Los señalamientos se encuentran en el informe sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, emitido por la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, publicado en marzo de 2025. Todd Robinson, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, ocupó hasta el 17 de enero de este año el cargo de subsecretario de INL.

En el informe, se señala que Guatemala no fomenta ni facilita, como política gubernamental, la producción o distribución ilícita de drogas, ni tampoco el lavado de dinero proveniente de la venta de estas sustancias ilícitas. 

Sin embargo, afirman que en el país existe una corrupción endémica, catalogada como un “problema significativo” que “facilita la impunidad”, incluso para estructuras dedicadas al narcotráfico.

El informe señala que el expresidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que era respaldada por las Naciones Unidas. Además, las autoridades estadounidenses a cargo del análisis enfatizaron que los casos de corrupción fueron obstaculizados desde la fiscalía. 

“Bajo la dirección de la fiscal general María Consuelo Porras, el Ministerio Público retrasó, obstruyó o desestimó investigaciones de alto perfil sobre corrupción, lo que llevó a la suspensión de la cooperación programática con dicha institución en 2021”, señala el informe. Añade que Porras está incluida en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos. 

Por otro lado, el informe de INL señala que, durante la administración de Bernardo Arévalo, se han triplicado las incautaciones de narcóticos en comparación con 2023.

Destacaron que el 20 de abril de 2024, Arévalo firmó un memorando para reactivar la participación de Guatemala en el Plan de Acción EE. UU.-Colombia, el cual había sido suspendido por el expresidente Alejandro Giammattei. 

Este informe concluye que el gobierno de Arévalo “ha demostrado disposición para colaborar con las agencias de seguridad de EE. UU. en investigaciones sobre narcotráfico, arrestos y extradiciones”.

“Sin embargo, la corrupción endémica, las instituciones débiles y las tensas relaciones con el poder legislativo dificultan los esfuerzos de la administración de Arévalo para reformar las instituciones y enfrentar el crimen transnacional en Guatemala”, afirma el documento.

Tras conocerse este informe, eP Investiga solicitó una postura al MP, pero hasta el momento no han dado una respuesta.