Foto de portada: Jovanna García.
La fiscal de la FECI, Leonor Morales, sostiene que durante el año 2019, Hernández junto con otros miembros de la asamblea general del Movimiento Semilla, aprobó informes financieros que contenían inconsistencias, “ocultando deliberadamente la identidad de los donantes y la procedencia de los fondos destinados a financiar las actividades del partido”.
Según la acusación, estos informes fueron elaborados para impedir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevar a cabo una fiscalización adecuada de los recursos utilizados durante la campaña electoral de ese año.
“Los informes presentados por el Movimiento Semilla no solo omiten datos cruciales, sino que fueron diseñados para encubrir el origen de aportaciones, creando un velo de opacidad que contraviene la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, dijo Morales.
Entre los hallazgos mencionados, se señaló que varios recibos de ingresos no incluían la identificación del financista, y que existieron diferencias significativas entre las cifras reportadas en distintos informes financieros del partido, lo que evidencia, según el MP, una intención deliberada de ocultar información.
Hernández fue enviada a prisión por solicitud de la FECI
La fiscal Morales, en su intervención, solicitó al juez Orellana dejar en prisión preventiva a la exdiputada, argumentando que existía un alto riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.
Morales subrayó que Hernández, debido a su posición en el partido y al apoyo político que ha recibido, podría fácilmente abandonar el país o influir en testigos y peritos para alterar o destruir pruebas clave. “El apoyo público e internacional que han recibido el partido y la sindicada sugiere que existen facilidades para eludir la justicia,” expresó la fiscal, añadiendo que mantenerla en libertad representaba un peligro “real” para la investigación en curso.
En defensa de Hernández, su abogado argumentó que no existían elementos suficientes para justificar su vinculación a proceso ni la prisión preventiva. La defensa insistió en que en su rol de secretaria general adjunta, no tenía responsabilidad directa en la administración de los fondos del partido, función que recae en el secretario de finanzas.
También señalaron que no se demostró que Hernández estuviera en funciones durante los momentos en que ocurrieron los presuntos ilícitos. Además, la defensa presentó documentación que demostraba su arraigo en Guatemala, como constancias laborales, antecedentes penales limpios, y demostró que es madre de dos menores de edad, lo cual, según la defensa, desvanecía cualquier riesgo de fuga .
El juez Orellana, tras escuchar los argumentos de ambas partes, decidió ligar a proceso a la directora del Instituto de la Víctima, señalando que existían “indicios racionales suficientes” para considerar su posible participación en los delitos imputados.
El juzgador concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo informes de auditoría del TSE y reportes de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (SIB), eran consistentes y justificaban la continuación del proceso penal.
Orellana decidió enviar a Hernández a prisión preventiva en la cárcel del Cuartel Militar Matamoros, tras considerar que existían riesgos de fuga y de obstaculización del proceso judicial.
Fechas clave del proceso
El juez Orellana estableció un plazo de tres meses para que el MP concluya la fase de investigación, lo que significa que esta etapa deberá finalizar el 15 de noviembre de 2024.
Se programó la audiencia intermedia para el 1 de diciembre de 2024, donde se decidirá si el caso avanza a un juicio.
En caso de que se determine la apertura a juicio, se fijará una nueva fecha para el inicio del debate oral y público, en el cual se discutirá la culpabilidad o inocencia de Hernández.
Exigen acciones para destituir a Consuelo Porras
Como parte del apoyo hacia Hernández, la Coalición de Mujeres por la Democracia llegó a manifestar su apoyo a la funcionaria y leyeron un comunicado en el que piden al presidente Bernardo Arévalo abrir un diálogo político nacional para la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras.
“Se ha evidenciado su complicidad con el pacto de corruptos, así como el uso indebido de recursos del Estado para favorecer a criminales”, enfatizaron.
