Foto: In These Times
Las congresistas piden que el apoyo se enfoque “en la creación de un mecanismo de supervisión compuesto por expertos internacionales independientes para monitorear el proceso de selección de jueces y evitar que los tribunales sean infiltrados por individuos comprometidos”.
En esta carta, las congresistas destacaron la preocupante erosión de la democracia y el estado de derecho en Guatemala, a pesar de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024. Señalan que en Guatemala son persistentes los problemas relacionados con el acceso a la justicia, y la impunidad siguen siendo desafíos críticos.
Uno de los puntos focales de la carta es la preocupación por la falta de independencia del sistema judicial guatemalteco. Torres y Ramirez, detallan como antecedente que en noviembre de 2023, se nombraron nuevos jueces de la Corte Suprema de manera irregular, a través de un proceso que carecía de independencia e imparcialidad, quienes estarán en sus cargos hasta octubre de 2024.
Además, resaltan que figuras clave, como el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, Nester Vásquez Pimentel, han sido sancionados por el gobierno de los EE. UU. por socavar procesos democráticos y manipular el nombramiento de jueces.
«El actual presidente de la CC, Nester Vásquez Pimentel, ha sido sancionado por socavar procesos o instituciones democráticas abusando de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces a altos cargos judiciales», destaca la carta.
La misiva también subraya la importancia de la próxima elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones para el periodo 2024-2029, que será llevada a cabo por el Congreso de Guatemala.
En este contexto, las legisladoras apoyan la solicitud del presidente Arévalo a la OEA para establecer una misión de observación internacional que garantice un proceso de monitoreo integral y transparente. También propone que el Departamento de Estado apoye esta observación.
La carta propone varias medidas específicas para garantizar la integridad y transparencia del proceso de selección de jueces, incluyendo:
- Asegurar la transparencia en la selección de los miembros de las comisiones de nominación.
- Requerir a los candidatos que completen un cuestionario detallado y proporcionen el consentimiento necesario para verificar sus antecedentes.
- Monitorear exhaustivamente los antecedentes penales, académicos y laborales de los candidatos.
- Establecer un canal confidencial para recibir denuncias de mala conducta por parte de los candidatos.
«Le instamos a hacer todo lo posible para apoyar al pueblo guatemalteco en su lucha por una judicatura verdaderamente independiente y creíble que proporcione justicia para el pueblo», concluye la carta.
OEA designó a miembros de misión
Ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que se ha designado a los integrantes de la Misión Especial de Observación Electoral que estará presente en Guatemala durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, a solicitud del presidente Bernardo Arévalo. Las personas designadas son Rosa Celorio, Rodolfo Piza y Luiz Marrey y llegarán al país en las próximas semanas.
Actualmente, el proceso avanza con la elección de integrantes de las Comisiones Postuladoras. El pasado 6 de junio, fueron electos como presidentes de la comisión para la elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, el rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), el sacerdote Miquel Cortés y el rector de la Universidad InterNaciones, Raúl Arévalo, respectivamente.
La Corte de Apelaciones también eligió a 12 representantes que integrarán la Comisión de Postulación que nominará a aspirantes a magistrados de la CSJ, algunos de ellos vinculados a personajes señalados de corrupción.
Según el Movimiento Pro Justicia, las planillas que compitieron para ganar escaños dentro de la Comisión de Postulación están vinculadas a figuras como Néster Vásquez, actual magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), al exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), Estuardo Gálvez, y al abogado Roberto López Villatoro, alias “el Rey del Tenis”.
