Arévalo: “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”

La actual jefa del Ministerio Público (MP) ingresó a la institución y fue la principal aliada del expresidente Jimmy Morales y de Alejandro Giammattei, quien la reeligió para un periodo más. El año pasado fue una de las principales operadoras para la criminalización e intento de golpe de Estado tras la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Ahora, el gobierno busca su remoción.

Denis Aguilar     mayo 6, 2024

Última actualización: mayo 5, 2024 10:29 pm

El presidente Arévalo presentará ante el Congreso la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la cual, si logra los votos necesarios, plantean remover a la Fiscal General de su cargo.

En la cadena nacional del 5 de mayo, enfatizó que Porras utilizó el MP para atacar la democracia del país y criminalizar, situación que debe terminar.

¿Quién es Consuelo Porras?

María Consuelo Porras Argueta ha ocupado el cargo de Fiscal General desde el 2018 con Morales. En abril de 2022, anunció su intención de buscar un segundo mandato al frente del MP. A pesar de señalamientos y oposición, fue designada por el presidente Giammattei para el nuevo período constitucional, convirtiéndose en la primera Fiscal General reelecta en Guatemala.

Antes de asumir el cargo de Fiscal General, Porras fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) entre 2016 y 2018.

La tesis y la polémica

Porras se vio envuelta en una controversia relacionada con su tesis doctoral. Según las denuncias, habría plagiado fragmentos de otro documento universitario para obtener su título de doctora en Derecho. 

El descubrimiento del plagio fue realizado en 2021 por Mario Fonseca, doctor en Filosofía Política, quien publicó su hallazgo en el blog “#ReFundaciónYa”.

La jefa del MP negó que se tratara de un plagio y afirmó que había seguido todos los procedimientos exigidos por la Universidad Mariano Gálvez (UMG) para la aprobación de su tesis.

El abogado Benigno Ramírez Choc, autor de la tesis que Porras utilizó para su doctorado, falleció en 2016. La comparación entre el trabajo de Ramírez Choc y el de Porras reveló que la Fiscal General había copiado gran parte del trabajo del abogado, según Marco Fonseca.

Derivado de esta situación, Porras amenazó a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, advirtiendo que revisar su tesis constituiría una intromisión en las universidades o las facultades de Organismos Jurisdiccionales, lo que podría conllevar responsabilidades penales.

Sanciones en 42 países 

Porras y otros operadores de justicia han enfrentado sanciones de la comunidad internacional debido a su presunta participación en acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país, lo cual se derivó principalmente del proceso electoral del 2023.

El Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Porras y al actual secretario general del MP, Ángel Pineda, por obstruir e interferir en investigaciones de actos de corrupción.

Porras y Pineda fueron incluidos en la “Lista Engel” por supuestamente participar en hechos significativos de corrupción.

El Consejo de la Unión Europea sancionó a María Consuelo Porras y a otros cuatro funcionarios guatemaltecos por llevar a cabo “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.

Estas medidas restrictivas incluyen la prohibición de ingreso a los territorios de los países miembros de la UE y la congelación de activos.

Además de Porras, también fueron sancionados su mano derecha y secretario general del MP, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales, y el juez penal Fredy Orellana.

Estas sanciones se aplicaron después de la arremetida del MP en contra de los resultados electorales de 2023, que dieron la victoria al presidente Arévalo. 

Los funcionarios fueron acusados de intentar dar un golpe de Estado para impedir la investidura del mandatario.

Canadá también se unió a estas sanciones aplicadas contra Porras, las cuales también alcanzaron a Cinthia Monterroso, Rafael Curruchiche y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez. Ese país dijo que aplicaron estas sanciones debido a sus intentos de socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

El último país en adherirse a las sanciones fue Suiza. La prohibición de ingreso y la congelación de activos afectan a Porras y a los otros funcionarios mencionados.

Son 42 los países que tomaron estas medidas, algunos son: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

Pulso entre Porras y Arévalo 

El presidente dijo que al tomar posesión se reuniría con Porras, para pedirle su renuncia. La citó a su despacho el 24 de enero de 2024, pero la jefa del MP, en un video difundido en redes sociales, anunció que no asistiría y, además, no tenía intención de dejar el cargo. 

Luego de esto, Porras inició una gira de reuniones con diputados de diferentes bancadas como Valor, Vamos, Unionista, UNE, entre otras. 

También, tuvo acercamiento con alcaldes y con la Asociación Nacional de Alcaldes (Anam).

El 29 de febrero de este año, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Guerrero, presentaron una querella contra la fiscal por retirarse de la reunión con el presidente. Con esta buscan el retiro de antejuicio. 

El 8 de abril, el gobierno solicitó una opinión consultiva a la CC sobre la idoneidad de Porras para permanecer en el cargo. De esta aún se espera respuesta. 

El más reciente intento para removerla del cargo es la reforma a la Ley Orgánica del MP, con la cual dejarán en el Congreso la responsabilidad de votar a favor o en contra.

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