Esta es la tercera vez que la defensa de Hernández solicita una audiencia de revisión de la medida de coerción; en esta ocasión también pidieron reforma en uno de los delitos por el cual fue ligada a proceso penal.
La defensa de Hernández, a cargo de la abogada Patricia Gámez, presentó ante el juez Orellana una carta donde consta que está suspendida de su cargo como directora del Instituto de la Víctima; también plantearon que se le colocara un dispositivo de control telemático bajo seguimiento de las autoridades y retomar su cargo, para poder obtener una medida sustitutiva, pero el juez consideró que debe seguir en prisión.
Bajo el principio de igualdad, Hernández busca arresto domiciliar, al igual que Wuillian Capriel, exsubsecretario privado de la presidencia, quien también fue ligado a proceso recientemente en este mismo proceso. Sin embargo, Orellana indicó que los casos eran distintos. Agregó que la carta no es válida por tener firma, pero no el nombre de la persona que la valida, calificando el documento como “clandestino”. “Es la primera vez que se mira la firma de un funcionario público sin que aparezca el nombre (…) la clandestinidad de funcionarios sin rostro ya ha terminado”, dijo.
El juez indicó que no han cambiado los motivos que dieron origen a la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público (MP), señalando que existe peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad.
La defensa pidió cambiar los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos a omisión de denuncia. Orellana indicó que no presentaron nuevas evidencias que acrediten algo diferente a lo que resolvió.
“Llevo 48 días detenida, estoy sin mis hijos y sin mi familia y los delitos por los que me sindican sí tienen medida sustitutiva”, dijo la exdiputada al salir de la audiencia en la que no obtuvo respuestas favorables del juez. Deberá seguir en la cárcel del cuartel militar Matamoros. Sin embargo, su defensa indicó a la prensa que solicitará otra audiencia de revisión al juez Orellana para plantear de nuevo que otorgue a Hernández medidas sustitutivas.
El pasado 25 de septiembre, fue la segunda vez que el juez Orellana negó a Hernández la petición, igualmente considerando que existe peligro de fuga.
