_{Foto: Carlos Alonzo / Archivo eP Investiga}

Durante la audiencia, el juez Hichos rechazó la recusación presentada por los magistrados del TSE, argumentó que no le correspondía resolver el caso, sino únicamente ejecutar lo ordenado por la Sala Tercera. “Mi función no era resolver, mi función era básicamente como que fuera un notificador y eso ya fue realizado”, expresó.

La orden de suspensión se ejecutó a pesar de que los magistrados presentaron impugnaciones contra la resolución de la Sala. Esta audiencia ya había sido suspendida la semana pasada por la inasistencia de Irma Palencia debido a motivos médicos, y en esta ocasión, Mynor Franco tampoco se presentó.

¿Por qué se da esta audiencia?

El 13 de enero, el juez Erick Daniel García Alvarado revisó las medidas de coerción que mantenían suspendidos a los magistrados del TSE, permitiéndoles regresar a la sede del tribunal y retomar sus funciones. Esta decisión permitió que Gabriel Aguilera asumiera como presidente.

Sin embargo, el 15 de enero, la Sala Tercera anuló las resoluciones emitidas por García Alvarado, al determinar que no era el juez natural para conocer el caso. Con la revocatoria de estas medidas, los magistrados quedan nuevamente imposibilitados para ejercer sus cargos en la práctica.

En el marco de estas decisiones judiciales, hoy el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados, así como contra el magistrado suplente Álvaro Cordón.

La solicitud se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude en la compra de 8 mil 676 equipos de computación. Según una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, se adquirieron 3 mil 077 unidades más de las necesarias, lo que resultó en un gasto innecesario y perjudicial para la Administración Pública.

La denuncia, interpuesta por auditores de la Contraloría, también incluye a Jorge Salvador Santos Neill, encargado del Despacho de la Dirección General de Informática, quien enfrenta prisión por el caso TREP, en el que se investigan irregularidades en la adquisición y uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) durante las elecciones de 2023. 

Por este mismo caso es que están enfrentando proceso los magistrados e inhabilitados de sus funciones.