La abogada Jovita Tzul calificó la resolución como arbitraria y violatoria de derechos constitucionales. «Consideramos que es una resolución totalmente ilegal y arbitraria por contener una serie de vicios y violaciones a los derechos constitucionales del periodista, principalmente atentando contra su libertad y desnaturalizando el fin de las medidas sustitutivas», señaló.

Tzul recordó que en la audiencia del 26 de agosto, las juezas del Tribunal Noveno explicaron públicamente cómo se desvanecieron los peligros procesales que justificaban la medida. «Todos los presentes en la sala escuchamos esas argumentaciones, pero ahora la Sala Segunda afirma que no fueron fundamentales para la resolución, lo que nos parece grave y desconcertante», añadió.

Además, cuestionó la afirmación de la Sala al no considerar los argumentos del Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, Ricardo Méndez Ruiz y Ronald García Navarijo.

Ellos no comparecieron a la audiencia y ahora la Sala sostiene que sus argumentos no fueron tomados en cuenta, lo cual es insostenible porque no estuvieron presentes», puntualizó.

El abogado Francisco Vivar hizo un llamado a la CSJ para que actúe de manera inmediata. «Estamos pidiendo que se otorgue el amparo provisional para dejar sin efecto esta resolución arbitraria que busca enviar nuevamente al periodista a prisión», afirmó.

«Esperamos que la Corte resuelva este planteamiento en 24 horas y garantice el derecho fundamental a la libertad de nuestro defendido», agregó Vivar.

Presunción de inocencia en riesgo

La abogada Cristina Alonzo enfatizó que la resolución pone en duda la presunción de inocencia de Zamora. «La Sala Segunda está argumentando que, por existir una sentencia condenatoria en primera instancia, las juezas del Tribunal Noveno debieron considerar esto al otorgarle medidas sustitutivas», explicó Alonzo, quien recordó que dicha sentencia se anuló y está en trámite de casación.

«Mientras no haya una sentencia firme, nadie puede dudar de la inocencia de una persona, y mucho menos los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia», añadió.

La abogada cuestionó si los magistrados de la Sala Segunda revisaron el audio de la audiencia, pues replicaron argumentos de una resolución previa emitida en junio. «Tal parece que no se dieron a la tarea de escucharla, porque lo que argumentan corresponde a una audiencia anterior y no a la resolución actual», indicó.

Gonzalo Marroquín, primo del periodista y quien acompañó a los abogados durante la presentación del amparo, calificó la resolución como parte de una persecución política. 

«Evidentemente, esta resolución confirma la persecución política de la cual es víctima Rubén Zamora y demuestra cómo el sistema de justicia sigue sesgado. Estas resoluciones están plagadas de ilegalidades, como han señalado organismos internacionales», aseguró.

Marroquín criticó el papel del MP, señalando que este repite patrones que calificó como «planes perversos». 

«Estamos viendo cómo la justicia en Guatemala es selectiva. Mientras que a exfuncionarios responsables de grandes estafas al Estado se les facilita todo tipo de beneficios. A Zamora se le persigue por los 140 reportajes que publicó (en elPeriódico) sobre corrupción en el gobierno anterior», denunció.

Además, señaló que el caso refleja la desigualdad en la aplicación de la justicia en Guatemala. «Da risa, pero también tristeza, ver a la Fundación Contra el Terrorismo decir que nadie está por encima de la ley, cuando los únicos que están por encima son los grupos parajudiciales o el propio MP, que induce a jueces y magistrados a emitir resoluciones ampliamente ilegales», concluyó.