_{Foto: No Nos Callarán}

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, instituciones y organizaciones en Guatemala y a nivel mundial llaman a reforzar la protección de periodistas y garantizar justicia en los crímenes cometidos en su contra. 

Según la UNESCO, la impunidad en estos casos sigue siendo alarmante, con un 85 por ciento de los asesinatos de periodistas quedando sin resolver a nivel mundial. La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, subraya la importancia de procesar a los responsables como medida clave para prevenir futuros ataques.

Guatemala, destacado como el tercer país más peligroso del mundo para periodistas en 2023 por la organización Press Emblem Campaign (PEC), enfrenta una crisis particular en el ejercicio de la prensa. La Fundación Gabo, al conmemorar el Día Internacional del Periodista, recordó que en 2023 año se registraron cinco asesinatos de periodistas en Guatemala —Gleymer Renan Villeda, César Augusto Leiva Pimentel, Edin Frangely Alonzo, Hugo Rolando Gutiérrez y Eduardo Fernando Mendizábal—, en diferentes regiones del país. Las investigaciones de estos casos aún están pendientes, reflejando un patrón preocupante de impunidad que persiste en el país.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por el aumento de ataques contra trabajadores de medios de comunicación y el impacto de la impunidad en la búsqueda de justicia. Según datos de la ONU, en 2023, 71 periodistas fueron asesinados y más de 300 encarcelados globalmente, mientras que mujeres periodistas enfrentan además acoso en línea y amenazas de violencia física.

34 agresiones en 6 meses

Según el informe de la Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) del primer semestre de 2024, el ambiente para el ejercicio periodístico en el país sigue siendo sumamente hostil y peligroso. La RRMG, una alianza de organizaciones locales e internacionales, reportó 34 casos de agresión contra periodistas, especialmente en áreas urbanas y regiones de conflicto, como los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Petén.

El informe, basado en el Sistema de Alertas Tempranas, destaca que los principales agresores han sido funcionarios públicos y la Policía Nacional Civil (PNC), instituciones que deberían garantizar la seguridad de la prensa pero que, en cambio, participan activamente en actos de intimidación, amenazas, acoso judicial y restricciones a la cobertura informativa. Este ambiente de violencia no solo es facilitado por el temor a represalias, sino también por la falta de denuncias debido a la desconfianza en el sistema de justicia y la aparente inacción del Ministerio Público, lo que perpetúa una atmósfera de impunidad.

Además, el informe subraya el impacto específico en las mujeres periodistas, particularmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas en Alta Verapaz, Petén y Quetzaltenango, quienes enfrentan agresiones con connotaciones de género y desafíos únicos en sus comunidades.

La criminalización y el exilio, una constante

La situación en Guatemala se agrava con casos emblemáticos de impunidad. El periodista Jose Rubén Zamora, fundador del diario elPeriódico, fue arrestado el 29 de julio de 2022 bajo acusaciones de lavado de dinero, en un proceso señalado por irregularidades y posibles motivaciones políticas. Tras más de dos años en prisión preventiva, Zamora fue liberado el 19 de octubre de 2024 bajo arresto domiciliario, aunque aún enfrenta procesos judiciales prolongados.

Otro caso significativo es el de la periodista comunitaria Norma Sancir, quien fue detenida ilegalmente en 2014 mientras cubría una manifestación en Camotán, Chiquimula. Tras casi nueve años de búsqueda de justicia, en enero de 2024, tres agentes de la Policía Nacional Civil fueron condenados por abuso de autoridad en su contra.

En una columna publicada en La Cuerda, Rosalinda Hernández Alarcón destacó la situación de periodistas guatemaltecos exiliados, señalando la indiferencia hacia las dificultades que enfrentan al intentar rehacer sus vidas lejos de su país, y el impacto negativo de su ausencia en el derecho de sus audiencias a la información.

Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Guatemala, se vio obligada a exiliarse debido a amenazas derivadas de campañas de desinformación en línea. Según un informe reciente de The Coalition For Women In Journalism, el acoso que enfrentó Mendoza estuvo vinculado a sus investigaciones sobre redes criminales en el gobierno, e incluyó una videollamada explícita en la que se la amenazaba con violencia.

Recientemente, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 190° período de sesiones, la periodista guatemalteca Lucía Escobar relató su experiencia de persecución, junto con colegas de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Honduras.

Escobar, conocida por documentar protestas y ejercer su labor en la región, denunció que, tras cubrir una manifestación en la que la población rechazaba la figura de Miguel Martínez en la Antigua Guatemala, recibió acusaciones de incitación al odio y crimen organizado. “Nunca pensé que documentar una manifestación y el rechazo del pueblo a Miguel Martínez en la Antigua Guatemala podría llevarme a enfrentar cárcel por incitación a odio o crimen organizado. Durante 24 horas recibí una serie de amenazas y avisos que convirtieron mi hogar en un montón de cajas y mi vida en una hoja en blanco”, declaró ante la CIDH, según una publicación del colectivo No Nos Callarán.

La UNESCO ha documentado un total de 1,429 asesinatos de periodistas en el mundo entre 2006 y 2023. En enero de 2024, solicitó a 75 Estados, incluyendo Guatemala, información sobre los casos pendientes de justicia. En Guatemala, 19 de estos casos siguen sin resolverse, destacando la urgencia de adoptar medidas para proteger a quienes ejercen la labor periodística y garantizar la justicia.

La CIDH y su Relatoría Especial enfatizan que la violencia contra periodistas es una violación extrema de la libertad de expresión que afecta no solo a las víctimas directas, sino también al derecho de la sociedad a recibir información de interés público. En su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la CIDH declara que es deber de los Estados prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos crímenes, además de asegurar reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familias.