Tras un largo debate, el diputado Raúl Barrera, uno de los ponentes de la iniciativa 6430, cedió ante la solicitud de otros integrantes de la comisión para que el dictamen fuera revisado nuevamente. El congresista aseguró que solicitará el análisis del dictamen y así lograr consensos. Remarcó que con esto pretenden evitar que se frustre el trabajo realizado durante más de ocho meses en una mesa técnica con organizaciones de sociedad civil, expertos en derecho, psicólogos, activistas y legisladores.

Actualmente, el Código Penal establece que cualquier relación sexual con un menor de 14 años es considerada violación. Sin embargo, a partir de esa edad, si existe consentimiento, la relación no es punible. La iniciativa 6430 propone elevar la edad mínima de consentimiento a 16 años, mientras que algunos diputados insisten en que debería ser hasta los 18 años.

El debate

El diputado Barrera argumentó que la iniciativa busca cerrar un vacío legal que permite que niñas y adolescentes sean víctimas de abuso sin que sus agresores enfrenten consecuencias. Recordó que en los últimos 10 años, más de 100 mil menores de edad han dado a luz en Guatemala, y que el 70% de estos embarazos fueron causados por hombres mayores de 20 años.

El diputado Mynor Mejía, del partido Vamos, señaló que el objetivo central es evitar el abuso de menores por parte de adultos y cuestionó la pertinencia de fijar la edad mínima de consentimiento en 16 años, afirmando que lo adecuado sería elevarla a 18. “Lo que queremos evitar nosotros acá es que un adulto abuse de una niña o de un niño”, enfatizó. 

El debate se centró mayormente en la preocupación de las relaciones sexuales entre menores, en lugar del abuso hacia la niñez por parte de adultos. “El Estado tiene la obligación de atender la situación desde la educación”, dijo el diputado Rodrigo Pellecer, quien subrayó que el noviazgo no debe confundirse con la actividad sexual.

Por su parte, los congresistas Bequer Chocooj y Jorge Castro coincidieron en que el Estado debe asumir un rol más activo en la educación de los adolescentes sobre sexualidad y prevención de embarazos no deseados.

Uno de los aportes de la sesión estuvo a cargo de los jueces de niñez y adolescencia Juan Orlando Calderón y Carol Berganza, quienes expusieron la complejidad del problema desde el ámbito judicial. 

Calderón explicó que el sistema de justicia enfrenta dificultades cuando las relaciones ocurren entre adolescentes, ya que, desde la reforma de 2009, los menores de edad pueden ser acusados de violación aunque la relación sea consensuada.

Berganza enfatizó que, si bien es crucial penalizar el abuso de menores por parte de adultos, el sistema debe evitar criminalizar a los adolescentes por relaciones consentidas entre pares. También advirtió sobre la normalización de la convivencia entre menores y adultos fuera del marco legal, lo que sigue exponiendo a las niñas a situaciones de vulnerabilidad.

Ligia Briz, de la Asociación Familia Importa (AFI), respaldó la necesidad de aumentar la edad de consentimiento sexual y remarcó que, pese a ideologías contrarias, la organización que representa apoya las reformas debido a la urgencia de la problemática. A su parecer, el tema de educación sexual no debía tratarse en esta iniciativa sino en otra específica.

Mientras tanto, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señalaron que cualquier modificación a la ley debe garantizar una protección real y efectiva para las niñas y adolescentes.

Durante la sesión, el diputado Bequer Chocooj llegó tarde. Además, Ronald Portillo y Luis Pellecer se retiraron antes de la finalización de la reunión sin explicar los motivos de su salida.

Ante la falta de consenso sobre la edad mínima de consentimiento sexual, el diputado Raúl Barrera accedió a solicitar que el dictamen regrese a la comisión para su revisión. Indicó que era mejor llegar a acuerdos y garantizar que la reforma avance, en lugar de arriesgarse a que el tema se estanque.

La decisión abre la puerta a nuevas discusiones en la Comisión del Menor y la Familia, donde se espera que las distintas posturas sean analizadas con mayor profundidad antes de que la iniciativa llegue nuevamente al Pleno del Congreso.