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Se espera que el próximo 23 de septiembre, las Comisiones de Postulación entreguen las nóminas para que se inicie el proceso para renovar las magistraturas, casi un año después de que la anterior Legislatura renovó de forma tardía las Cortes, luego de que los anteriores magistrados prolongaran por cuatro años más sus funciones tras las irregularidades detectadas en el proceso de las postuladoras en 2019.
Sin embargo, el actual proceso no ha estado exento de polémicas según las posturas de organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales, quienes han expresado preocupación por los criterios y decisiones tomadas por los comisionados.
Representantes de Alianza por las Reformas indicaron que el proceso de las Comisiones de Postulación ha tenido características regresivas y antidemocráticas, citando como un ejemplo las limitantes para que la ciudadanía presentara tachas contra aspirantes.
Para la organización, la forma en cómo quedó el reglamento de las postuladoras inhibió la presentación de impedimentos por parte de la población, quienes desistieron de hacerlo debido a las limitaciones.
“Pensaron que era tiempo perdido porque pensaron que lo iban a descartar, entonces hubo un efecto inhibitorio de la participación ciudadana directo, efectivo y real”, afirmaron.
Sobre el tema de las entrevistas, la Alianza sostiene que existía la posibilidad de hacer entrevistas a los aspirantes de no haber perdido 20 días en la discusión de la sede, aunque mencionaron que no hay posibilidad de medir la calidad de la información que brindaran los postulantes debido a la forma en que están diseñadas las tablas de gradación.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señala que en la tabla de gradación se ha privilegiado la trayectoria profesional y no necesariamente la experiencia, y explicó que con esto se están afectando a los jueces de carrera.
“En este momento estamos viendo cómo en la trayectoria profesional los jueces están siendo abatidos. Como son de carrera judicial, hay una interpretación predominante en la Comisión de Postulación que le anula a los jueces la carrera judicial, que le anula la experiencia en la administración de justicia”, dice.
Ante esto, Ibarra menciona que la tabla de gradación está mal diseñada y beneficiará a aquellos aspirantes que están fuera de la carrera judicial, tanto para CSJ como para la Corte de Apelaciones, y dará puntos por todos lados a aquellos magistrados que buscan su reelección y a los profesionales que han ejercido la profesión de manera liberal.
“La tabla para Corte de Apelaciones, si bien le da espacio a la carrera judicial, no le da ninguna ventaja sobre el ejercicio profesional liberal”, dijo Ibarra. “No se está privilegiando la carrera judicial como debió haber sido la realidad”, afirmó.
También cuestionó que exista una alta ponderación a los méritos académicos, ya que esto ha propiciado que se den casos de tesis plagiadas y hasta doctorados falsos.
Sobre el tema de las entrevistas, Ibarra considera que no tenían el tiempo necesario debido a la cantidad de aspirantes en el proceso. Sobre el tema de las limitaciones para la presentación de tachas mencionó que fue una decisión antidemocrática.
Observadores critican proceso
Uno de estos ejemplos es el informe preliminar presentado recientemente por el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), en el cual destacan aspectos que han afectado el desarrollo óptimo del trabajo de las postuladoras.
Entre esos aspectos están las limitaciones que enfrentó la ciudadanía para presentar tachas contra aspirantes a las magistraturas, pues sólo serían tomadas en cuenta sentencias en firme. Esto quedó en evidencia en la postuladora de la CSJ, donde los comisionados aceptaron una de 32 tachas presentadas.
El PEI-GT calificó como “grave” ese aspecto, ya que se excluyen aspectos y antecedentes que pueden demostrar la falta de honorabilidad y ética en aspirantes a las magistraturas, resaltando que la participación ciudadana es clave en estos procesos.
Además, señalaron que el no realizar entrevistas a las y los aspirantes supone “un grave retroceso frente a otros procesos similares”.
También criticaron la alta ponderación que las postuladoras dieron en la tabla de gradación a quienes hayan ejercido magistraturas por más de 12 años, asegurando que esto favorece y busca privilegiar a quienes actualmente están en los cargos.
