Foto: eP Investiga
Esta decisión fue tomada por el juez Mario Hichos, quien argumentó que la legislación vigente en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos no contemplaba la tipificación del delito por el cual Baldizón estaba siendo procesado.
Por lo anterior, el juez Hichos precisó que no se podía procesar al exdiputado por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Según el juez, la ley que establece las sanciones por financiamiento irregular de campañas no estaba vigente cuando los supuestos hechos ocurrieron.
El juez Hichos ordenó al Ministerio Público (MP) deducir responsabilidades contra quienes iniciaron el proceso contra Baldizón.
El caso
La desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señalaban a Baldizón por supuestamente haber desviado al menos Q80 millones del Transurbano para financiar su campaña electoral.
La acusación en su contra indicaba que los recursos provenientes de contratos del Estado con la empresa Transurbano, encargada del servicio de transporte público en la Ciudad de Guatemala, se habrían desviado por medio de empresas que apoyaron al partido Libertad Democrática Renovada (Lider), con el cual Baldizón buscó llegar a la presidencia.
En julio de este año, la jueza Abelina Cruz Toscano también benefició a Baldizón, al ordenar el cierre del proceso en su contra en el caso Odebrecht.
