El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió ayer una respuesta a Miguel Martínez Morales, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, luego de que el pasado 3 de septiembre demandara a Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) y a Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro.

En su demanda, el exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, atribuía a ambas funcionarias estadounidenses su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y de haberlo sancionado bajo la Ley Global Magnitsky. No obstante, el Departamento del Tesoro le respondió que sus sanciones fueron impuestas según la Orden Ejecutiva 13818, emitida durante la primera administración de Donald Trump.

“Los demandados niegan que el demandante (Martínez) haya sido designado de conformidad con la Ley Global Magnitsky y afirman que, en cambio, el demandante fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, Bloqueo de la propiedad de personas involucradas en graves abusos de los derechos humanos o corrupción”, responde el Departamento del Tesoro.

Esta respuesta es reiterada a lo largo de las páginas del documento. En algunas citas agrega que los señalamientos “consisten en una caracterización del demandante” y que en algunos casos “no se requiere ninguna respuesta” por parte del Departamento del Tesoro.

Lo Orden Ejecutiva 13818 fue emitida el 20 de diciembre de 2017, el mismo año que Trump asumió la presidencia en Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, esta orden fue emitida “en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen en parte o en gran medida fuera de Estados Unidos, habían alcanzado una magnitud y gravedad tal que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales”.

“Estados Unidos procura imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometan abusos graves de derechos humanos o participen en actos de corrupción, así como proteger el sistema financiero de Estados Unidos ante abusos por parte de esas mismas personas”, se añade en la explicación sobre la Orden Ejecutiva 13818.  

Sobre una entrevista a Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, y otras “pruebas” que Martínez incluyó en su demanda, el Departamento del Tesoro responde que remitirán esos materiales al Tribunal “para obtener la declaración más precisa de su contenido”. El caso es conocido por una Corte del Distrito de Columbia.

La respuesta a Martínez es firmada por Rian M. Boynton, Fiscal General Adjunto de la División Civil, y Stephen M. Elliott, director adjunto del Departamento de Programas Federales.

Para iniciar esta demanda, Martínez contrató a Alexei Schacht, un abogado especializado en casos de extraditables y defensor de narcotraficantes de alto perfil.

El principal alegato de Martínez es que estar designado en la lista de actores corruptos le ha causado “graves daños” financieros, a su reputación y a su entorno familiar.

*Con información del equipo de Investigación.