Está audiencia se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Abelina Cruz, señalada de beneficiar a acusados de corrupción como el exministro de  Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi; al exdecano de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC), Avidán Ortiz; al exdiputado, Estuardo Galdámez, entre otros.

Por estos delitos la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), representada por el fiscal Pedro Otto Hernández González, solicitaba una sentencia para Solórzano Henkel de seis años de prisión por cada delito, sin embargo debido al procedimiento de aceptación de cargos, Solórzano Henkel fue sentenciado a seis años de prisión conmutables los dos delitos, a razón de Q5 diarios.

Aunque su abogado Denis Cuesy Lessing solicitó a la juzgadora cambiar los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por encubrimiento propio y conspiración para cometer lavado de dinero, respectivamente, Cruz declaró sin lugar la solicitud. 

Según la FECI, a través de los medios de prueba se corroboró que se realizaron transacciones que pueden acreditar la compra irregular de una finca en Melchor de Mencos, en el departamento de Petén, al señor Jorge Aldana Zet por Q120 mil y la adquisición de una rastra John Deere por Q69 mil 750, a la empresa Coguma, S. A., lo que suma una cantidad de Q189 mil 750 respecto al delito de lavado de dinero. 

La jueza Cruz impuso el pago de una multa que corresponde a la mitad del dinero de la acusación de la FECI, es decir, Q94 mil 875. Además, se impuso a Solórzano el pago de  Q50 mil 700 como reparación digna.

Acerca del caso Construcción y Corrupción

El caso Construcción y Corrupción, presentado en julio de 2017 por la FECI y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló una presunta estructura criminal dentro del CIV. 

Según las investigaciones, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, lideraba la organización, gestionando el cobro de comisiones ilícitas a empresarios. A cambio de pagos, los constructores recibían pagos de deuda o nuevos proyectos. Cerca de 20 personas fueron procesadas penalmente, y algunas otras ya han sido sentenciadas mediante procedimientos abreviados tras admitir su participación.

Los señalamientos contra Solórzano Henkel derivan de su posible participación captando testaferros para la red ilegal de empresas con la que se habrían cobrado millonarias comisiones para la construcción de carreteras en el país en el CIV. Esto habría sucedido durante la administración del exministro Alejandro Sinibaldi, quien se entregó a la justicia guatemalteca en 2021.

Solórzano Henkle tiene experiencia en sectores de la industria de la construcción y agronomía. Además, fue asesor del Ministerio de Gobernación de 2013 al 2015 y es oficial de la Escuela Politécnica, según su perfil de LinkedIn. Estuvo preso tres años y 10 meses, luego de entregarse a la justicia el 25 de julio de 2017.