El Organismo Ejecutivo publicó hoy en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo 1-2024, mediante el cual se establece Estado de Calamidad Pública en el territorio nacional debido a los incendios, un día después de que el Congreso de la República lo improbara.
El Decreto publicado por el Ejecutivo señala que tiene como objetivo evitar mayores consecuencias debido a los incendios forestales y no forestales, para que se tomen las medidas necesarias para la mitigación de los mismos.
En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo, había anunciado que al menos el 80 por ciento de los incendios registrados a nivel nacional habían sido provocados, siendo esto uno de los argumentos para decretar el Estado de Calamidad.
Además, el incendio en el vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, que según las autoridades ha afectado en gran medida la calidad del aire, también fue una de las principales razones para emitir el Decreto.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, había informado que se contaba con un fondo de emergencia de Q110 millones para ser utilizados durante el Estado de Calamidad.
Según Menkos, esos fondos iban a poder ser ejecutados por instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, cuerpos de bomberos, Conap, Inab y Conred.
La discusión en el Congreso
Diputados discutieron durante varias horas la aprobación del Estado de Calamidad. Los congresistas opositores argumentaron que el Estado de Calamidad era poco transparente y que contenía artículos que limitaban derechos.
De hecho, el Decreto 1-2024 publicado este viernes, en su artículo 5, establece restricciones de derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los derechos restringidos son los establecidos en los artículos 5 y 26 de la Carta Magna, los cuales se refieren a la libertad de acción y libertad de locomoción.
El diputado del bloque Unionista, Álvaro Arzú, fue uno de los que se pronunció sobre este aspecto.
La diputada del suspendido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, presentó una moción para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, pero indicó que esto no se tomó en cuenta en la discusión.
No obstante, con 84 votos el Congreso no logró ratificar el Estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo.
¿Qué sigue ahora?
Tras no ser ratificado el Estado de Calamidad, el Ejecutivo informó que ahora seguirán buscando las vías para atender los incendios e hicieron énfasis en que la situación continúa.
En tanto, el presidente Arévalo dijo que los diputados que votaron en contra del Estado de Calamidad deberán dar explicaciones a la población.
“Tendrán que explicarle al pueblo de Guatemala porque se niegan a dar las posibilidades para que el Gobierno de Guatemala responda cuando tenemos una campaña de incendios intencionales”, afirmó el mandatario.
Arévalo dijo que siguen trabajando y que ya se había avanzado en las gestiones con países amigos para facilitar ayuda en el combate a los incendios.
“El Gobierno no para, el Gobierno va a seguir trabajando para darle una respuesta a la gente y responde a este problema”, aseguró Arévalo.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz, afirmó que ahora el Ejecutivo debe buscar alternativas para agilizar las adquisiciones y la recepción de donaciones que permitan una atención ágil ante los incendios que se han dado en el país mediante otros mecanismos legales.
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