En un comunicado de prensa conjunto publicado este 26 de marzo, las entidades señalaron que la decisión de revocar las medidas sustitutivas de arresto domiciliario y ordenar nuevamente su encarcelamiento podría vulnerar su derecho a un juicio justo y comprometer la independencia judicial en Guatemala. También destacaron las denuncias sobre amenazas a operadores de justicia relacionadas con este caso.
La CIDH y las Relatorías de la ONU recordaron que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y proporcional, respetando el principio de presunción de inocencia. Enfatizaron que, a pesar de la ausencia de riesgo de fuga y el reconocimiento judicial del exceso en el tiempo de detención, Zamora sigue privado de su libertad. Además, señalaron su preocupación por la demora en la resolución de un recurso de amparo pendiente ante la Corte Suprema de Justicia.
El comunicado advierte que el caso de José Rubén Zamora, quien ha estado encarcelado por más de 800 días desde su detención en 2022, se ha caracterizado por dilaciones procesales y aparentes represalias por su trabajo periodístico en la investigación de corrupción en Guatemala.
Zamora fue devuelto a prisión el 10 de marzo luego de que el juez Erick García, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, revocara de oficio su arresto domiciliario, en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones.
Esta sala anuló previamente las decisiones que otorgaban medidas sustitutivas a Zamora, argumentando que no correspondía su liberación bajo arresto domiciliario.
Durante la audiencia en la que se ordenó su reingreso a prisión, el juez García manifestó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de individuos desconocidos, lo que generó preocupaciones adicionales sobre la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia en Guatemala.
