Foto: CIV
La circulación vial en el suroccidente del país se ha visto afectada en los últimos días debido al colapso del puente Nahualate, ubicado en Suchitepéquez, lo que ha obligado a los transportistas a buscar nuevas rutas. La construcción de un puente paralelo era parte del contrato con la empresa Odebrecht.
El contrato con la empresa Odebrecht, aprobado por el Congreso de la República en el año 2012, contemplaba la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente y como parte de esa ampliación se tenía contemplada la construcción de un puente paralelo en dicha ruta, junto al puente Nahualate.
El CIV confirmó a eP Investiga que dentro del contrato con Odebrecht se tenía contemplada la construcción de un puente paralelo en el lugar. Sin embargo, debido al escándalo de corrupción en el caso Odebrecht, revelado en 2017 por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el contrato fue rescindido en 2018.
Ante ese escándalo, en el cual varios políticos y exfuncionarios fueron acusados de recibir hasta US$4.9 millones en sobornos por parte de la empresa Odebrecht, las obras quedaron inconclusas y otras se quedaron a medias.
El contrato aprobado con Odebrecht en el año 2012 otorgaba un plazo de hasta 15 años para el desarrollo de las obras. Ese mismo año, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que dicho puente presentaba daños estructurales.
¿Qué pasó después?
En julio de 2022, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, se realizó una nueva adjudicación para la construcción del puente gemelo.
El CIV, en ese tiempo dirigido por Javier Maldonado, lanzó un proceso de licitación para el diseño y construcción del puente paralelo vehicular Nahualate.
A través del oficio 1608-2022 del CIV, se indica que dicha adjudicación se realizaría a través de un procedimiento de excepción, amparado en el Decreto 3-2022 del Congreso de la República, mediante el cual se aprobó un Estado de Calamidad en Suchitepéquez y otros departamentos.
Según el portal Guatecompras, la adjudicación se otorgó el 21 de junio de 2022 a la empresa Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, por un monto de Q49 millones 090 mil 215.05.
En julio de 2022, el CIV otorgó una adjudicación por Q2 millones 596 mil 160 a la entidad B&T Consultores, Sociedad Anónima, para la supervisión técnica, administrativa y ambiental del proyecto.
La empresa Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, ha sido vinculada al exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos.
Pronunciamiento del sector privado
La semana pasada, la Cámara de Industria de Guatemala emitió un comunicado en el que señala que el colapso del puente Nahualate ocasionaría “un impacto severo en la logística del país”. Agregan que se verían afectadas las mercancías que circulan dentro del país y hacia Centroamérica.
“Hacemos un llamado a las autoridades del CIV para que realicen las intervenciones urgentes en los puntos críticos de la red vial del país que han sufrido daños en los últimos días, así como en las otras rutas estratégicas del país que han sido afectadas”, se lee en el comunicado.
La Cámara Guatemalteca del Transporte de Carga también emitió un comunicado en el que solicita al titular del CIV atender la problemática “con urgencia” y solicitaron al cuerpo de Ingenieros del Ejército que interviniera.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también se pronunció y dijo que cada vez son más las rutas que se ven afectadas “por la falta de mantenimiento e inversión”.
La Cámara del Agro también exigió al CIV “priorizar los proyectos estratégicos ya asignados”.
Daños históricos en el puente
El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, indicó en conferencia de prensa que dicho puente ha sufrido daños a lo largo del tiempo y que el pasado fin de semana se pudo evidenciar que hay deterioros que han sido ocasionados por accidentes, los cuales fueron “chapuceados”, sin atender los cálculos estructurales del puente.
“Estamos ante un puente que tiene ciertas fragilidades”, señaló el ministro, y recordó el contrato que Covial firmó con la empresa Andria, Sociedad Anónima para el mantenimiento permanente del puente.
“Este es un contrato que se realizó en la administración anterior y que también se quedó suspendido como parte de los proyectos de decreto, que por estar mal legislados y contratados la Contraloría General de Cuentas terminó denunciando”, dijo.
Este contrato fue otorgado a Andria en junio de 2022 por un monto de Q53 millones 287 mil 980, también amparado en el Estado de Calamidad aprobado en ese entonces.
Alvarado dijo que en julio recibieron un aviso de parte de la empresa sobre los daños en el puente, pero aseguró que no podían intervenir en ese entonces, sino hasta septiembre cuando el Congreso aprobó la ampliación presupuestaria.
