En la conferencia de prensa de este lunes 15 de julio, cuando el presidente Arévalo anunció los cambios dentro de su gabinete, este medio consultó si están analizando desde la presidencia las prerrogativas de seguridad con las que cuentan funcionarios y exfuncionarios, principalmente diputados del partido Vamos.
“Sí. De hecho, lo que hemos ordenado es una revisión de todos los protocolos de todas las personas que están recibiendo protección. Estas son decisiones que se toman en determinado momento a partir de informes de nivel de riesgo o de decisiones que se toman a nivel ministerial. Y estamos en el proceso de hacer una revisión de todas ellas para actualizarlas”, anunció el presidente. Añadió, además, que “muy pronto” tendrán un informe.
eP Investiga reveló en una reciente publicación que 17 diputados del partido Vamos están siendo protegidos por la Policía Nacional Civil (PNC) con 64 agentes asignados. Entre ellos, 15 miembros del Congreso y dos del Parlacen, algunos de los cuales tienen vínculos con el narcotráfico.
Algunas de estas designaciones de seguridad se realizaron por órdenes de los directores de la PNC sin un análisis de riesgo claro.
Uno de los casos es el del diputado Carlos Roberto Calderón Gálvez, quien organizó el 1 de noviembre de 2022, una fiesta en su residencia en la cual una joven falleció en circunstancias sospechosas. Calderón ha tenido cuatro agentes asignados desde marzo de 2020.
Otros miembros de Vamos, como Allan Rodríguez Reyes, Boris España Cáceres y Carlos Napoleón Rojas Alarcón, han sido señalados por corrupción y sobornos y también cuentan con protección de la PNC.
Allan Rodríguez, expresidente del Congreso, obtuvo seguridad personal antes de las protestas por la aprobación del presupuesto en 2020. Boris España, relacionado con el partido Todos, recibió seguridad de la PNC por su cercanía con la administración anterior y también ha sido acusado de corrupción.
Otros beneficiados incluyen al diputado por Chimaltenango, Maynor Gabriel Mejía Popol, quien ha sido vinculado a contratos estatales millonarios a través de familiares y amigos, y Sofia Jeaneth Hernández Herrera, ligada a la organización criminal «Los Huistas». Miembros de su familia han recibido condenas y acusaciones relacionadas con el narcotráfico.
