El documento señala a la actual jerarquía del MP, encabezada por la Fiscal General, Consuelo Porras, de obstaculizar de manera sistemática investigaciones sobre casos de corrupción, desvirtuado el sistema de justicia y utilizado el poder penal como herramienta de persecución política, afectando seriamente el Estado de Derecho en el país.

El informe detalla cómo el MP ha manipulado el sistema judicial para desestabilizar la democracia, criminalizar a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Se destacan casos en los que el ente invesetigador ha abierto procesos judiciales con fines políticos, contribuyendo al deterioro de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, entre estos la destitución en julio de 2021 del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien estaba a cargo de investigaciones clave relacionadas con corrupción y estructuras criminales en el gobierno.

También se señala la protección de altos funcionarios actuales del MP y que, a pesar de las múltiples denuncias de corrupción y abusos dentro del MP, según el informe, la estructura jerárquica actual hace prácticamente imposible la destitución o investigación de altos funcionarios, incluyendo a la Fiscal General. El reporte critica la inexistencia de mecanismos independientes y efectivos para exigir rendición de cuentas, lo que genera un clima de impunidad.

Además, se critica el impacto del MP en las elecciones de 2023, esto por intentar invalidar los resultados de las elecciones generales y por perseguir políticamente a las autoridades electas, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.

El caso de Jose Rubén Zamora, periodista y presidente elPeriódico, es otro de los ejemplos más notorios de cómo el MP ha utilizado cargos penales para silenciar voces críticas, según el informe.

Recomendaciones clave

El informe emite una serie de recomendaciones destinadas a corregir las profundas falencias del sistema judicial guatemalteco. Entre ellas, la reforma de las leyes y reglamentos para evitar que la estructura jerárquica del MP siga siendo un obstáculo para que los altos funcionarios rindan cuentas.

La recomendación señala que el control del Fiscal General sobre las investigaciones internas es incompatible con un sistema de justicia independiente y democrático.

Asimismo, el informe insta a Guatemala a establecer procedimientos disciplinarios claros y transparentes, que garanticen que los fiscales rindan cuentas por sus acciones de manera imparcial y objetiva. 

Se solicitó una postura del MP sobre el informe citado en esta nota y la Oficina de Información y Prensa respondió que el dicho informe «denota un enorme desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, de las funciones del Ministerio Público y del trabajo que desarrolla el ente investigador dando respuesta a las denuncias ciudadanas».

Ese departamento añadió que el informe se fundamenta en información «parcializada y no considera en ningún momento datos oficiales del Ministerio Público, lo que lo convierte en sesgado y carente de sustento».

Añade que el documento se alinea con actores que buscan «obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público y evitar el esclarecimiento de la verdad».

*Nota: esta entrada fue actualizada a las 11:09 horas para añadir la postura del ente investigador.