La medida fue tomada por el equipo y se mantendrá hasta la reincorporación de Hernández, quien fue capturada el pasado martes 13 de agosto, por agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP) al acusarla en el caso “Corrupción Semilla” por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos por hechos del 2019.

Olga del Rosario Alfaro Pineda fue colaboradora eficaz en el caso “Comisiones Paralelas 2020,” donde reveló detalles sobre la manipulación en la elección de magistrados en Guatemala, supuestamente dirigida por una red liderada por Gustavo Alejos. Su testimonio fue clave para que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) identificara la estrategia utilizada para seleccionar a magistrados afines a ciertos intereses. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló su acuerdo de colaboración eficaz, lo que impide que su declaración sea utilizada en el proceso.

Fue nombrada en el IDV en marzo de este año como Secretaria General, ahora por corrimiento asume la dirección de manera interina por mandato legal.

El pasado 16 de agosto, Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva a la cárcel del Cuartel Militar Matamoros. 

Según la Fiscalía, Hernández, en su calidad de secretaria general adjunta del Movimiento Semilla, aprobó informes financieros en 2019, que ocultaban deliberadamente la identidad de los donantes y la procedencia de los fondos, impidiendo así que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudiera realizar una fiscalización adecuada. 

El juez Orellana decidió su encarcelamiento preventivo al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso, dado su rol en el partido y el apoyo político recibido por el Gobierno, lo que podría facilitar la alteración de pruebas o influir en testigos durante la investigación.

La exdiputada Hernández fue designada como titular del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito el 1 de febrero de 2024 por el presidente Bernardo Arévalo. Su nombramiento se produjo tras la destitución de Alejandra Carrillo, quien había sido designada por el expresidente Jimmy Morales. La destitución de Carrillo se concretó luego de que la Corte de Constitucionalidad revocara un amparo que la mantenía en el cargo de manera indefinida.