Durante el desarrollo de la audiencia, el MP le imputó cuatro delitos al exdiputado, estos son lavado de dinero, asociación ilícita, abuso de autoridad y fraude por su presunta vinculación al caso, que fue revelado en 2021.

En su momento, el MP solicitó el retiro del antejuicio contra el exdiputado Jorge García Silva, pero esa acción nunca se resolvió. García Silva se quedó sin inmunidad desde el 14 de enero de 2024.

La audiencia de primera declaración contra el exdiputado se pospuso y continuará el próximo martes 21 de enero en el Juzgado Sexto. 

Durante el desarrollo de la audiencia, el juez Carlos Toledo aceptó la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) como agraviados en el proceso.  

Cuestiona el caso

El exdiputado por el partido Prosperidad Ciudadana calificó el caso como “una gran fantasía de las personas que estaban a cargo de la Fiscalía Contra la Corrupción” y aseguró que desde hace más de un año ha solicitado audiencias para conocer los avances de esta investigación.

García Silva dijo que no había elementos suficientes para pedir esta audiencia de primera declaración, pero aseguró que son “respetuosos de la ley”.

“Antes de buscar los hechos, hicieron una hipótesis y están viendo cómo empatan con algunos hechos, esa es la hipótesis, cuando debe ser todo lo contrario, tienen que ser primero los hechos para después formular la hipótesis”, dijo.

También mencionó que el caso “fue una cortina de humo” con el que personal que estaba dentro de la Fiscalía Contra la Corrupción buscó obtener mejores puestos.

Familiares a juicio

En julio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con lugar una apelación planteada por la Fiscalía Contra la Corrupción contra la resolución que la Sala Tercera de Apelaciones había otorgado a implicados en el caso, entre ellos familiares de García Silva.

Con esa resolución, se ordenó que los sindicados en el caso, entre ellos la esposa y el hijo del exdiputado, sean enviados a juicio por el supuesto caso de corrupción en el Insivumeh que asciende a Q30 millones.

Este caso se reveló en noviembre de 2021, a raíz de una denuncia interpuesta en el 2020 y se indicaba que un diputado había facilitado contratos de servicios de asesoría.

Los beneficiarios de dichos contratos serían personas vinculadas a su partido y familiares, ambos relacionados con una transacciones entre las entidades mercantiles Grupo Aned y Outsourcing Total.