Jueces de Alta Verapaz son señalados por tener relaciones con menores de edad y por consumir alcohol en sus judicaturas

Jueces del departamento de Alta Verapaz fueron investigados por parte de la Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial (OJ), luego de ser denunciados por ingerir bebidas alcohólicas en horarios laborales y por convivir con personas menores de edad. 

Denis Aguilar

diciembre 5, 2024 - Actualizado diciembre 5, 2024

Según consta en un oficio de la Supervisión General de Tribunales, al cual tuvo acceso eP Investiga, los hechos fueron denunciados en 2023 ante el ahora exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Amadeo Pineda. 

En la denuncia, representantes del Observatorio Ciudadano por la Paz de Alta Verapaz explicaron los hechos cometidos por los jueces y personal de juzgados de esa localidad, a quienes señalaron de convivir con menores de edad y consumir licor dentro de sus oficinas. A estos trabajadores del OJ “se les vincula con establecimientos de trata de personas”, debido a que tenían encuentros en una “cantina” del lugar, detalla el documento.

Todos estos hechos fueron denunciados en 2023, pero la Supervisión General de Tribunales inició una investigación en septiembre de ese año.

Los señalamientos fueron vertidos contra personal de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz y también contra personal del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Carchá. 

La denuncia señala que hay temor de la ciudadanía de ese departamento para denunciar estos hechos. 

Los resultados de la investigación 

La Supervisión General de Tribunales concluyó en su investigación que Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz, ha ingresado en horas laborales a una mujer ajena las funciones de esa judicatura, con quien sale a ingerir bebidas alcohólicas. Esto quedó evidenciado en fotografías, según indica el oficio.

Durante esa supervisión, a Rosales Hernández se le observó con una mujer en una cantina, quien previamente había sido vista en el despacho del juez. El documento del OJ también señala que Rosales ha tenido relaciones con menores de edad.

Debido a esa situación se decidió el traslado de Rosales Hernández hacia el Tribunal de Sentencia de Escuintla como juez de primera instancia, según consta en los registros del OJ.  

También se determinó que José Alfredo Quiñónez Lemus, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz, al igual Rosales Hernández, ha tenido relaciones sentimentales con menores de edad, quienes no han denunciado por temor a represalias, según los documentos.

Además, la investigación constató que el auxiliar judicial de ese mismo tribunal, Leonardo Pop Cao, estaba saliendo de una “cantina” en horas laborales, por lo que se certificó un oficio en su contra en la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del OJ. 

La investigación también determinó que se certifique a los agentes de seguridad del OJ que laboran en el Complejo Judicial de Alta Verapaz debido a que no registran a las personas que ingresan a dicho lugar, razón por la cual menores de edad han ingresado al lugar sin ser identificados. 

Además, se certificó un oficio en contra de Yvette Matta, secretaria del Juzgado de Paz de San Pedro Carchá, ante la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del OJ, debido a que en un grupo de WhatsApp, denominado “Secretarios AV” alertó a otros secretarios sobre la presencia de personal de la Supervisión General de Tribunales en esa judicatura.

También se ordenó el traslado de personal de ese órgano jurisdiccional en Carchá hacia otra judicatura para “erradicar los actos de corrupción” de lo que estos han sido señalados. 

En la investigación de la Supervisión General de Tribunales, personal del Ministerio Público y del Instituto de la Defensa Pública Penal señalan que han tenido complicaciones con ese Juzgado debido a que constantemente se suspendían las audiencias. Además, se denunció que el personal de ese juzgado cobraba multas de Q5 mil con recibo, las cuales se reducían a Q3 mil si no se pedía el recibo. 

eP Investiga consultó con el OJ sobre la situación laboral de las personas denunciadas en este caso presentado en 2023, pero indicaron que este tipo de detalles se deben solicitar por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública, por lo que se envió el formulario y se incluirá la respuesta en este artículo cuando se obtenga.

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