Según Amézquita, segundo vicepresidente del Congreso, la primera propuesta tiene como objetivo “fortalecer la protección de la vida desde su concepción hasta la muerte natural y resguardar la familia como base fundamental de la sociedad”. La presentación contó con el respaldo de los diputados Rodrigo Pellecer de Elefante, Jeovanni Domínguez, Víctor Bonilla y Nery Mazariegos de VIVA, Ronald Portillo y Sergio Arana de VAMOS, todos miembros del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia.

Los legisladores afirmaron que la propuesta es una respuesta a lo que consideran influencias externas que buscan socavar la estructura de la familia en el país. Según palabras de los diputados, esta iniciativa cuenta con el apoyo de distintos sectores sociales, incluidas asociaciones y representantes de las iglesias católica y evangélica.

La misma establece una serie de disposiciones para proteger, según sus proponentes, “los valores tradicionales y la estructura de la familia”. Estos son los puntos que proponen.

1. Prohibición del matrimonio igualitario: La propuesta reafirma que el matrimonio y las uniones de hecho solo pueden existir entre un hombre y una mujer, como lo establece el Código Civil guatemalteco.

2. Restricciones en la educación: Se prohíbe el uso de libros de texto en centros educativos públicos y privados que incluyan temas sobre identidad de género, al considerarlos “contrarios a la moral y las buenas costumbres”.

3. Endurecimiento de sanciones contra el aborto: La iniciativa extiende la criminalización del aborto a personas cercanas a la madre que puedan influir en la decisión de interrumpir el embarazo, manteniendo las sanciones establecidas en el Código Penal.

4. Obligación estatal de promover valores: Se insta al Estado a implementar programas sobre el “valor de la vida” y los derechos de las personas desde la concepción hasta la muerte natural.

La exdiputada y defensora de derechos humanos Sandra Morán, señala que esta iniciativa es una nueva versión de la 5272. “Como dice allí mismo, es el pensamiento conservador”, comenta.

Para Morán esta propuesta podría tener que ver con el avance de derechos en la región y el temor a que este Gobierno pueda impulsarlo. “Tienen miedo al avance con la política pública y con la posición internacional, pero es la tendencia global, evitar el avance de derechos”, dijo a eP Investiga.

Esta propuesta guarda similitudes con la iniciativa 5272, aprobada en 2022 por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Alejandro Giammattei. Esta buscaba prohibir el matrimonio igualitario y endurecer las penas por aborto, además de limitar la educación en temas de diversidad sexual. 

Tras manifestaciones multitudinarias por parte de sociedad civil y colectivos de mujeres y diversidades sexuales, Giammattei justificó su veto por posibles violaciones a derechos humanos y contradicciones con la Constitución, lo que provocó que la propuesta fuese archivada.

Reformas al Código Penal

Además de la criminalización del aborto y de la diversidad sexual, el diputado Pellecer de Elefante presentó reformas al código penal que pretenden adicionar dos artículos que cataloguen el abordar temas de educación sexual como interferencia en la formación de la personalidad y de la sexualidad de los menores de edad. 

La reforma pretende castigar con prisión inconmutable de seis a diez años a “quien promueva o incite, directa o indirectamente, a través de la difusión de información, ideas, teorías o puntos de vista relacionados con la determinación de identidad de género distinta a la biológica, reasignación de género, promoción del aborto, esterilización femenina o masculina, a personas menores de edad o con incapacidad mental”.

También con prisión inconmutable de seis a 12 años y una multa de Q50 a Q100 mil a “la persona, médico o personal de la salud que realice, aplique, financie tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole con el objeto de alterar el sexo biológico de personas menores de edad o con incapacidad mental”.