Samuel Pérez, diputado de Semilla, confirmó a ePinvestiga que hasta la fecha el partido no ha recibido el expediente, lo que limita su capacidad de defensa ante las acusaciones que enfrenta la organización política.

El interés de Linares Beltranena

Tras su admisión como querellante, Linares Beltranena expresó ante los medios de comunicación su interés en el caso bajo el argumento de garantizar la “pureza electoral”. Si bien reconoció que todavía no ha tenido acceso al expediente, afirmó que se trata de un voluminoso conjunto de “documentos y pruebas recopiladas por el MP”.

“Lo veremos y ya le haremos peticiones al juez, pero al juez a través de la fiscal, para coadyuvar y colaborar con el proceso”, expresó.

El exdiputado también hizo eco de afirmaciones sobre un presunto fraude electoral en las elecciones de 2023, mencionando que buscará esclarecer si hubo manipulación de resultados mediante un software informático. 

“Lo que se ha conjeturado en redes sociales y en la prensa es que hubo un fraude electoral doble”, dijo, sin aportar pruebas concretas, señalando fraude también en la constitución del partido.

Además, Linares Beltranena indicó que su adhesión al caso se fundamenta en su calidad de ciudadano empadronado y en su papel como constituyente. 

¿Quién es Fernando Linares Beltranena?

Es un abogado y político guatemalteco con un historial de roles y posturas controversiales. Fue diputado en el Congreso de la República por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) en el período 2016-2020, con una fuerte oposición a la lucha contra la corrupción y su respaldo a la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En 1984, fue electo como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, participando en la redacción de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985. Este rol le confiere el título de “constituyente”.

Ha representado legalmente a individuos como Jairo Orellana, exlíder de Los Zetas; Óscar Mejía Víctores, acusado de delitos contra la humanidad; y Manuel Castillo, condenado por el asesinato de diputados salvadoreños del Parlacen en 2007. 

Durante su período como diputado (2016-2020), propuso la iniciativa 5377, que buscaba otorgar amnistía a criminales de guerra del conflicto armado interno. También presentó la 5522, “Ley Anti-Invasiones”, orientada a criminalizar la organización campesina y endurecer penas por asentamientos en tierras con situaciones legales inciertas.  

Su adhesión como querellante en el caso sucede una semana después de que el juez Orellana ligara a proceso penal y enviara a prisión preventiva al abogado y notario Eduardo Masaya, capturado la noche del 28 de enero al finalizar la presentación de la planilla Unidad por la Justicia, que corre en la contienda electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) de este próximo 7 de febrero.