El investigador del CIEN, Francisco Quezada, explicó que se analizaron las bases constitucionales y legales existentes para determinar las competencias de las municipalidades en seguridad ciudadana, función que corresponde exclusivamente al Estado, aunque puede requerir la colaboración de entidades locales bajo marcos normativos específicos.

Quezada destacó que el artículo 259 de la Constitución permite a las municipalidades crear cuerpos de policía para ejecutar sus ordenanzas, sin precisar el alcance de sus funciones. 

El Código Municipal (Decreto 12-2002) establece que las Policías Municipales pueden operar si existen los recursos necesarios, limitándose a la vigilancia de instalaciones municipales, el cumplimiento de normas locales, la regulación del tránsito y el mantenimiento del orden en espacios municipales.

No obstante, la Ley de la Policía Nacional Civil establece que la seguridad pública es una función exclusiva del Estado. Para que las policías municipales puedan participar en tareas de seguridad ciudadana, sería necesario reformar varias normativas, entre ellas, la Ley de la Policía Nacional Civil, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley de la Dirección General de Investigación Criminal.

El informe concluye que la descentralización de la seguridad ciudadana solo sería posible si el Estado delega formalmente esta función a las policías municipales mediante una ley y un convenio específicos. 

Asimismo, se advierte sobre la necesidad de evitar que estas asuman funciones sin base legal, lo que podría vulnerar la autonomía municipal e incurrir en ilegalidades.