Foto: eP Investiga

Mario Trejo, abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), explicó que el proceso se encuentra en la fase final, tras más de 95 audiencias iniciadas desde el pasado 5 de abril. Sin embargo, advirtió que “se ha notado un retardo por parte de la defensa en concluir esta etapa”, la cual calificó como crucial para llegar a la sentencia. 

Según Trejo, esta actitud dilatoria de la defensa afecta directamente a las víctimas y obstaculiza el acceso a una justicia que ha tomado décadas en materializarse.

Victoria Aguilar, representante de AJR, enfatizó que la defensa ha actuado con el objetivo de impedir la conclusión del juicio y “evitar por cualquier medio la sentencia condenatoria del general Lucas García por genocidio, delitos contra deberes de humanidad y desaparición forzada cometidos en contra del pueblo maya ixil”.

“Nuestra palabra y nuestra memoria contra la fuerza de las mafias de siempre ha sido y es nuestra lucha por la vida en contra de un proyecto constante de ocultamiento”, dijo Aguilar. 

Subrayó que, pese a los obstáculos, las comunidades indígenas han demostrado que sí hubo genocidio y que el responsable de ejecutarlo fue Lucas García, quien, como jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala entre 1981 y 1982, buscó eliminarlos como pueblo que se reveló contra la injusticia, el despojo, el racismo y la miseria.

La audiencia del juicio en curso, que se realizaba ayer, fue suspendida debido a que la jueza vocal Lilian Patricia Ajcam, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sufrió un desmayo en medio de la sesión. Aunque se esperaba que hoy se reanudara el proceso, los problemas de salud de la jueza lo impidieron, y hasta el momento se desconoce cuándo se retomará. 

“Nos solidarizamos con la jueza que está en quebrantos de salud y entendemos que eso siempre sucede por la misma presión que se está recibiendo en el tribunal y esperamos que se recupere pronto”, mencionó Eliodoro Osorio, también representante de AJR.

El abogado de la AJR expresó preocupación adicional por información acerca del reciente traslado de fiscales de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, incluyendo al fiscal Erick De León y otros auxiliares, lo cual ha sido interpretado por las organizaciones como una maniobra que podría entorpecer aún más el desarrollo del caso. 

“Mucho de ese personal lleva varios años de carrera trabajando en estos casos, no solo en el nuestro, y esta situación afecta la investigación de todos los procesos relacionados con el conflicto armado”, dijo Trejo, quien añadió que varios fiscales trasladados han enfrentado denuncias penales por su trabajo en estos casos.

Los sobrevivientes y las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional para que permanezcan atentos al desenlace del juicio y se solidaricen con las acciones legales que buscan una sentencia. “Pedimos apoyo para que nunca más se cometa genocidio en ninguna parte del mundo y para que los responsables de estos crímenes enfrenten la justicia”, concluyeron.