Una fuente del MAIMI en la Ciudad de Guatemala, que prefirió mantener el anonimato, compartió detalles de la resolución emitida por el juzgado a favor de Castillo Rivas. Juan Luis Pantaleón, jefe de la oficina de comunicación y prensa del Ministerio Público (MP), confirmó que el caso contra el periodista surge de la denuncia por violencia contra la mujer presentada por la fiscal de la FECI .

La fiscal Castillo denunció a España después de que la interrogara respecto a una reunión que sostuvo con la jueza Abelina Cruz Toscano el pasado 17 de octubre. El periodista se presentó a las afueras del despacho del Juzgado de Mayor Riesgo «D», en donde se encontraban ambas funcionarias. 

En una nota de prensa publicada en La Hora, el periodista informó que ambas se reunieron a puerta cerrada pasados 20 minutos de las 15:00 horas. Castillo estuvo con Cruz un día antes de que se celebraran dos audiencias en el caso «Construcción y Corrupción», a cargo de esa judicatura. 

El periodista sostuvo esta conversación con la fiscal Castillo:

España: Disculpe, una pregunta, ¿a qué se debió hoy su reunión con la jueza Abelina Cruz Toscano?, entendemos que usted lleva el caso relacionado a la Elección de Comisiones de Postulación. Nos podría comentar a qué se debe la visita en su despacho. Soy del diario La Hora.

Castillo: Buenas tardes, no estaba enterada de una audiencia que tenemos señalada mañana.

España: ¿Es audiencia relacionada al proceso (de Comisiones)?

Castillo: No, no, son dos audiencias. A las 9 de la mañana, creo que es del señor Julio Ligorría, y la segunda… del proceso Construcción y Corrupción.

España: La jueza Abelina Cruz no suele recibir a personas en su oficina. ¿Usted ha tenido otras veces en las que la ha recibido?

Castillo: No, no, lo que pasa es que estaba muy confundida porque el día de ayer en una audiencia notificaron a otra parte pero a nosotros no, entonces no sabía si realmente se iba a llevar a cabo la audiencia o no.

España: Ok, muchas gracias, le agradezco bastante.

Castillo: Para servirle.

Esta conversación fue registrada en un video por el reportero al entrevistar a la fiscal.  Castillo Rivas hacía referencia a la audiencia del exembajador del gobierno de Otto Pérez Molina, Julio Ligorría, para que la jueza Cruz determinara si el caso en su contra se mantiene vigente o se cierra. Según Ligorría, el MP no ha presentado pruebas contundentes en su contra desde 2016, cuando se giró la orden de captura.

Ligorría fue señalado por la FECI en 2011 por supuestamente haber financiado ilícitamente la campaña del desaparecido Partido Patriota (PP), que llevó a Pérez Molina a la presidencia. La otra audiencia, que la fiscal Castillo no logró recordar en ese momento, corresponde a la primera declaración de Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro de Comunicaciones del PP, Alejandro Sinibaldi.

El 18 de octubre, solo se celebró la audiencia de Ligorría a las 11 horas. La jueza lo escuchó y la notificación del cierre o no del proceso en su contra será notificada este mes. La audiencia de Sinibaldi Aparicio no se ha celebrado.

Juzgado otorga medidas para Castillo y prohibiciones a España

Según la resolución compartida con eP Investiga, la jueza Claudia Maribel Culajay García determinó que “existe violación de derechos tales como la dignidad inherente a su persona y el derecho a una vida libre de violencia”. En consecuencia, se dictaron medidas de protección a favor de Castillo, solicitadas por la Fiscalía de la Mujer del MP. Estas señalan al periodista España, como “presunto agresor”, y tienen la prohibición de perturbar o intimidar a la agraviada o a cualquier integrante de su núcleo familiar, ya sea directamente o por medio de terceros, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o aplicación.

La resolución también advierte a España de que el incumplimiento de las medidas podría derivar en un proceso penal por el delito de desobediencia.

La fiscal mintió al denunciar a España

“Había subido apenas cuatro escalones cuando una persona, de aproximadamente veinticinco años de edad, se abalanzó hacia mí. Esta persona sostenía su teléfono con una cámara y una luz encendida que apuntaba directamente a mis ojos, lo cual me dificultaba la visión e impedía que pudiera moverme. Con una actitud prepotente, abusiva y amenazante, esta persona me gritó (aunque no recuerdo las palabras exactas), algo en el tono de: «¿Por qué está usted en la oficina de la jueza Abelina Cruz? ¿Usted fue a hablar del tema de comisiones?», dijo en la denuncia que planteó la fiscal, pese a que en el video filmado por el periodista consta lo sucedido.

“En ese momento, me sentí confundida y atemorizada, ya que la manera de actuar de esta persona no fue profesional en ningún sentido. No se identificó como periodista ni llevaba algún gafete que lo acreditara, además de invadir mi espacio personal de forma intimidante. Temí por mi seguridad y por mi vida. Por lo anterior, solicito que se me otorguen medidas de seguridad”, señaló Castillo Rivas.

Respecto a este caso, la abogada feminista, experta en género y defensora de mujeres y niñas, Flor Gálvez, afirmó que la Ley contra el Femicidio es fundamental para combatir la violencia de género y proteger a las mujeres. Sin embargo, su uso inadecuado puede tener consecuencias graves, tanto para las víctimas reales como para el sistema judicial. 

Según Gálvez, cuando esta ley se aplica de manera incorrecta, se desvirtúa su propósito original de “garantizar la justicia y la seguridad de las mujeres víctimas de violencia”.

Agregó que el uso injustificado de medidas de seguridad para restringir a personas que podrían estar siendo acusadas sin pruebas sólidas “socava la confianza en el sistema judicial”, comprometiendo su credibilidad y legitimidad.

Gálvez también señaló que el mal uso de la ley “crea un ambiente de desconfianza y tensión en las relaciones, especialmente en el caso de los periodistas, quienes al enfrentar denuncias sin fundamento, pueden ser silenciados y ver dificultado su trabajo al buscar y compartir información”. 

La defensora añadió que la carga de casos sin bases sólidas en el sistema judicial desvía recursos y atención de los casos legítimos y necesarios, “poniendo en riesgo a quienes realmente necesitan protección”, lo que compromete la eficacia de una ley creada precisamente para proteger a las víctimas de violencia.