La directora de la DGT dijo que ya han interpuesto denuncias por al menos cinco casos fuertes de corrupción que han encontrado en la institución. Además, indicó que recibieron denuncias de personas de Alta Verapaz y Sacatepéquez, por anomalías que han identificado.

Calificó como un “martirio” lo que estas personas han tenido que pasar para poder realizar un trámite en la DGT.

“Eso es lo que estamos tratando de evitar, la gente ha esperado 10, 12 y 15 años para trámites que se denominan como cortos y que no han caminado precisamente porque es gente que no se ha prestado a la corrupción”, afirmó. 

Velásquez reconoció que actualmente hay lentitud en la realización de algunos trámites debido a la falta de personal, sin embargo, mencionó hechos de corrupción en este tipo de procesos. 

“Sigue siendo un dolor (la realización de trámites) por falta de personal suficiente, pero sobre todo el hecho de que antes caminaban aceleradísimos, no por eficiencia, sino por corrupción”, dijo Velásquez. 

Añadió que ha recibido información de que por trámites que son gratuitos y cortos, se han cobrado entre Q300 y Q500. Además, indicó que recibió información que en Jalapa se realizó el cobro de Q25 mil por una licencia.

Asimismo, dijo que en este momento se está desarrollando un proceso de creación de más plazas en la DGT, lo cual se debe realizar con el involucramiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Según Velásquez, actualmente se tiene una proyección para poder descentralizar  la DGT, lo que podría facilitar la realización de operativos de control.

Corrupción enraizada 

Ronalth Ochaeta dijo que históricamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha sido una institución con la corrupción enraizada. 

Ochaeta mencionó que llegó a la DGT para verificar la situación de esas denuncias de corrupción a lo interno de la entidad y señaló que se deben realizar los procesos administrativos que correspondan para la destitución de personas que han incurrido en esos actos. 

Según la DGT, las denuncias que se han presentado han sido por falsedad ideológica, falsedad material, destrucción de documentos públicos, usurpación de funciones y también por expedientes extraviados.