El caso contra jueces de Alta Verapaz, señalados de tener “relaciones sentimentales con menores” y de ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral, se comenzó a dilucidar el lunes 10 de febrero en uno de los juzgados de la Torre de Tribunales.

Sin embargo, ningún juez conocerá el proceso, pues es la Junta de Disciplina Judicial del OJ la que tiene a su cargo decidir si los sanciona administrativamente o si actúa penalmente contra los acusados. 

La primera audiencia comenzó ayer con la declaración de siete de 20 testigos propuestos por la Supervisión General de Tribunales que ha tenido a su cargo la investigación. La denuncia contra los jueces fue presentada por el Observatorio Ciudadano para la Paz de Alta Verapaz en 2023.

Integrantes del Observatorio manifestaron a este medio que estaban “sorprendidos y preocupados” de haber sido citados junto al resto de testigos, pues habían solicitado el anonimato. 

Los señalamientos fueron vertidos contra personal de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz y también a personal del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Carchá. 

Los testimonios que escuchó la Junta de Disciplina coincidieron en que el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y tres jueces de ese departamento “ingresaban señoritas menores de edad sin registro alguno” a la judicatura, frecuentaban una “cantina” cercana a la oficina y después regresaban a sus labores con olor a licor. 

Durante las declaraciones se presentaron en una pantalla gigante fotografías y videos como pruebas contra los señalados. Walter Fabricio Rosales Hernández y José Alfredo Quiñones Lemus, ambos presidentes del Tribunal Primero y Segundo; así como Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen Botzoc han incurrido en esos actos, según los testimonios. 

eP Investiga publicó en diciembre un informe al que tuvo acceso en el cual se relata que, mientras la Supervisión realizaba la investigación, Yvette Matta, secretaria del juzgado de Paz de San Pedro Carchá, alertó al personal sobre la presencia de los investigadores. Por lo que se solicitó sancionarla de manera administrativa. 

La próxima audiencia quedó programada para el 28 de febrero a las 8:30 de la mañana. Los miembros del Observatorio comentaron que los jueces no han sido suspendidos ni separados de sus cargos a pesar de las faltas y que temen represalias.