La audiencia contó con la participación de comisionados de la CIDH, así como representantes de la Convergencia por los Derechos Humanos, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y del MP.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue uno de los que tomó la palabra, quien aseguró que en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, se vio una “influencia abusiva” de diferentes sectores para que la justicia funcione de acuerdo a intereses.

Sandoval dijo que esta situación ha generado preocupación por la independencia judicial y la estabilidad democrática. 

“Ese proceso fue marcado por irregularidades y por la influencia de actores con antecedentes cuestionables, donde el Congreso debía garantizar un proceso de selección transparente y basado en el mérito, y al contrario, resultó con la inclusión de candidatos vinculados a procesos de corrupción que desmanteló el MP”, afirmó. 

Alejandro Rodríguez, de la Convergencia por los Derechos Humanos, indicó que el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general es el resultado del consenso de actores políticos con el propósito de cooptar la justicia. 

Según Rodríguez, desde el MP se ha afectado la independencia fiscal, facilitando con esto realizar “instrucciones ilegales” bajo amenazas de traslados y destituciones. 

Por su parte Flor de María Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denunció la situación de operadores de justicia que han sido criminalizados. 

Gálvez dijo que estos casos se han dado en dos dimensiones, primero, por quienes la sufren y que han visto vulnerados de manera sistemática sus derechos, enfrentan la prisión o la necesidad de salir al exilio. Segundo, esto ha provocado que la credibilidad del sistema judicial se desmorone. 

“Desde el ámbito personal, quienes sufren persecución han enfrentado de manera sistemática campañas de estigmatización pública, acoso y violencia en espacios digitales, órdenes de aprehensión carentes de fundamento legal y probatorio, vigilancia constante que viola su privacidad y amenazas continuas que generan un estado permanente de angustia, un exilio forzado que ha frustrado sus proyectos de vida, separándolos de sus familias y comunidades”, indicó. 

Gálvez mencionó que estos patrones se han observado en los casos contra Eduardo Pantaleón, Samari Gómez y Orlando López, quienes fueron absueltos tras varios meses de haber sido sometidos a procesos penales. 

Además, mencionó el caso de las operadoras de justicia, quienes aseguró han sido violentadas por razones de género. 

En la audiencia se señaló que el MP desestima la mayoría de denuncias que se presentan y que se han despedido a fiscales de manera irregular. Se mencionó también el desmantelamiento de unidades de investigación, como la Fiscalía de Derechos Humanos. 

Copadeh señala uso indebido del derecho penal

Yolanda Pérez, directora de la Copadeh, dijo que los casos de criminalización contra operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, ocurre por un uso indebido del derecho penal. 

“Consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por actores estatales y no estatales, esto se realiza con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, afectando también las garantías procesales de las personas perseguidas, quienes se convierten en sujetos de proceso penales arbitrarios”, comentó. 

Según Pérez, el Organismo Ejecutivo reconoce la existencia de un contexto desafiante en materia de derechos humanos, lo que se ha caracterizado por la criminalización. 

Pérez afirmó que este tipo de situaciones han afectado la independencia judicial y el derecho de defensa y agregó que desde el Ejecutivo se ha asumido el compromiso de fortalecer el Estado de Derecho. 

MP rechaza señalamientos

Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción del MP, fue quien participó como representante de la fiscalía en la audiencia, señalando que cada día rinden cuentas antes los tribunales de justicia. 

Además, mencionó que las actuaciones que son presentadas ante instancias de justicia, son resueltas por jueces que tienen a su cargo el control jurisdiccional de las diferentes actuaciones. 

“No aceptamos, como Ministerio Público, los señalamientos que se hacen, ya que para eso existen los tribunales de justicia donde son verificadas las solicitudes que se presentan. En este caso, si existe algún tipo de reclamación en cuanto a las acciones que realiza el MP estas dependen de los jueces”, dijo Ávila. 

Añadió que el MP no puede actuar de manera arbitraria y sin ningún tipo de control, ya que están sujetos a las resoluciones judiciales. 

Durante la audiencia, se hicieron señalamientos por la presunta vinculación del MP con cuentas de netcenter como “Yes, Master”, a lo que respondieron que no saben quiénes manejan dicha cuenta y que no tiene vinculación con algún funcionario de la institución.

CIDH: MP debe rendir cuentas 

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, indicó que han visto un patrón de acciones que se toman desde el MP cuando se da proceso electorales en instituciones, estas consisten en “criminalizaciones y detenciones” con la intención de debilitar a grupos jurídicos o políticos. 

Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, señala que hay dificultades para la articulación de las distintas instituciones en el Estado de Guatemala, reconociendo que entidades como el MP son autónomas, pero que al ser parte del aparato estatal, debe cumplir con compromisos en materia de derechos humanos.

Pochak dijo que no existe en la institucionalidad de Guatemala un ámbito constitucional para la rendición de cuentas del MP y que es algo que se debería hacer.