_{Foto ilustración: Amilcar Rodas.}

El pasado 27 de abril, el exconvicto Jorge Guillermo Lemus Alvarado interpuso una denuncia contra el presidente, la cual fue asignada el pasado 9 de mayo a la Fiscalía contra la Corrupción. La demanda es por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

Moisés Ortíz, vocero del Ministerio Público (MP), indicó a eP Investiga que el caso se encuentra en investigación preliminar, se están realizando diversas diligencias y en esta fase podría citarse a las partes señaladas y agraviadas. Sin embargo, enfatizó que al presidente Arévalo “le asiste un derecho de antejuicio, prerrogativa que deberá analizarse en su momento oportuno si se solicita o no su retiro”.

Por este caso, la Fiscalía contra la Corrupción envió una solicitud de información al MSPAS el pasado 7 de mayo, firmada por el auxiliar fiscal Mynor Enrique Reynoso. En el oficio solicitan que la cartera informe si durante el año 2024 se han celebrado contratos con Unops. Si la respuesta es positiva, se remita copia certificada de los mismos y el detalle presupuestario “con el cual se procederá con el cumplimiento de pago de los referidos contratos”.

En el segundo punto piden indicar si dichos contratos fueron contemplados en el Plan Operativo Anual. En caso afirmativo, se remita copia certificada del mismo y constancia de disponibilidad presupuestaria.

También pidieron los nombramientos, constancia laboral, perfil de puesto y funciones de “todas aquellas personas que hayan tenido intervención en la celebración de los contratos”.

El contrato fue firmado por el exministro Óscar Cordón, que renunció este miércoles 12 de junio. Además, el Congreso aprobó que el 15 de julio se interpelado el titular de la cartera de Salud. El juicio político estaba fijado para las 16 horas de esa fecha. 

Cordón fue citado por diputados de diferentes bancadas y comisiones del Congreso 117 veces en sus primeros 101 días como ministro. 

El denunciante que compartió celda con el asesino de Myrna Mack

A finales de 1991, Lemus Alvarado, alias “el Buki”, compartió celda con Noel de Jesús Beteta Álvarez, el asesino de la antropóloga Myrna Elizabeth Mack Chang. Se hicieron amigos y se ganó su confianza. 

En 2002 declaró en el juicio que llevó a la condena a Beteta Álvarez. En su testimonio dijo que se dedicaba a la silvicultura y que era jefe de investigaciones del comité de vigilancia de protección de los derechos humanos.

Según confirmó a eP Investiga, estuvo en prisión en esa y otras ocasiones por narcotráfico, pensando que así podría financiar sus ideas de “cambio social”.

Tras las declaraciones de Lemus Alvarado en el caso Myrna Mack, se concluyó que fueron utilizados recursos propios del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial, de donde vino la orden de ejecución.

Lemus Alvarado, cuenta con un blog donde afirma que es “periodista de investigación” y que ha investigado distintos crímenes en el país. 

“Del año 1992 al 2000 tiene participación investigativa en los Casos Jorge Carpio, Patrulla 103, Beverly Sandoval, etc. Quedando únicamente como escritor y repartidor de volantes, ya que ninguno de los medios se atrevía a publicar sus trabajos”, dice la descripción de la parte ¿Quiénes somos? de su página.

En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor, para proteger su vida e integridad, por testificar en el caso Myrna Mack.

Lemus Alvarado también cobró notoriedad cuando participó en la Comisión de la Verdad que el Congreso de la República realizó en 2019 para recibir denuncias en las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su rol fue como interlocutor entre los acusados por el asesinato de Byron Lima, quienes los contactaron desde la prisión de Pavón.

En entrevista para este medio, Lemus Alvarado confirmó que presentó otras tres denuncias contra el presidente Arévalo, y ya ha sido citado en varias ocasiones por el MP para ratificarlas. 

“Lo he denunciado también por obstrucción a la justicia, porque este personaje tampoco ha presentado su estado patrimonial hasta la fecha y señaló que en este contrato que realizaron con Unops no existe presupuesto aprobado para hacerlo, se incurre en delito. Además, porque no hubo participación de la cancillería, siendo un contrato con una entidad internacional”, argumenta Lemus. 

El denunciante asistió al MP el martes 4 de junio, para solicitar que este caso sea enviado a  un juez de instancia penal para que se inhiba de conocerlo y sea enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su plan es que la solicitud de antejuicio contra el mandatario sea enviada al Congreso y que quede en manos de los legisladores.

Además, señaló que Arévalo “no tiene legitimidad para ser presidente”, y que aunque está en desacuerdo con que la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, no haya investigado al expresidente Alejandro Giammattei y a Miguel Martínez, Arévalo debe ser investigado por obstrucción a la justicia al haberse apoyado de organizaciones internacionales para tomar posesión. “Yo confronté a la CICIG, ya hubo antes injerencia extranjera”, declaró.

Lemus Alvarado confirmó que estas denuncias las hizo a título personal y que no tiene relación con ninguna organización u otra persona que pueda reclamar los mismos hechos, pero coincide con la narrativa del expresidente Jimmy Morales.

El exmandatario publicó una carta en la que advierte a Bernardo Arévalo sobre los peligros de entregar la compra de medicinas a la Unops y la compra de alimentos al Fondo Mundial de Alimentos (FMA). Morales sostiene que estas acciones “representan una amenaza para la soberanía de Guatemala”.

Según Morales, organizaciones internacionales como la OMS han utilizado al país como un laboratorio para “experimentos perjudiciales”. 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) declaró a eP Investiga que el contrato con Unops se firmó de forma “transparente” y encaja dentro de la legislatura del país. 

“Como gobierno hemos actuado dentro de la legalidad. Estamos conscientes de que existen actores que insisten en tratar de impedir que los proyectos de salud, educación y desarrollo avancen y que insisten en presentar este tipo de acciones”, indicaron.

¿De qué trata el contrato?

El 30 de abril, el MSPAS firmó un contrato con Unops para ejecutar el proyecto «Mejora del acceso a la salud». Este plan, financiado con US$943 millones 944 mil  469 del presupuesto nacional, busca mejorar la provisión de medicamentos, tecnología médica y otros insumos para la red pública de salud del país.

El acuerdo, con una duración de 47 meses, detalla un cronograma de desembolsos anuales, comenzando con US$110 millones en 2024 y culminando en 2027, con el monto restante. La Unops, encargada de la ejecución del proyecto, comenzará sus labores una vez recibidas las transferencias correspondientes. El presupuesto multianual permite la transferencia automática de fondos no utilizados de un año a otro, garantizando la continuidad de las actividades programadas.

Además de los aspectos financieros, el acuerdo incluye cláusulas que aseguran la “transparencia” y “eficiencia” en la gestión del proyecto. Las adquisiciones se regirán por las regulaciones de Unops, y las transacciones financieras se registrarán en una cuenta contable separada, detalla el contrato.