“Los regímenes represivos han perfeccionado un manual que incluye el abuso de los sistemas judiciales y la manipulación de la prisión preventiva como herramientas para silenciar opositores, voces críticas, activistas y periodistas”, señaló Zamora, quien describió cómo este patrón se reproduce en varios países y destacó su implementación en Guatemala, ejemplificando el caso de su padre y el del periodista Juan Luis Font.

Zamora explicó que este mecanismo inicia con la fabricación de un caso espurio en tiempo récord por parte del Ministerio Público (MP), seguido de audiencias unilaterales con jueces cómplices. 

“En esa misma audiencia unilateral se dictan órdenes declarando casos bajo reserva, invocando leyes de crimen organizado, allanamientos, congelamiento de cuentas bancarias, órdenes de captura y prisión preventiva. Todo esto, además, se mediatiza para dañar la reputación del perseguido político”, señaló.

El periodista enfatizó que el caso de su padre, Jose Rubén Zamora, es emblemático de esta práctica, pues su detención arbitraria hace más de 800 días, su proceso ha estado plagado de violaciones a derechos humanos y de defensa. “Prisión preventiva arbitraria, juicios intencionalmente retrasados, abogados hostigados… y torturas físicas y psicológicas documentadas por expertos de Naciones Unidas”, enumeró.

Además, denunció la participación de una “célula criminal” dentro del MP, encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada internacionalmente y respaldada por jueces que protegen redes de corrupción en el país.

Zamora advirtió que este uso sistemático de la persecución política “bajo el disfraz de aparentes democracias” busca garantizar la impunidad de quienes ostentan el poder y envía un mensaje de terror al resto de la sociedad.

“La prisión política no sólo viola los derechos humanos, sino que erosiona los valores e instituciones democráticas en Guatemala y en la región. Detener esta práctica exige rendición de cuentas, desarticulación de redes criminales enquistadas en el sistema judicial y un firme compromiso con la no repetición de estas prácticas”, fue el llamado urgente que hizo a la OEA.