^{Foto: Carlos Alonzo}

Según el artículo 126 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la presidencia del TSE debe ser ejercida de manera rotativa por los magistrados titulares en períodos iguales. Pero el magistrado Gabriel Aguilera, junto con los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, enfrenta un proceso penal por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones generales de 2023.

En noviembre de 2023, el Congreso de la República le retiró la inmunidad, permitiendo que el Ministerio Público lo investigue por posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

El 12 de abril de 2024, el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Karen Chinchilla, confirmó la prohibición de los magistrados para ejercer sus funciones en el TSE.

En mayo de 2024, los magistrados interpusieron un amparo en contra de la suspensión de sus cargos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, aunque no fue otorgado de manera provisional, la resolución en definitiva está pendiente. Posteriormente, en julio de 2024, los magistrados apelaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la resolución de la CSJ, pero ésta mantuvo su suspensión por considerar que la acción legal fue presentada fuera de tiempo.