Roberta Clarke, presidenta de la CIDH: Foto: Carlos Alonzo
Según la CIDH, durante la visita recibieron información sobre el temor que existe en las personas de ser investigados por el Ministerio Público (MP) o que ya están siendo investigadas, solo por ejercer sus derechos o funciones.
“Otro patrón común es que las personas afectadas han criticado las políticas o la actuación de ciertas entidades estatales. Algunas manifestaron haber pasado mucho tiempo en prisión preventiva por acusaciones penales derivadas de la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, o del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión”, señala el informe preliminar de la CIDH.
La CIDH mencionó que en la reunión que sostuvieron con el MP, se negó la existencia de un patrón de criminalización y que argumentaron que tienen como mandato constitucional investigar todas las denuncias que reciben, sin distinción alguna.
“En este sentido, insistió en que se trata de una institución autónoma e independiente, que aplica de manera objetiva la Constitución y las leyes guatemaltecas”, indicaron.
Patrones de instrumentalización de la justicia
No obstante, la CIDH señala que, con base en la información que les proporcionaron, identificaron al menos cinco patrones que evidencian una instrumentalización del derecho penal en Guatemala, los cuales son:
- La interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona.
- La presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas.
- El uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados.
- El uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas.
- Las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes.
“Ante el patrón de criminalización generalizada en contra de ciertos perfiles o grupos de personas, la CIDH urge a los tribunales de justicia, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte de Constitucionalidad, a cumplir efectivamente con su obligación y función de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad para limitar el ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”, indicaron.
La CIDH calificó como “apremiante” que se adopten reformas legales para que se asegure la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
Riesgo para la libertad de expresión
En su informe preliminar, la CIDH también resalta que identificaron en Guatemala un ambiente restrictivo y de riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala.
“Se recibieron reportes de amenazas, obstáculos en el acceso a la información, restricciones a la cobertura periodística, criminalización, presiones económicas a medios de comunicación y ataques en redes sociales a través de netcenters”, indicaron.
Mencionaron que esta situación está ocurriendo a través de lo que se expuso sobre la instrumentalización del sistema penal, esto con el objetivo de silenciar voces críticas.
Resaltaron el caso del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, situación por la que recibieron denuncias sobre tortura y condiciones inhumanas de detención en las que se ha encontrado.
La CIDH mencionó también que en la visita observaron graves obstáculos para la labor de las radios indígenas y periodistas comunitarios en Guatemala.
