Foto: EPQ
La EPQ anunció en un comunicado de prensa que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso administrativo decidió declarar la nulidad absoluta del contrato de operaciones suscrito con APM Terminals.
En la sentencia, la Sala declaró la nulidad absoluta del contrato de operaciones que se suscribió con APM Terminals, que originalmente se había suscrito con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Además del contrato de operaciones, la resolución afecta también los contratos de usufructo oneroso y su modificación.
“Respetando el marco jurídico, la Empresa Portuaria Quetzal tomará todas las acciones para minimizar el impacto al comercio marítimo internacional de Guatemala, en pro de los intereses de nuestra empresa y los usuarios”, indicó la EPQ.
Las anteriores autoridades de EPQ indicaron el año pasado en un citación en el Congreso que si el fallo quedaba en firme las operaciones serían paralizadas.
Situación se complica
Ricardo Monterroso, gerente general de EPQ, dijo a eP Investiga que las operaciones en Puerto Quetzal siguen con normalidad, pero reconoció que el fallo de la Sala ha complicado más la situación actual.
”Esto viene a agravarse con el tema del azolvamiento que tiene el Puerto, el tema de las colas y el tema de la falta de ampliación del Puerto, el mercado superó la capacidad instalada que teníamos”, dijo Monterroso.
Monterroso dijo que la Junta Directiva dio instrucciones de analizar los distintos escenarios para atender técnica y operativamente la situación actual de EPQ.
”En ese análisis estamos con el equipo legal, derivado que la Empresa Portuaria Quetzal quiere respetar el marco jurídico y sobre todo tomar las acciones que sean necesarias para minimizar el impacto al comercio marítimo de Guatemala”, aseguró.
¿Qué ha sucedido?
EPQ fue intervenida en 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Ese mismo año se suscribió un contrato para diseñar, construir, mantener y operar una terminal de contenedores con la empresa TCQ.
En septiembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación (PGN) identificó anomalías y recomendó declarar nulo el contrato de concesión por considerar que fue disfrazado de un usufructo oneroso.
Este proceso fue confirmado en 2016 durante el gobierno de Jimmy Morales, cuando la PGN presentó una demanda de nulidad.
La Sala Quinta había declarado nulo el contrato en 2017, pero debido a la existencia de recursos que estaban pendientes de resolverse el fallo no había quedado en firme, pero eso cambió ayer con la resolución emitida.
Complicaciones para los contenedores
El pasado 31 de mayo, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que existen atrasos que están sufriendo buques que llegan a EPQ para entregar o recoger contenedores de carga.
Según la CIG, esto significa un incremento sustancial de los costos para las empresas, además de que afecta la competitividad y el potencial del país para atraer inversiones.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) también expresó que existen atrasos en EPQ y plantearon mejorar la infraestructura física y la infraestructura digital para agilizar los procesos.
Proceso penal
Por ese contrato la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) abrió un proceso penal contra varias personas señaladas de recibir sobornos para favorecer la entrega en usufructo del puerto a TCQ.
Por este caso están siendo juzgadas cinco personas, entre ellas Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Gustavo Martínez Luna, yerno del expresidente Otto Pérez Molina, entre otros.
