Esta decisión se anunció luego de una reunión de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en la cual participaron el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Teódulo Cifuentes, y la fiscal general, María Consuelo Porras, entre otros funcionarios. 

Alejandro Carrillo fue nombrada en sustitución de Clara de Paiz, quien ocupaba el cargo anteriormente. 

En marzo de este año, el Ministerio Público (MP) cerró un proceso penal contra Carillo, quien era señalada por la utilización de fondos públicos para atender casos personales cuando estaba al frente del Instituto de la Víctima. 

El caso fue investigado por el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso.

Carrillo fue señalada en otro caso, esto por la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pero el caso también fue cerrado a su favor.

Además, la también exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, denunció a Carrillo ante el MP por los delitos de abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes y abandono del cargo.

Luego de ser destituida por el presidente Bernardo Arévalo del Instituto de la Víctima, Carillo había solicitado su indemnización por los años en los que ocupó el puesto. 

Nombrada por Jimmy Morales

Carrillo fue nombrada en el Instituto de la Víctima en el año 2019 por el expresidente Jimmy Morales. Presentó su renuncia como diputada en noviembre de ese mismo año.

Diputados de oposición señalaron que el Instituto de la Víctima, durante la gestión de Carrillo, era utilizado como un botín político. 

Carrillo ocupó una curul en el Congreso de la República entre 2016 y 2019, logrando el cargo con el desaparecido Partido Patriota (PP), pero luego se pasó al Movimiento Reformador.