria esa institución.

-Compra de las vacunas Sputnik

El gobierno de Guatemala, bajo la dirección de Alejandro Giammattei, firmó un convenio con la empresa Human Vaccines, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para la adquisición de millones de vacunas en contra del Covid-19. 

El decreto 1-2021 bajo el cual se adquirieron las vacunas, establece que la adquisición de las mismas, debía ser directamente con el fabricante.

El contrato que fue firmado bajo confidencialidad, era lesivo para el país debido a las condiciones que se incluían, además, según señaló en su momento el Departamento de Estado de Estados Unidos, Luis Miguel Martinez, pareja sentimental de Giammattei, se habría beneficiado por este contrato y aunque legalmente él no aparece en ningún documento, habría recibido beneficios de la negociación.

La investigación del MP se desvió en los últimos meses en contra de quienes firmaron el contrato, como es el caso de la exministra de Salud Amelia Flores, sin embargo, el MP no ha indagado alrededor del presunto pago de comisiones al ex jefe del Centro de Gobierno. A la fecha no hay avances en el caso, más allá de la solicitud de información.

-Las declaraciones del testigo A

Las declaraciones del “Testigo A” que se dieron como anticipo de prueba ante la Jueza Ericka Aifán, del juzgado D de Mayor Riesgo, implican a Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y Giorgio Bruni en una trama de pago de sobornos de constructores y con el ex ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito.

El Testigo A, quien era una persona cercana a Giammattei, narró a la jueza las componendas alrededor del exmandatario y quienes en ese momento ocupaban puestos cercanos, así como el Centro de Gobierno.

Aseguró que anticipos pagados a la empresa constructora Coamco, habrían servido para entregar fondos a Giammattei para su campaña política en 2019.

La investigación del medio digital salvadoreño El Faro, revela que las declaraciones del testigo implicaron a Giammattei en una trama de corrupción, señala además la forma en que Porras se habría encargado de encubrir cualquier investigación alrededor del ahora ex presidente.

Sobre este caso no se han conocido más avances que la solicitud de la declaración al Juzgado D que pasó a manos de la jueza Abelina Cruz Toscano, quien ha favorecido a varios señalados en caso de corrupción, entre ellos a Alejandro Sinibaldi y Gustavo Alejos.

-Denuncias en contra del alcalde de Amatitlán

El ciudadano José Fernando Mancilla debió salir al exilio recientemente, debido a las denuncias de actos de corrupción en la municipalidad de Amatitlán que investigó y presentó en los últimos años.

Mancilla denunció ante el Ministerio Público las adquisiciones de baja cuantía de la municipalidad así como el pago irregular de dietas y la contratación de obra pública, entre otras. Ninguna de estas investigaciones adelantadas por Mancilla ha tenido eco en el Ministerio Público. Mancilla sufrió amenazas de muerte que lo obligaron a salir del país.

-Denuncias de corrupción en el Inde y Segeplan

Las denuncias de casos de corrupción relacionadas al ex asesor de la Secretaría General de Planificación que fue nombrado de forma anómala por Giammattei como presidente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) Melvin Quijivix no han prosperado. El año pasado, el medio digital Plaza Pública dio a conocer que empresas vinculadas a este ex funcionario fueron contratadas por él mismo para prestar servicios en la institución. Sin embargo, los casos no han avanzado en el MP. De igual manera, Segeplan y el Inde presentaron denuncias sobre otros hallazgos que ellos presentaron en ambas instituciones que revelaban más casos de corrupción vinculados al ex trabajador del Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, pero hasta la fecha no se ha conocido ningún avance al respecto.

-Más de 90 denuncias de corrupción presentadas por Acción Ciudadana

Entre 2019 y 2023, la organización Acción Ciudadana, acompañada por la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, presentaron más de 90 denuncias sobre casos relacionados con corrupción en municipalidades y en el Gobierno central, la mayoría de estas fueron desestimadas sin que se investigue, mientras en otras no se presentan avances.

-Denuncia por el uso de Seguridad y Vehículos de la SAAS

Luego de una publicación de eP Investiga, el diputado José Chic, solicitó información a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que es la encargada de darle seguridad al presidente y sus familiares, para confirmar las razones por las que la pareja de Giammattei, Luis Miguel Martínez contó con seguridad de esa institución. Chic presentó una denuncia en contra del expresidente por este hecho, sin embargo no ha habido ningún avance, señaló.

-Investigaciones publicadas por periodistas

Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa, publicaron decenas de investigaciones, varias de ellas relacionadas al enriquecimiento ilícito de la familia de Giammattei y de Miguel Martínez, sin embargo, ninguno de los casos documentados y hechos públicos efectuados por los comunicadores han sido investigados por el Ministerio Público hasta la fecha. Entre los casos revelados por los reporteros está el de los apartamentos que adquirieron los hijos de Giammattei en un exclusivo edificio de la zona 15.

-Caso B410

El Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz denunció la existencia de una estructura de defraudación que a pesar de que los contratistas no contaban con empleados ni maquinaria. Las empresas fueron contratadas por distintas instituciones del Estado para proveerles servicios y construir las empresas que prácticamente eran de cartón, además de recibir millones en contratos con el Estado, eludían el pago de impuestos cuya cifra es de al menos Q300 millones. El MP inició una persecución en contra de la familia del Superintendente con base a presuntas denuncias anónimas.