Entre junio y octubre de este año, un total de 64 empresas desarrolladoras han recibido entre uno a cuatro desembolsos por la construcción de casas en diferentes departamentos del país. Pero, la elaboración del listado de las constructoras que recibieron los pagos ha levantado suspicacias.

Según un informe del Fondo para la Vivienda (Fopavi) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) al que eP Investiga tuvo acceso, hasta el 22 de octubre se habían pagado Q94 millones 959 mil 700 a empresas que se supone ya deberían tener finalizadas o avanzadas las casas. 

Sin embargo, fuentes internas del Ministerio manifestaron su preocupación porque algunos de los expedientes carecían de requisitos para el pago como certificaciones vencidas, empresas con problemas en la Contraloría General de Cuentas, entre otros.

“Cuando iniciaba esta administración sacaron la famosa frase, ‘en cada gaveta hay una rata muerta (en Fopavi)’ y hoy me sorprende que efectúen pagos a algunas empresas que no sabemos cómo funcionaron. En algunos casos evaden los procesos administrativos porque hay alteraciones en los contratos en temas de fechas y papelería faltante en algunos códigos”, dijo José Chic, diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien ha seguido el tema.

Las empresas con anomalías

Luego de una revisión del listado realizada por este medio se encontraron cinco empresas que sobresalen, ya sea por denuncias anteriores por obras que dejaron a medias, otras por haber sido creadas hace dos años y una más por sus vínculos con políticos. 

Una de las dos desarrolladoras con señalamientos es Constructora Vásquez y Valenzuela que recibió, en julio, el cuarto desembolsó por Q339 mil 500 de parte de Fopavi. Esta fue una de las 16 empresas contratadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei para el proyecto Cocinas Dignas. La exministra, Jazmín De la Vega denunció en el Ministerio Público a las anteriores autoridades y a los proveedores porque los módulos quedaron incompletos, tenían filtraciones de agua, el piso mal colocado y no les dejaron conexiones para agua y luz. Tampoco colocaron estufas como lo estipula el contrato. Constructora Vásquez y Valenzuela cobró el año pasado por ese trabajo Q5.3 millones.

La siguiente es Inmobiliaria Alduran a la que Fopavi le pagó Q434 mil en julio como parte de un cuarto desembolso por proyectos habitacionales realizados en Quiché. Sin embargo, en 2016, esta también fue denunciada porque junto a otras constructoras cometieron falsedad material, uso de documentos falsificados, estafa y otros delitos, según el entonces viceministro de Comunicaciones, Carlos Barillas. La inmobiliaria fue contratada en 2011 por el extinto Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi) para construir casas en Santa Rosa, pero los beneficiarios revelaron que las obras quedaron inconclusas.

Mientras que, Servicios de Construcción De León Rodríguez (SERCONS) recibió Q1 millón 407 mil el pasado 22 de octubre correspondiente a un tercer desembolso por proyectos habitacionales con Fopavi en Sololá. Esta es una de las constructoras que pertenecía a la red de empresas creadas por Daniel Chavajay, exoperador y mano derecha del diputado, Allan Rodríguez, según una investigación de Plaza Pública. SERCONS obtuvo en 2023 tres desembolsos de Fopavi por un total de Q16.1 millones.  

Entre los nuevos proveedores figura Constructora Adonai, S.A. que recibió dos desembolsos en julio y uno en octubre que suman Q5 millones 471 mil 500 por proyectos en Suchitepéquez. La empresa fue constituida el 17 de septiembre de 2022 y tiene como representante legal a Ana María Pérez Leiva. Ella trabajó hasta agosto de 2020 como jefa del departamento administrativo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) del Ministerio de Comunicaciones. 

Otra de las constructoras creadas en 2022 es Desarrollo Jupá Hermanos, S.A. representada por Paula López Matheu y Claudia Maritza González Pérez. El Fopavi le ha pagado a la Desarrolladora Q2 millones 730 mil este año por proyectos habitacionales en Chimaltenango. 

“Para los pagos se utilizan criterios técnicos y jurídicos y se confirman los avances físicos. Si se realizaron los desembolsos es porque los expedientes estaban en orden”, respondió Ariel Hernández, director de Fopavi, durante una citación con el diputado Chic. 

Hernández dijo que este año no se contrataron entidades intermediarias para hacer estudios socioeconómicos a las personas que requieren una vivienda por eso no se aprobaron nuevos proyectos y solo se efectuaron pagos que estaban pendientes. 

Funcionarios reciclados 

En octubre fueron contratados dos nuevos funcionarios a Fopavi. Ariel Estuardo Hernández Cardona es el nuevo director. Él fungió como viceministro administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el gobierno de Giammattei. Antes trabajó en el Registro Nacional de las Personas, en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y en la cartera de Finanzas. 

En tanto, el director jurídico es Efrén Darío Leche Hernández quien fue abogado de Edgar Augusto Godoy Gaitán, exjefe del Estado Mayor Presidencial, absuelto en el caso Myrna Mack. En 2015 fue asesor de la subgerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando estuvo a cargo de Juan de Dios Rodríguez, que estuvo preso y acusado de actos de corrupción. 

Leche Hernández laboró de febrero de 2023 a junio de 2024 en el Instituto Guatemalteco de Migración como jefe de departamento de acciones judiciales y luego como subdirector jurídico. 

Otros dos perfiles más que asesoran en el Fopavi son ⁠Eligio Sic Ixpancoc, exministro de Educación durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina y Rolando Eligio Santizo Tajiboy exsubdirector administrativo y financiero de la Unidad de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones. 

Fopavi es una de las instituciones del gobierno que ha sido utilizada como botín político desde su creación. A principios de este año, tanto la exministra de Comunicaciones, Jazmín De la Vega, como varias familias beneficiadas denunciaron a la administración anterior por estafas y corrupción. Según reportó en el gobierno pasado, de 194 viviendas que se tenía previstas solo se construyeron 68 en Sololá y en Jalapa de 500 casas previstas, finalmente entregaron 15, pero los pagos se realizaron a las desarrolladoras. 

Las denuncias se presentaron ante el Ministerio Público, pero al momento ninguna ha avanzado.