Los resultados de la investigación del MP sobre el caso B410 se dieron a conocer en una conferencia de prensa liderada por Mario Pérez, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos.

El funcionario mencionó que únicamente en 207 sociedades anónimas está registrado el domicilio fiscal del notario David Francisco Barrera Maldonado, quien hoy fue detenido, y de esas únicamente están activas o vigentes 57. “La investigación ha establecido que 10 sociedades anónimas que se relacionan al grupo B410 pudieran estar relacionadas con el notario Barrera Maldonado y que han operado de forma irregular”, agregó.

Durante la jornada, el MP ejecutó 18 allanamientos en los municipios de Cobán en Alta Verapaz, Mixco, San Juan Sacatepéquez, Antigua Guatemala y la ciudad capital. Según explicó el fiscal regional Dimas Jiménez y Jiménez, estos permitieron hacer efectivas tres capturas relacionadas con el caso. Barrera Maldonado, notario implicado en la creación y venta de sociedades anónimas; Éder Medardo López Morales, jefe de Compras y Contrataciones del Hospital San Juan de Dios; y Carlos René Ayala Morales, representante legal de PCS Constructores. 

Creación y venta de sociedades fantasma

La investigación del MP reveló un esquema liderado por Barrera Maldonado, quien facilitaba la creación y venta de sociedades anónimas con fines ilícitos. Según la investigación y los hallazgos presentados en conferencia de prensa, el proceso constaba de seis etapas principales:

1. Barrera Maldonado registraba las sociedades con información falsa y direcciones inexistentes.
2. Personas interesadas en adquirir sociedades anónimas lo contactaron directamente.
3. Barrera proporcionaba un listado de sociedades anónimas disponibles, listas para operar.
4. El notario cobraba Q13 mil por la venta de cada sociedad anónima.
5. Una vez seleccionado el nombre, los compradores debían transferir el 50% del valor acordado a su cuenta bancaria personal.
6. Barrera Maldonado figuraba como accionista y representante legal, registrando su casa de habitación en la colonia Bambi, zona 7, como domicilio fiscal. Además, cobraba Q1 mil 575 adicionales por “arrendar” la dirección inexistente.

Durante los allanamientos, el MP secuestró el móvil del notario, donde se hallaron conversaciones y evidencias que revelan cómo operaba el proceso de creación y venta. 

El fiscal Mario Pérez detalló que así “se logró establecer el modo en que se operó para la creación de las distintas sociedades anónimas. Desde los contactos con clientes, las transferencias y el uso de una dirección inexistente para evitar ser fiscalizados”.

La información también permitió rastrear pagos, compradores y sociedades involucradas, confirmando la participación de bufetes legales y otros actores en la adquisición de estas empresas.

“El objeto de no figurar una dirección real o una dirección inexistente es precisamente evadir ser fiscalizados por la Superintendencia de Administración Tributaria”, explicó el fiscal Mario Pérez, al detallar cómo este esquema permitió operar a 410 sociedades registradas, de las cuales solo 10 fueron identificadas como activas e irregulares dentro del esquema.

Engañaron a mujeres para crear empresas

Según lo revelado por las autoridades de investigación, 22 mujeres, en su mayoría amas de casa, fueron utilizadas para crear empresas ficticias a través de agencias virtuales. Según explicó el MP, una persona, haciéndose pasar por representante de una ONG, ofreció un apoyo económico de Q200 a cambio de datos personales y grabaciones de videos identificativos.

“El objetivo de este video era precisamente la creación de agencias virtuales”, aclaró el fiscal Pérez. Estas mujeres, residentes de Mixco, entregaron sus datos y fueron registradas como representantes de negocios virtuales sin su conocimiento. Estas empresas emitieron facturas irregulares y facilitaron posibles delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Estas agencias virtuales se registraron en el sistema tributario y se afiliaron al régimen de factura electrónica, permitiendo la emisión de facturas irregulares con montos entre Q1 mil y Q29 mil. El objetivo de este límite era evitar la bancarización y así esquivar la fiscalización por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Las víctimas, en su mayoría amas de casa, fueron engañadas con la promesa de un beneficio económico. Posteriormente, sus datos fueron utilizados para registrar empresas que operaban con fines de defraudación tributaria”. Sin embargo, el MP no ha podido identificar al supuesto estafador.

Contrataciones irregulares en el Hospital San Juan de Dios

La investigación también reveló un esquema de corrupción relacionado con contrataciones irregulares en el Hospital San Juan de Dios, que involucra a exfuncionarios y empresas fantasma. Según el MP, entre 2021 y 2023, se adjudicaron contratos por más de Q7.5 millones a una empresa identificada como Grupo Propel. Estas contrataciones incluían servicios de remozamiento y mantenimiento que nunca se realizaron.

El fiscal Pérez detalló que algunos contratos fueron fraccionados deliberadamente para evitar procesos de licitación, asignando montos menores a Q90 mil. 

Entre los servicios contratados, pero no ejecutados, destacan el mantenimiento de redes de drenaje, colocación de cielo falso y remozamiento de paredes. Además, el MP asegura que se comprobó que Grupo Propel no contaba con infraestructura operativa, personal ni capacidad instalada para prestar los servicios ofrecidos.

MP descarta, de momento, investigación contra exfuncionarios

Ante la consulta sobre una posible vinculación del exmagistrado José Alexander Ortiz con el caso B410, debido a que compartía oficina con David Francisco Barrera Maldonado, el fiscal Pérez aclaró que no existe, de momento, una investigación en su contra. 

“No tenemos información relacionada. Sin embargo, estamos dando seguimiento al análisis financiero derivado del dispositivo del notario Barrera Maldonado. Hasta no agotar ese análisis, no podemos descartar ninguna situación que pudiera estar vinculada con dicha persona”, dijo.

Asimismo, cuando se preguntó si existen implicaciones contra altos mandos del gobierno anterior o si el MP considera la presentación de antejuicios, Pérez fue enfático en señalar que no hay, por ahora, ningún indicio que involucre a exfuncionarios.

Al cuestionar al MP sobre una posible vinculación del caso con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno en el gobierno anterior, el fiscal Jiménez y Jiménez rechazó que el ente investigador actúe bajo presión mediática o social. 

“Las investigaciones responden a plazos y al debido proceso, no a ninguna presión periodística o social. No podemos llevarle al juez una investigación debilitada […] Si resultara involucrado cualquier funcionario o empleado público, por supuesto que el MP presentará las acciones que el derecho exige”.

A pesar de los allanamientos de este día, aún hay personas señaladas pendientes de ser detenidas. Este es el listado de los involucrados según el MP: 

1. Gerardo David Hernández García, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, por el delito de fraude.
2. Julio Edgardo Ajanel León, asistente de ingeniería del Hospital General San Juan de Dios, por fraude.
3. Walter Arnoldo Castillo Cordón, encargado del presupuesto del Hospital General San Juan de Dios, está implicado en el delito de fraude.
4. Jorge Antonio Flores Escobar, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, señalado por fraude.
5. Antonio José Fernández Rodríguez, representante legal de Grupo Propelas S.A., enfrenta cargos por estafa, testaferrato y lavado de dinero.
6. Luis Ernesto López Díaz, subdirector de Mantenimiento del Hospital General San Juan de Dios, acusado del delito de fraude.
7. Danilo Valenzuela González, gerente administrativo-financiero del Hospital General San Juan de Dios, fue señalado por fraude.
8. Mario Estuardo Santos Hernández, representante legal de Servicios de Ingeniería S.A., está implicado en defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
9. Carlos Rubén Baldomero Tot Chen, representante legal de Constructora y Transportes J.P. S.A., enfrenta cargos por casos especiales de defraudación tributaria.
10. Alba Luz Duque Girón, propietaria de la Empresa Mercantil “XV”, está acusada de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. No se le giró orden de captura por motivos de salud.
11. José Gaudencio Loarca Chávez, representante legal de VAT S.A., fue señalado por casos especiales de defraudación tributaria.