Ilustración: Daniel San.
Editor: José Luis Sanz
Con impecable traje azul, camisa blanca y corbata, el hombre que según la CICIG manipuló por años el proceso de elección de jueces y magistrados volvía a la escena del crimen.
Fuera, una larga fila de carros esperaba para ingresar al parqueo. Dentro, cerca de las mesas de votación, grupos de abogados se turnaban para saludar a un sonriente López Villatoro, que entró y salió del recinto varias veces después de emitir su voto. En la solapa lucía un pin con el lema “Planilla 6”.
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En Guatemala las Cortes de Justicia se eligen en un proceso por etapas que dura meses. Dos Comisiones de Postulación en apariencia plurales, integradas cada una por por 12 magistrados de las cortes salientes, 13 decanos de derecho y rectores universitarios y 12 representantes electos de las gremiales de abogados, filtran miles de expedientes y proponen al Congreso, para que luego vote, candidaturas que deben cumplir los requisitos establecidos por Ley: capacidad, honradez y honorabilidad. Un sistema complejo para garantizar, en la teoría, la independencia de los y las magistradas.
Pero el modelo esconde desde su gestación vicios y manipulaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público denunciaron en 2014 y 2018. “Hubo una estrategia diseñada para interferir en la voluntad y poder de decisión de los funcionarios con potestad de elegir a las altas autoridades del poder judicial”, dijo en febrero de 2018 el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de Colombia. Con la entonces fiscal general, Thelma Aldana, habían destapado un entramado de constantes sobornos a aspirantes a las magistraturas, a comisionados de postulación y a diputados. Los casos que llegaron a juicio y que, tras un cambio de rumbo en la Fiscalía, luego fueron desechados por los mismos tribunales y jueces que se habían beneficiado del secuestro del sistema de Justicia, se conocen como “Comisiones Paralelas”.
Los votos se compraban con favores, regalos y dinero. Los cargos obtenidos se agradecían con fallos favorables e impunidad. En el centro de esa red, moviendo hilos y fijando los precios de la Justicia durante años, aparecía el abogado y empresario Roberto López Villatoro.
La CICIG reveló que, a través de sus empresas, el Rey del tenis había invertido en las dos últimas elecciones de Cortes millones de quetzales para promover la elección de determinados comisionados, y sostenido reuniones secretas en las que “se hacían acuerdos, se elaboraron listados de los posibles aspirantes”. En las oficinas de López Villatoro se encontraron reportes de esas reuniones con aspirantes a las magistraturas, comisionados y diputados.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) encontró pruebas, por ejemplo, de que el magistrado de apelaciones Eddy Orellana Donis había recibido un apartamento de lujo a cambio de influir en la elección de la Corte Suprema en septiembre de 2014, en la que fue comisionado. Un mes antes de aquella elección, el Rey del tenis había dicho en una entrevista: “Nadie llega [a magistrado] si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Es la realidad.”
Acusados de cohecho, López Villatoro y Orellana Donis fueron encarcelados en febrero de 2018. Y absueltos en septiembre de 2023, después de que tanto los fiscales que investigaron el caso como la jueza antimafia que lo instruyó por cuatro años, Erika Aifán, fueran perseguidos y forzados al exilio por la actual Fiscal General, Consuelo Porras.
En los últimos años, decenas de operadores de Justicia independientes, especialmente aquellos que lideraron causas contra políticos, empresarios o jueces corruptos, han sido encarcelados u obligados a salir de Guatemala. A Orellana le fue devuelto el apartamento este septiembre, justo en medio del proceso de elección de las nuevas Cortes.
“El poder de López Villatoro era y es grande. Incluso se ha magnificado”, decía en agosto Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI que lideró el caso Comisiones Paralelas y está exiliado en Washington desde hace tres años. Lo ilustra que la hermana del Rey del tenis, Clara López Villatoro, capturada y acusada con él —y como él absuelta tras el exilio de los fiscales que llevaban su caso— fue nombrada a inicio de 2024 secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, un espacio de enorme influencia política y gremial.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, vincula ese nombramiento con la llegada de Óscar Cruz, amigo cercano del Rey del tenis y pieza de su tablero, a la presidencia de la Corte Suprema en noviembre de 2023. “Muchos de sus amigos se reposicionaron en el Organismo Judicial a raíz de que Cruz asumió”, apunta Ibarra, que desde 1999 monitorea procesos de elección de magistrados.
Dos diputados y un asesor legislativo, que solo aceptaron hablar bajo reserva, concuerdan en que el nombre de López Villatoro aún ronda en los pasillos del parlamento y de las instituciones públicas. Una de ellas aseguraba en agosto que su hijo, Sergio Roberto López Morales, tenía pactos con varias de las planillas del Colegio de Abogados que lograron representantes en las Comisiones de Postulación. El mismo López Villatoro asistió al cierre de campaña de la planilla 3, vinculada al actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez.
La presencia del Rey del tenis el 21 de junio en el arranque del proceso de elección de este año era un recordatorio de que la Justicia guatemalteca se sigue negociando a puerta cerrada con gente como él.
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El poder en Guatemala es un juego de sombras, de percepciones, en el que es difícil precisar el tamaño real de los actores hasta que un suceso, a veces una votación, arroja una luz nueva. Ocurrió en junio de 2023 cuando Bernardo Arévalo, candidato por el pequeño partido de centro izquierda Movimiento Semilla, se coló por sorpresa en la segunda vuelta electoral y se convirtió de inmediato en favorito para ganar la presidencia de la República. Y volvió a pasar en junio de este año.
La planilla 6, la que abiertamente apoyaba López Villatoro, logró dos posiciones en la comisión postuladora para la Corte Suprema y una en la postuladora para Salas de Apelaciones. Tres puestos de 24 posibles. Un resultado corto para alguien que lo fue todo en estos procesos. La composición final de las comisiones, que comenzaron a reunirse a inicios de agosto, reflejaba un mapa de actores amplio y complejo, en el que Néster Vásquez y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad San Carlos, vinculado también a los casos Comisiones Paralelas, controlaban más votos que el Rey del tenis.
Pero la gran sorpresa fueron los seis comisionados, tres por comisión, obtenidos por la Planilla 8, conformada por un puñado de abogados jóvenes sin experiencia electoral previa, con fuertes vínculos en organizaciones de sociedad civil y una clara agenda anticorrupción. Edgar Ortiz, principal rostro de la iniciativa, leyó la inesperada irrupción de su grupo en aquel espacio, por años vedado a nuevos jugadores, como “un mensaje a la red de intereses que controlan el gremio”.
“Con toda la estructura en contra, frente a operadores todopoderosos, quedarnos a menos de 200 votos de la planilla más votada, la 3 de Néster, nos hizo sentir que habíamos encarado a Goliat”, dice Ortiz. “Y tenía valor en dos direcciones: uno, podíamos crear un frente con los doce decanos de derecho, aliados naturales porque la mayor parte de ellos están libres de presiones. Y dos, ganar con fuerza en el Colegio [de Abogados] con un discurso de cambio, era somatar la mesa a los actores tradicionales y decirles que representamos a un número importante de profesionales que ya se hartó. Eso les obligó a vernos en un plano más horizontal, y cambió no sólo la aritmética sino la dinámica de las comisiones”.
En números, las comisiones se convirtieron en un pulso sin solución fácil. La Constitución exige que las listas de candidaturas se aprueben con el voto de 25 de los 37 comisionados que integran cada postuladora. Juntos, decanos y comisionados de la planilla 8 tenían los votos para vetar candidatos pero no para imponerlos. La negociación, metáfora del momento político nacional, era complicada.
“El guatemalteco a veces no recuerda dónde estaba el país en febrero”, insiste Ortiz, en referencia a la crisis política que estuvo a punto de impedir la toma de posesión de Arévalo, y al hecho de que los trece magistrados de la Corte Suprema elegida en 2014 se perpetuaron ilegalmente en el cargo hasta finales de 2023, mientras operaban al servicio de estructuras corruptas. “El proceso de elección de Cortes está diseñado para ser arbitrario, de forma que no importa qué hagas, no puede salir bien”, dice. “Ni nosotros mismos éramos conscientes de que este año había una oportunidad única para crear un frente de resistencia ante las estructuras que tradicionalmente han controlado la elección de Cortes”.
La sombra de Porras
Días antes de la segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo advirtió: “Si gano la presidencia habrá intentos de evitar el traspaso de poder”. Y el intento de golpe llegó. Lo encabezó la fiscal general Porras, que entre septiembre de 2023 y enero de 2024 trató de anular los resultados, imputó al presidente electo sin pruebas y le acusó de fraude, logró la ilegalización de su partido, y llegó a allanar el Tribunal Supremo Electoral y secuestrar cajas con los votos y actas de la elección.
Las autoridades indígenas, que encabezaron un paro nacional de 106 días, acusaron a la Corte Suprema y la CC de actuar como cómplices. Naciones Unidas, organizaciones internacionales de Derechos Humanos y gobiernos extranjeros han denunciado en repetidas ocasiones la cooptación casi absoluta del sistema de Justicia de Guatemala por poderosos actores corruptos, interesados en garantizarse impunidad y evitar cualquier cambio en el balance de poder.
Por eso de la elección de Cortes de este año dependía el futuro —y tal vez incluso la sobrevivencia— del recién iniciado gobierno de Arévalo, un socialdemócrata con agenda democratizadora, a menudo acusado de indeciso, pero al que el crimen organizado quiso asesinar durante la campaña de 2023 y que para buena parte de las élites políticas y empresariales es una amenaza excesiva: en un país más democrático, más igualitario, ellas pierden. En mayo, una fuente diplomática y otra en un alto despacho del Ejecutivo afirmaban que si la nueva Corte Suprema quedaba bajo control de redes corruptas, el plan golpista podía reactivarse y “Arévalo podría no terminar el año en la presidencia”.
En este contexto, la figura de Consuelo Porras gravitó alrededor del proceso de elección de Cortes desde el minuto uno.
El 11 de julio, el día en que los comisionados fueron convocados por primera vez para intentar conformar las Comisiones de Postulación, el sitio web TVGT publicó un artículo sin firma en el que denunciaba, sin pruebas, supuestos sobornos a los decanos que eran parte de la comisión, y con base en un supuesto correo de una fuente anónima señalaba la presunta participación de abogados de la planilla 8, la embajada de Estados Unidos y “representantes de Colombia” —probablemente un guiño a Iván Velásquez— en una conspiración para manipular el proceso que incluía reuniones secretas en el extranjero. El texto decía que ya se había abierto una investigación fiscal.
“Supuestamente, según la nota, se había abierto una causa penal en el Ministerio Público, aunque hasta donde sé no existe ese expediente”, dice uno de los comisionados que participaron en este proceso de elección de Cortes. “Me consta que, después de esa publicación, al menos dos decanos fueron citados por el MP para responder si se habían reunido en El Salvador con miembros de la planilla 8”. Consultados para este reportaje, miembros de esa planilla niegan tales reuniones.
“Estaban tratando de intimidar a los decanos y mermar la posibilidad de que hicieran bloque con los tres de la planilla 8 porque eso quebraba el juego del bloque mayoritario y les impedía ser la aplanadora que operó los últimos diez años en las comisiones”, asegura el comisionado, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias por parte del Ministerio Público.
Asegura de hecho que fue “la presión del MP y otros sobre el decano de la Marroquín” lo que hizo que éste renunciara justo antes de la conformación de las comisiones, lo que retrasó un total de 20 días su conformación, hasta que la universidad nombró sustituto. La elección de cortes, en teoría basada en la independencia de las comisiones y sus decisiones, estuvo desde el principio marcada por el miedo.
A inicio de septiembre otro integrante de una de las comisiones, también bajo condición de anonimato, decía: “Sin presiones del MP, sin problema conseguiríamos 28 votos para una buena nómina”.
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Comisionados, diputados y fuentes del Ejecutivo confirman que otro de los temores que acompañó todo el proceso fue que éste no se completara o fuera anulado, por iniciativa del MP de Porras o acción directa de la Corte Constitucional de Vásquez, con el propósito de prolongar el mandato de los magistrados vigentes, nombrados por el Congreso a fines de 2023 tras cuatro años de negarse a hacerlo.
Hubo abundantes conversaciones sobre ello tanto en la etapa de comisiones como más tarde en el Congreso. Ante la falta de juramentación de los decanos de la Marroquín y de la Universidad Mariano Gálvez —este último estaba de viaje el día que el Congreso tomó juramento a las comisiones— el comisionado Armando Ajín Pérez, uno de los muchos postuladores para la Corte Suprema vinculados a los casos Comisiones Paralelas, fue el primero en advertir que si se sesionaba sin ellos toda decisión podría sufrir “futuras impugnaciones”. La misma preocupación expresaron, en la Comisión para elegir salas de apelaciones, el decano de la Universidad Panamericana y dos magistrados. “Podría acarrear problemas legales en el futuro”, dijo uno de ellos, José Alexander Ortiz Ruiz.
“Hay grupos y sectores que están interesados en bloquear estos procesos, y preocupa que el tiempo se acorta”, opinó en aquel momento Carmen Aída Ibarra. Un comisionado explica que durante las sesiones se percibía el esfuerzo de un grupo por retrasar el trabajo, “porque creían que, si no se cumplía el plazo legal para elegir nuevas cortes, los magistrados que estaban podrían prolongarse”.
Fueran o no maniobras dilatorias, hasta mediados de agosto el gobierno de Arévalo compartía el temor a una impugnación. El diputado de Semilla Duvalier Castañón lo expresaba así: “Nos llegan solicitudes de todos lados para tener audiencias: de gente que se postula, de personas que dicen hablar en nombre de otros… Pero la directriz es no intervenir hasta que el proceso de elección esté en nuestra cancha, porque cualquier mal paso podría dar pie a la persecución”.
Ya entrado septiembre, dos semanas antes de que la Corte de Constitucionalidad reafirmara en un amparo que los nuevos magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones tenían que tomar posesión el 13 y 14 de octubre, una fuente en el Ejecutivo se mostraba más tranquila: decía tener certeza de que la CC no iba “a intervenir”. Aun así, la extrema prudencia del gobierno se mantuvo. El temor a la anulación y a la criminalización de quienes participaran en las negociaciones se siguió esgrimiendo para justificar hasta el final el silencio del presidente y su distanciamiento de las conversaciones con operadores, que quedaron casi enteramente en manos de la fracción legislativa de Semilla y su líder, Samuel Pérez.
Diputados oficialistas y un abogado que actuó como mediador en nombre de Semilla lo consideran hoy un error. Culpan a Arévalo de entorpecer, con su pasividad, un mejor resultado en la elección de cortes.
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Aún no habían iniciado el trabajo de las postuladoras cuando comenzó a correr el rumor de que los magistrados que participaban en ellas iban a tratar de forzar, por voto mayoritario, un cambio de sede y hacer que las comisiones se reunieran en el edificio de la Corte Suprema. En un proceso ya tenso por las amenazas del MP y los atrasos, sonaron nuevas alarmas.
“Vemos con preocupación que estos grupitos están queriendo hacer un cambio innecesario. Este cambio sería nefasto para la seguridad de las comisiones de postulación. Imaginémonos que quieran trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se oye, ¿qué confianza tenemos? El lugar es inadecuado”, afirmó la organización ProJusticia en una conferencia de prensa en julio.
El posible traslado tenía implicaciones prácticas: sacar las comisiones de la Universidad Rafael Landívar (URL), donde el rector Miquel Cortés había prometido acceso a observadores internacionales y prensa, para llevarlas a la CSJ podía limitar el monitoreo externo. Y además de la posible pérdida de transparencia hay comisionados y observadores que temían por la integridad en el resguardo de los expedientes de aspirantes. Guatemala Visible, otra organización no gubernamental que ha observado por 15 años la renovación de Cortes, cuestionó la falta de neutralidad del espacio.
En ambas comisiones, el tema se convirtió en un pulso entre dos grupos de postuladores que ya habían quedado identificados desde las primeras votaciones para elegir las secretarías de las comisiones. Uno, integrado por los magistrados de la CSJ, los decanos de la USAC, la Universidad la Regional, y algunos representantes del Colegio de Abogados vinculados al Rey del tenis, al presidente de la CC y al exrector Gálvez impulsaron el traslado, pero sus fuerzas oscilaban entre los 20 y 22 votos.
“El tema de la sede hay que vincularlo con el destino personal de los magistrados nombrados en noviembre de 2023”, dice un comisionado que habló bajo reserva: “Veían injusto tener un periodo tan corto y se dejaron guiar por operadores cercanos a Néster Vásquez para mantenerse en bloque y garantizarse la reelección. Querían llevarse la comisión a sus oficinas para tener más control”, asegura.
Además, el pulso tenía un enorme valor simbólico en unas comisiones que no solo eran permeables a las amenazas del MP, sino a cualquier señal de recomposición de fuerzas en el país. Buena parte de los miembros de las comisiones eran viejos sobrevivientes en la jungla política del sistema de justicia, que querían colocarse del lado ganador.
“Había un seguimiento casi en tiempo real de todo lo que sucedía en el Congreso, de las acciones del Ejecutivo, de las resoluciones de la CC…”, dice un miembro de una comisión. “No éramos comisiones que estábamos solo haciendo nuestro trabajo, sino leyendo el panorama político constantemente”.
Hasta las comisiones llegó, por ejemplo, el oleaje de la designación en el Congreso, el 6 de agosto, del nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal, una pieza de poder dentro del sistema de Justicia porque tiene bajo su mando a cientos de abogados. La alianza oficial pareció perder aquel pulso porque los diputados, como denunció ProJusticia, eligieron a alguien cercano a Néster Vásquez, y entre los comisionados se asentó la idea de que, hicieran lo que hicieran, el Congreso inclinaría la balanza hacia los poderes tradicionales. “Eso acrecentó la sensación de que el bloque de los decanos se podía quebrar, si se les acorralaba por el suficiente tiempo”, dice el mismo comisionado.
La disputa por la sede entrampó la actividad de las comisiones hasta que el 10 de agosto el presidente de la Corte Suprema, Óscar Cruz, envió una carta a ambas comisiones de postulación informando que la sede del Organismo Judicial no contaba con presupuesto para el montaje y logística que implica ser sede de las Comisiones de Postulación. “La carta de Cruz fue un golpe al ánimo de los sectores más oscuros”, dice un comisionado.
La semana siguiente, la aprobación en el Congreso de una ampliación del presupuesto 2024 solicitada por el gobierno de Semilla pareció confirmar el momentum de la causa reformista, pero la decisión de la CC de declarar nula esa votación acrecentó de nuevo la presión sobre los decanos.
Fueron días de turbulencia y dudas. Hasta que el 28 de agosto la aprobación de nuevo en el Congreso de la ampliación presupuestaria volvió a sacudir la mesa. Para la directora de Proyectos de Guatemala Visible, Mónica Marroquín, esa votación “evidenció una alianza mayoritaria” entre el oficialista Semilla, CABAL y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre otros partidos. Si esa alianza se repetía en la elección de Cortes, abría la posibilidad de una renovación profunda del sistema de Justicia.
En las comisiones, la definitiva ampliación presupuestaria transformó el ambiente. El sector que todavía soñaba con doblar el brazo a los decanos y la planilla 8 comenzó a buscar puntos intermedios: “Ahí ven que no van a lograr los 25 votos”, dice un comisionado. “Ya tenían una alianza de 22, y empiezan a tratar de conseguir simpatías para sumar los tres que les faltan”.
Las posturas de ciertos comisionados empezaron a volverse confusas. “En la comisión de la Corte Suprema, por ejemplo, hubo dos o tres que fluctuaron entre posiciones, como Wilson López, al que muchos vinculan con Gustavo Alejos, o los comisionados de la planilla 6. E igual pasó con algunos decanos vinculados al sector privado, como los de la Marroquín y la Universidad del Istmo”, dice una fuente que presenció todas las sesiones de debate de las comisiones. “El de la Panamericana había apoyado la sede en la Landívar, pero votó en contra de excluir a los aspirantes que estaban sancionados por corrupción por Estados Unidos”.
“Aunque no me consta que sucediera, en la comisión se hablaba de que algunos operadores como Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez recibieron mensajes y amenazas de apertura de casos contra ellos en el MP”, dice un comisionado.
Si había amenazas, es porque el bloque más tradicional trataba de cerrar sus propias grietas. Desde los primeros pasos del proceso de elección habían circulado fuertes rumores de que López Villatoro mantenía conversaciones con Semilla para un posible acuerdo. En el Ejecutivo se decía que el Rey del tenis, otrora símbolo de la cooptación de la Justicia, era en el momento político actual “el menos malo” de los actores en el tablero.
Un comisionado admite que la carta de Cruz, dentro de las comisiones, “se leyó como si López Villatoro estuviera operando a favor del gobierno”, pero un miembro del Ejecutivo atribuye las acciones del presidente de la Corte Suprema a motivos mucho más personales: “Cruz estaba viendo cómo se reivindicaba porque lo que más le había afectado es que a su familia le retiraron la visa de Estados Unidos”, dice. “Hay cambios de línea que son por razones muy concretas”.
Un filtro inventado
A falta de otros consensos, los comisionados decidieron avanzar con la aprobación del reglamento interno del proceso de votación y los criterios para asignar puntuación de cada aspirante. La incertidumbre sobre la verdadera medición de fuerzas en el Congreso volvía más relevante todavía, para todos los bandos, la elaboración de las nóminas de postulaciones. Qué mejor manera de reducir riesgos políticos que restringir el rango de opciones entre las que elegirían los diputados.
Una vez más se evidenció la estrategia de encubrimiento que ha operado en el sistema de justicia en la última década. Ante la impotencia de la planilla 8 y sus aliados, los comisionados limitaron el peso no solo de las investigaciones periodísticas que pudieran implicar en posibles casos de corrupción a los aspirantes, sino también las posibles investigaciones penales o incluso imputaciones formales contra ellos. Solo una sentencia firme serviría para excluir candidaturas. Con ello se volvían inválidas, de un plumazo, la mayoría de tachas contra candidatos presentadas por organizaciones de sociedad civil y ciudadanos, así como las sanciones impuestas contra algunos de ellos por el Departamento de Estado de Estados Unidos o por la Unión Europea.
Entre el 20 de agosto se inició la recepción de expedientes y a los pasillos de la Landívar llegaron cientos de aspirantes. Entre ellos, el esposo de la fiscal general, Gilberto Porres, o algunos de sus fiscales de más confianza como Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales o Dimas Jiménez. Porras quería apuntalar su influencia colocando sus peones en las máximas cortes.
Los acuerdos sobre criterios de puntuación preocuparon aún más a la sociedad civil. Carmen Aída Ibarra cuestionó que las tablas de gradación habían terminado siendo “de alcance general”, sin ningún valor de filtro, y que se daba a los méritos académicos un puntaje muy alto, pese a ser de dominio público que muchos candidatos plagian sus tesis —como cuando se llegó a cuestionar en público el caso de la misma fiscal Consuelo Porras— o de forma extraña cursan doctorados en tres meses. El periódico Plaza Pública analizó los 315 expedientes de nominados a integrar la Corte Suprema y descubrió que al menos 40 obtuvieron dos o hasta siete títulos académicos de forma simultánea.
La magistrada de apelaciones de Chiquimula, Hilda Aydeé Castro Lemus, es un caso extremo: en 2018 obtuvo un postdoctorado y tres doctorados en un mismo día y en universidades diferentes que convalidaron el título de las otras. Un mes antes, había conseguido otro doctorado.
La votación final se hizo contrarreloj, justo los días antes de que se cumpliera el plazo para entregar nóminas al Congreso, en una atmósfera cargada de dudas y marcada por el mismo principio aritmético con que había iniciado el proceso: ningún bloque tenía los votos para imponer su criterio.
Comenzó la comisión postuladora de salas de apelaciones. La jornada del viernes 19 de septiembre concluyó a media noche. La del sábado, ante la incapacidad de gestionar con mayor agilidad los miles de expedientes, se prolongó hasta a las 7:00 de la mañana del domingo. La tensión creció en la madrugada. Cuando apenas se había elegido a unos 200 nominados, la postuladora estuvo detenida desde las 3:00 hasta las 4:30 para discutir una “lista de consenso” de 76 candidatos por los que luego casi todos los comisionados votaron.
Para reducir las presiones externas se había prohibido el uso de celulares en ambas comisiones, pero pudo verse a comisionados aprovechar los recesos para intercambiar papeles marcados con los números de expediente que les interesaba incluir en la nómina. Algunos incluso se acercaban a los casilleros donde estaban resguardados sus teléfonos, para realizar llamadas o revisar mensajes. En medio del cansancio y la falta de consensos para apoyar a algún aspirante afín a sus intereses, durante las últimas rondas de votación se vio a comisionados discutir molestos fuera del salón en el que se sesionaba.
La nómina para la Corte Suprema se votó el domingo 22, en otra sesión tensa que se extendió hasta las 4:00 de la madrugada del lunes. La nómina final de 26 postulados a las 13 sillas de la CSJ y 312 expedientes para elegir 156 magistrados de Apelaciones fue entregada en el Congreso la tarde del lunes 23. Allí, según el diputado Orlando Blanco, del partido de oposición VOS, formado por disidentes de la UNE, “las negociaciones entre grupos parlamentarios habían iniciado ya tres semanas atrás”.
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Las listas no escapaban al caldo de conflictos de interés en que se habían gestado. La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció en septiembre que 33 de los comisionados se habían postulado a sí mismos para uno o a los dos procesos de elección de magistrados. Doce de ellos eran los magistrados de la Corte Suprema saliente, que con la excepción de Óscar Cruz, buscaban todos la reelección a pesar de que dos de ellos fueron señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 y uno, Manuel Duarte, está incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aun así solo cuatro entraron en la nómina de 26, y solo tres lograron al final reelegirse. También en las cortes de apelaciones terminó habiendo algún grado de renovación: solo unos 40 magistrados titulares y 16 suplentes se reeligieron. Una fuente cercana a las Comisiones de Postulación destaca que casi ningún perfil cuestionado públicamente obtuvo los respaldos necesarios para llegar a la votación en el Congreso. “El juego por el control de las comisiones no resultó en una aplanadora, sino en una depuración, que no es lo mismo, claro, que una selección de los mejores perfiles”, dice. “No fue un filtro que garantizara calidad, pero sí contuvo a quienes estaban más manchados públicamente”.
La lista estaba llena, según Ibarra, de “personajes grises”, la mayoría de ellos poco conocidos. Dice que no le sorprendió. Ya esperaba que los perfiles más asociados a fuerzas antidemocráticas y corruptas, como Rafael Curruchiche, lugarteniente de Consuelo Porras, o el esposo de la Fiscal General, fueran bloqueados. “En este contexto político, esos perfiles abrían la puerta a otros de los que aún no se sabe nada, y que podían resultar buenos o malos”, comenta.
Al conocerse las nóminas, Juan Francisco Sandoval quiso analizarlas. En la casa que comparte a las afueras de Washington con otros exfiscales, hizo tablas de excel y consultas, y determinó que, de los 312 candidatos a Cortes de Apelación algo más de un tercio, 120, respondían a los mismos grupos que negociaron las cortes de 2020 bajo la mesa. 16 de los 26 nominados a la Corte Suprema, el 61%, también habían estado vinculados con el proceso de selección anterior.
“La aspiración de depurar el sector Justicia, más que titánica, parece aún lejana”, escribió Sandoval en un artículo para Prensa Comunitaria pocos días después.
Entre los candidatos había jueces que con sus fallos acompañaron al MP en recientes casos de criminalización de fiscales o periodistas, como el magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones Fernando Manolo Rodas, que fue viceministro de Gobernación de Giammattei y se negó en marzo a ordenar una verificación de las condiciones de detención del periodista Jose Rubén Zamora, pese a las denuncias internacionales de que sufría detención arbitraria y torturas.
Previo a la votación en el Congreso, organizaciones de la sociedad civil pidieron al Congreso tomar en cuenta las tachas que las Comisiones se habían negado a considerar contra ciertos candidatos, y expresamente no elegir a postulantes vinculados a Consuelo Porras o a Néster Vásquez. Exigían también que se votara por aspirantes sin conflictos de interés, puesto que en los listados finales aparecían, incluso, familiares de diputados, como la hija de César Fión, diputado de la UNE.
La sociedad civil propuso además que se entrevistara a los 26 candidatos a integrar la CSJ y que a los 312 aspirantes a Salas de Apelaciones se les exigiera un video de cinco minutos con sus propuestas para fortalecer la independencia y eficiencia de la Justicia. Nada de eso sucedió.
“El Congreso debe abstenerse de elegir a aquellos funcionarios que han sido utilizados para criminalizar a jueces, fiscales, periodistas, ambientalistas, pueblos indígenas: ese es el peor perfil por el que podría decantarse», afirmó Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de El Salvador y uno de los tres integrantes del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) creado por organizaciones internacionales para vigilar la elección. “Este proceso de elección de las altas Cortes es fundamental para el Estado de Derecho en Guatemala”, advirtió Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e integrante del mismo Panel.
El juez Miguel Ángel Gálvez, que se encuentra en el exilio y en 2015 procesó al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso de corrupción La Línea, escribió: “La justicia es como un bosque en destrucción al cuidado de leñadores furtivos sin ningún control ni responsabilidad, que cada vez va cediendo a (…) la corrupción, crimen organizado y diversas estructuras paralelas con intereses y ambiciones personales”.
Edgar Ortiz defiende la lista que llegó al Congreso: “Es difícil digerir que el modelo de comisiones no evalúa competencias y mérito, así que no es realmente un proceso de selección sino de mero filtro. Y la Constitución exige dos tercios para tomar decisiones, lo que implica que necesitas los votos también de grupos con interés distintos”, explica. “Se ha puesto el énfasis en los nombres cuestionables, pero se olvida que hay también quienes nunca hubieran entrado con la correlación de otros años: gente como Marco Villeda, un juez reconocido, que congeló bienes a Baldizón es odiado por los políticos y fue trasladado a la fuerza por la Corte Suprema saliente… Aunque obviamente el Congreso no lo eligió”.
“Las listas eran bastante mejores que las de procesos anteriores”, insiste. “¡Incluso un exabogado de Fundamack [la Fundación Myrna Mack] estaba en la lista para Cortes de Apelaciones!”
La noche del miércoles 2 de octubre, en la víspera de la votación en el Congreso, miembros del Ejecutivo que habían mantenido constante comunicación con la jefatura de bancada de Semilla se mostraban seguros de los acuerdos logrados y de la Corte que iba a resultar. “Nosotros metemos tres, les vamos a pasar tres a ellos y el resto serán grises”, decía un funcionario de Arévalo.
En el entorno de Semilla se había vuelto habitual en las semanas previas a la votación usar un código de colores en las conversaciones sobre la futura Corte Suprema. Del verde al rojo, según se tratase de perfiles que el partido de gobierno o el mismo gobierno consideraba más limpios o más cercanos a actores corruptos. La bancada oficial había negociado con sus aliados habituales y, pese a las fricciones con el presidente Arévalo y su polémica ausencia del país, creía tener garantizados tres magistrados “verdes”, se resignaba a que hubiera tres evidentemente “rojos” y veía como un logro que los otros siete, la mayoría del futuro pleno de la Corte, fueran perfiles dudosos.
En el Ejecutivo, en un momento de euforia, ese acuerdo para la elección de Cortes se veía como una puerta hacia un consenso aún más relevante: el de una reforma a la Ley del Ministerio Público para habilitar la salida de la Fiscal Consuelo Porras.
¿Una Corte de transición?
El 3 de octubre, cerca del mediodía, por fin comenzó la votación en el Congreso para elegir a los magistrados de la nueva Corte Suprema. Un día antes se había filtrado una lista de 13 nombres que recogía un supuesto acuerdo legislativo liderado por Semilla, y que incluía, según fuentes del Congreso, a tres candidatos preferidos por el partido de gobierno: Erwin Iván Romero, Mario René Mancilla y Astrid Siomara Morales Virula.
Ninguno de los tres pasó la votación final.
La sesión legislativa fue fugaz, una sucesión frenética de candidaturas nombradas en voz alta, votos y aplausos que contrastaba con los meses anteriores del proceso, lentos y espesos. La votación arrancó a las 12:10 y a la una de la tarde con 25 minutos ya se había elegido a los 13 magistrados.
Al terminar, Alan Rodríguez, jefe de bancada del partido Vamos, celebraba con sospechosa euforia el resultado junto al resto de su bancada. Pese a las aparentes fracturas internas que el partido había mostrado en semanas anteriores, el bloque de 39 diputados del partido del expresidente Alejandro Giammattei —la bancada más amplia en el Congreso— votaron al unísono a favor de nueve de los 13 magistrados electos. Algunos se desmarcaron en los otros cuatro.
Adim Maldonado, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la segunda fuerza del Congreso, también aplaudió el resultado. Dijo que se había logrado “un balance” en el sistema de justicia. “Nadie puede tener el 100% de algo. Una persona puede tener 75 % o un 80 %, pero tener y acaparar unas cortes al 100 % no se puede”, dijo en una exhibición de cinismo, sin esconder que la nueva Corte está permeada por varios grupos de interés. “Yo creo que este fue un ejercicio democrático en donde todo el mundo no está 100 % feliz, pero tampoco están tristes ni enojados porque saben que llevan a gente con la cual van a poder tener comunicación”.
Algo había fallado en el cálculo de Semilla. Su jefe de fracción, Samuel Pérez, admitió que creían tener un “consenso amplio” con otras bancadas, y reclamó directamente a Maldonado por, supuestamente, cambiar la orientación de su voto y el de sus partidarios en el último momento. En una entrevista en el podcast Tangente, Pérez le acusó de “traición” a su palabra. “Hubo acuerdos. Y antes del pleno ellos conversaron y pactaron, y negociaron no sé bajo qué términos. Yo se lo dije —a Maldonado— hay oportunidad de elegir una Corte diferente, pero prefirieron a [Felipe] Alejos y Alan [Rodríguez]”.
La lista de elegidos quedó plagada de nombres poco conocidos para el público, aunque algunos tenían credenciales claras en círculos políticos y judiciales. La nueva magistrada Flor de María Gálvez Barrios es hermana de Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos implicado en el caso Comisiones Paralelas y uno de los principales operadores de esta elección de cortes. Otro de los elegidos, Carlos Rodimiro Lucero Paz, fue señalado en 2014 por supuestamente haber recibido beneficios del Rey del tenis. Gustavo Adolfo Morales Duarte también había sido señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Un diputado del partido oficial asegura que las presiones de la Fiscal General condicionaron a varios de sus colegas en otros partidos, que tuvieron “miedo de que les abran un caso” si votaban junto a Semilla.
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—¿Es la nueva Corte independiente? —le preguntamos a Samuel Pérez.
—Es más independiente que cortes anteriores —responde. — Y no fue un reparto. Queríamos un consenso, y no una corte que respondiera a un grupo.
—Pero el día de la votación usted esperaba un mejor resultado.
—Sí, claro.
Pérez, que encabezó las negociaciones del partido de gobierno, reconoce que hay magistrados con nexos dudosos y que han emitido resoluciones cuestionadas por uno u otro grupo. Pero dice que los legisladores de Semilla analizaron los perfiles de los 26 candidatos y no tienen una tendencia a criminalizar o “jugar con la libertad de la gente”. “Para nosotros esto era una variable fundamental. Había candidatos que tenían esa tendencia o llevaban ese mandato, y quedaron fuera”.
—Nuestro orden de prioridades no era el que se ve reflejado en la lista final, pero tampoco es un escenario fatal, y logramos el objetivo de excluir candidatos que llevaban un mandato de persecución.
—12 de los 13 nuevos miembros de la Corte Suprema aparecían nombrados en los expedientes de los casos Comisiones Paralelas.
—Sí, pero es que ese listado es gigantesco —dice Pérez—. Y hay que entender que los trece vienen del sistema de Justicia, vienen de alguna sala, y seguramente tienen cercanía o vínculos con grupos gremiales. Es inevitable. No vinimos a hacer una limpieza absoluta. No tenemos la fuerza para hacer eso, nadie la tiene en este momento, y hay que entender que este es un proceso de transición. No hay nadie químicamente puro, pero es un paso adelante.
En Semilla se destaca en todo caso hechos como que el fiscal Dimas Jiménez, al que se vincula con Consuelo Porras, no logró una magistratura. “Eso fue una gran derrota para diputados como Alan Rodríguez”, asegura Pérez, que destaca como un logro escoger a aspirantes sin antecedentes claros. “No hay un Fredy Orellana, cuyas resoluciones demuestran que busca capturar a adversarios políticos sin sustento, subordinando sus decisiones a intereses económicos o sesgos ideológicos”, asevera.
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Hay cierto consenso en ese punto. Roberto Alejos, exdiputado constituyente y expresidente del Congreso, coincide en que “se logró sacar a la gente más oscura” que pretendía llegar a las cortes y que la nueva composición de la CSJ “es mucho mejor de lo que teníamos”. Insiste en que en ningún proceso de elección de magistrados en Guatemala “hay solo gente limpia y eruditos”, y dice que confía en que, “si se ejerce presión” desde la sociedad civil, se puede evitar que la Corte Suprema tome algún sesgo y lograr que elija el camino de respetar el debido proceso y los tratados internacionales.
“Es una Corte que no se va a prestar a una lucha anti-república, que es lo que pasó con la Corte que usurpó cuatro años el poder”, apunta. Alejos dice que el hecho de que en las primeras semanas de la nueva CSJ los magistrados no se hayan puesto de acuerdo para elegir presidente —la Ley dice que lo pueden hacer por por mayoría simple— confirma que no hay una única corriente que la “domine”.
“Indiscutiblemente, la influencia en el sistema de justicia de quienes quisieron evitar la transición democrática disminuyó”, interpreta. “Este sector oscuro cada día es más débil, y se evidencia cada vez más. Por eso recurre a estrategias más mediáticas, como decirnos que la Corte es más de lo mismo”.
Un operador que negoció para Semilla en el Congreso durante los meses que duró este proceso de elección, y que pide ocultar su nombre para evitar ser criminalizado, lo dice así: “Hay que entender que los candidatos principales venían del espacio Anti-CICIG, y aun así los que venían de la actual FECI o eran operadores del MP y el Órgano Judicial no pasaron el proceso de selección”.
“En el Congreso había un voto duro de 17 diputados más los 23 de Semilla, que no daba para elegir pero sí para bloquear”, dice. “Lo mismo hicieron las fuerzas tradicionales: evitar que candidatos duros de Semilla llegaran. Es algo que ya sabíamos: los intachables no iban a tener el apoyo del resto de bancadas. De los dos lados, la única posibilidad era aprobar perfiles grises”.
El operador defiende los matices a la hora de entender lo sucedido. En estos meses admite haber tenido reuniones “con actores corruptos, pero no golpistas”, y cuando se le pide que explique lo hace con pragmatismo: “Un narcotraficante tiene intereses distintos que un corrupto de la capital, o que alguien que ha sobrevivido en una diputación cinco gobiernos y solo quiere seguir ahí”.
Edgar Ortiz recuerda que el mecanismo de elección “no se diseñó para premiar el mérito y genera de manera natural redes de patronazgo”. “Seas corrupto o no, sin el respaldo de grupos no vas a tener votos”, dice.
Sobre la nueva Corte Suprema, opina que “no es una Corte de la nueva primavera, pero la mayoría de magistrados se van a comportar como agentes racionales que responderán al contexto”. “La pregunta relevante”, afirma, “es hacia dónde va a lograr la sociedad en conjunto que sople el viento ¿Demostrará la agenda democrática que va a vencer? Si Arévalo se consolida como un líder fuerte, esta Corte actuará en concordancia, como ya sucedió con la Corte de ‘Cuchi’ Valdés en la etapa más fuerte de la CICIG, aunque luego girara y haya acabado siendo recordada como la más terrible. No olvidemos que el golpe de 2023 no se detuvo solo por el heroísmo de Semilla, Arévalo y los movimientos indígenas, sino también porque los actores transaccionales del país leyeron la tendencia de determinada manera”.
Ortiz dice ser “moderadamente optimista”, porque la oposición no tiene en este momento “un aglutinador que la alinee contra Arévalo, ni tiene legitimidad y apoyo público”, pero es de los que consideran que el Gobierno tuvo una posición “muy débil” en el proceso de elección de cortes y cree que eso no hizo posible una transformación mayor.
El día en que el Congreso votó para elegir a la Corte Suprema, Bernardo Arévalo estaba en México, donde acababa de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. La semana anterior había estado en Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas.
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— ¿Tuvo impacto en la negociación la ausencia del presidente las dos semanas finales del proceso? —le preguntamos de nuevo a Samuel Pérez.
— Creo que sí. El presidente tiene argumentos válidos, como decir que no debía interferir en el proceso, pero hay una carga simbólica en eso. La negociación se hizo más difícil. O al menos fue distinta. El tema apareció en conversaciones concretas con diputados de otras bancadas.
El negociador de Semilla coincide: “No tengo duda de que la presencia del presidente en el país hubiera marcado una diferencia”, dice. “Me lo dijo incluso uno de mis contactos en el lado oscuro. En momentos clave tienes que escenificar tu poder, porque es el lenguaje que entienden estas personas”.
El abogado penalista Marco Canteo se une a la frustración. Destaca que incluso en uno de los sectores más conservadores del país, el de los abogados, hubo un grupo importante que con sus votos por la planilla 8 le dijo al presidente Arévalo que quieren un cambio, pero no ve la reacción que espera del gobierno. “No creo que Arévalo lo esté leyendo como debe y aprovechando el momento”, dice.
Incluso en el entorno de Arévalo cada vez es más evidente que coexisten distintas corrientes, y el gobierno está dividido sobre el grado de agresividad que Arévalo debe mostrar ante la oposición, sea partidaria o representada por actores corruptos. Con las nóminas de aspirantes a cortes ya en el Congreso, se debatió por días si hacer público o no el informe preliminar de la misión de la OEA, y si pedir que el tema se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA. La conclusión del presidente, según un funcionario, fue que se debía “guardar esa carta” para otro momento.
“El presidente estuvo en constante comunicación con Santiago Palomo, que sirvió de enlace con Samuel Pérez y la bancada de Semilla”, justifica otro funcionario de Arévalo cuando se le pregunta por la falta de influencia de Arévalo en el proceso de Cortes. “Un día antes de la votación en el Congreso le pidieron que regresara de México, pero allí tenía agendadas reuniones con inversionistas, y lo que la gente necesita aquí es trabajo”, revela. “Además, si hubiera regresado, ¿qué cambiaba? Sabemos que hay plata que corre, y ante eso no hay nada que negociar”.
La idea de que en la elección de Cortes volvieron a mediar sobornos parece asentada en el entorno de Arévalo. El lunes 6 de octubre, en un foro ante más de 300 personas celebrado en Antigua Guatemala, la Secretaria Privada de la presidencia, Ana Glenda Tager, dijo que en el proceso hay quienes votan “dependiendo del dinero que se pase debajo de la mesa”. “Así funciona”, lamentó.
En cualquier caso, Semilla pidió a Arévalo que volviera al país antes de la votación, y no lo hizo.
— ¿Hay falta de sincronía entre la fracción legislativa y la presidencia? —preguntamos a Pérez.
— Hay una diferencia de interpretación sobre cómo gestionar las posiciones de poder que tenemos en este momento. Eso no quiere decir que no busquemos el mismo objetivo, pero tenemos diferencias tácticas, sobre cómo gestionamos los instrumentos que tenemos. Hay comunicación fluida, eso sí.
— ¿Lo ha hablado con el presidente?
— Lo platiqué en algún momento durante la última etapa del proceso de negociación.
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“Nos metieron gol”, dice Juan Francisco Sandoval, exiliado en Washington desde hace dos años.
Otra exoperadora de justicia, que estuvo en prisión víctima de la persecución del MP de Consuelo Porras, dijo al ser contactada que estaba “tan decepcionada y frustrada” por el resultado de la elección de cortes que no se sentía en disposición de dar una declaración.
Carmen Aída Ibarra ha declarado que aunque las comisiones depuraron “a muchos de los indeseables”, quedaron algunos “que eran malos y ahora se volvieron los peores”. “Las Cortes van a seguir recibiendo directrices de grupos de poder político, económico que impulsan una agenda proimpunidad. Una agenda que no toque a nadie de los que son parte orgánica de esos grupos de poder político y económico. Y cuando digo grupos de poder económico no me estoy refiriendo al mundo empresarial”, dijo en una entrevista con Prensa Comunitaria.
Canteo cree también que el resultado “es muy similar” al que la sociedad civil ya cuestionaba, por su falta de independencia, en 2010. “Esta Corte no va a ofrecer el cambio de modelo que se esperaba, por ejemplo, en liderar una reforma institucional y constitucional”, dice.
No niega que es “significativo” que Curruchiche obtuviera cero votos en la Comisión de Postulación para las Cortes de Apelaciones, pero lo considera parte de una maniobra más amplia de los grupos de poder tradicional. “Fue una forma de protegerse respecto a los actores más radicales y, al mismo tiempo, evitar las consecuencias o el castigo que acarreaba elegirlos”, dice. “El sistema volvió a operar para subsistir. Se está cuidando para no perder centímetros. A fin de cuentas, tampoco se permitió elegir a los mejores, muchos de los cuales ni siquiera participaron”.
Sandoval suma a la preocupación el cómo se conformaron las salas de Apelaciones del ramo Penal, en las que la nueva Corte Suprema designó a magistrados que estaban señalados en el caso Comisiones Paralelas por, presuntamente, estar ligados a políticos y filtrar información a cuentas de netcenter.
“Las salas fueron abarrotadas por personas que están en favor del grupo que ha legitimado la persecución y ha debilitado al Gobierno por medio del sistema de justicia”, asegura el exjefe de la FECI, que cree que la continuidad de Bernardo Arévalo en la presidencia estará en riesgo los próximos años. “El Gobierno y Semilla están asumiendo un riesgo”, dice. “Esta Corte nació con mácula”.
De momento, aunque la salida de la cárcel de Jose Rubén Zamora para pasar a arresto domiciliario es una señal positiva, en otros casos como el de el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo el sistema de Justicia sigue operando como una maquinaria de castigo contra quienes lucharon la última década contra la impunidad y prolonga su detención provisional pese a la falta de pruebas contra ellos.
“Tal vez el proceso de elección de Cortes no se va a revertir”, dice un comisionado, “pero sigue la criminalización e intimidación. La FECI sigue dando pasos hacia un posible inicio de investigación contra cualquiera que participó en el proceso y pidió las grabaciones de las cámaras de la Landívar justo en los días en que la nueva Corte estaba distribuyendo las salas”.
Las evidentes presiones del MP llevaron a la misión de observación de la OEA a emitir a última hora un pronunciamiento en el cual expresa “profunda preocupación” por el requerimiento de información a la Comisión para elección de CSJ un día antes de la votación en el Congreso, lo que según la misión demostraba la “intención de influenciar en el proceso”. Incluso con las cortes elegidas la Fiscalía sigue con esa estrategia y ha exigido detalles sobre la elección de la magistrada Flor de María Gálvez.
El negociador dice estar satisfecho. “El resultado no se verá de inmediato,” aclara, “y dependerá de la interacción entre poderes a partir de ahora”. Pero asegura que Semilla ha salido reforzado del proceso de elección de Cortes. “Para mí hubo momentos de inflexión, como cuando Luis Aguirre discutió con Alan Rodríguez y, según sus propias palabras, lo terminó golpeando. Eso mostró un Congreso que no estaba del todo unido alrededor de Vamos, y demostró que no estamos ya en un escenario de ventanilla única en el que todo hay que negociarlo con un actor sino en uno con varios operadores”, dice.
“Y la ampliación del presupuesto fue también clave”, dice. “A ojos de muchos diputados, Semilla pasó de ser una banda de muchachos puritanos a ser una bancada política, con capacidad de negociación”.
A mediados de octubre, un diputado de Semilla se mostraba confiado en los pasos que el partido va dando: “la semana que viene presentaremos nueva Junta Directiva, y la vamos a ganar. Y después vendrá el presupuesto, y también lo ganaremos”, decía. El martes 22 de octubre, efectivamente, a propuesta de Semilla se reeligió la presidencia del Congreso a Nery Ramos, aliado del oficialismo.
En el Ejecutivo admiten que la prueba de fuego definitiva vendrá cuando, en un proceso similar al de Cortes, haya que elegir nuevo Fiscal General. “Esa elección que vendrá era en parte, tengámoslo claro, lo que se estaba peleando ahora”, dice un funcionario de Arévalo.
“Veo un escenario más abierto, que representa el estatus del mapa del Congreso”, dice el negociador, y pide paciencia: “El sistema no es capaz de girar en U, siempre lo hace en ángulos menos cerrados”.
*Con información de Leslie Sánchez.
