Así lo indicó Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, quien aseguró que el MP ha tomado estas acciones “en lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala”.  

“La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, está abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios del gobierno sin evidencia creíble”, dijo Goebertus.  

Entre agosto y noviembre de este año, Human Rights Watch realizó entrevistas a 11 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Arévalo, como Ligia Hernández.  

Además, mencionaron que el MP ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel y que, en al menos seis ocasiones, ha solicitado el retiro del antejuicio contra Bernardo Arévalo.  

“Los investigadores revisaron documentos judiciales y declaraciones públicas de funcionarios del Ministerio Público. El 2 de diciembre, Human Rights Watch envió una carta a la fiscal general solicitando información sobre las investigaciones de corrupción realizadas por su oficina. No hemos recibido respuesta hasta la fecha”, indicaron.  

También afirmaron que varias de las investigaciones iniciadas por el MP contra estos funcionarios han sido por delitos como el abuso de poder, pero aseguraron que estas se han fundamentado en bases que no parecen constituir delitos y señalaron la reserva de los casos.  

“En muchos casos, después de hacer acusaciones que parecen exageradas contra el gobierno en conferencias de prensa de alto perfil, los fiscales declararon los casos como reservados”, dijeron.  

Investigaciones por corrupción

Human Rights Watch afirma que el MP “ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos” y que incluso se han impulsado “procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas”.  

Recordaron también que el MP no ha avanzado en casos que podrían involucrar al expresidente Alejandro Giammattei e hicieron mención del caso B410.  

Afirmaron que el MP “registra índices de impunidad alarmantes en delitos graves, con más del 94 por ciento de los casos de violencia contra la mujer, robo agravado, extorsión y homicidio sin resolver”.  

Para Human Rights Watch, la impunidad ha contribuido al aumento de los niveles de violencia y al deterioro de la confianza en las instituciones públicas.