Si bien la obligatoriedad para tener un seguro en los vehículos está vigente en la Ley de Tránsito promulgada en 1996, ningún gobierno lo ejecutó hasta ahora, luego de que el Ministerio de Gobernación publicó cuatro acuerdos gubernativos para reglamentar. Sin embargo, las críticas surgen principalmente porque esto afectará económicamente a las personas.

Esta situación ha generado críticas hacia el gobierno de Bernardo Arévalo por la forma en la que se anunció la medida. 

Así lo expresa el educador vial, Saúl Calderón, quien asegura que la forma en la que el Ejecutivo dio a conocer la medida se puede considerar como una “mala estrategia”. Agrega que el rechazo a la medida también se ha dado porque en Guatemala no existe una cultura de tener seguros. 

“Como es algo que no se nos había impuesto, no hay una sanción todavía. Siempre y cuando no haya sanciones, los guatemaltecos no van a hacer caso o no vamos a hacer caso a las normas que existan”, dice Calderón.

Además, el educador vial señala que es complicado implementar el seguro en un plazo de 45 días, por lo que la medida se tuvo que haber aplicado de una forma escalonada. 

“Por ejemplo, empezar con los vehículos de una gama más alta, ir bajando poco a poco, para que se pudiera ir creando en toda la sociedad la cultura de que sí es importante tener un seguro”, comentó. 

Asimismo, Calderón enfatizó que cualquier norma se puede cumplir siempre y cuando exista suficiente información, asegurando que en la actualidad existen las herramientas necesarias para que el mensaje sea más certero. 

Para el experto, una forma de solucionar la crisis actual que han generado bloqueos, es que las autoridades retraigan temporalmente la medida y luego se vaya aplicando de forma escalonada, dado que la resistencia a la medida es debido a que toca los bolsillos de las personas. 

Mala ejecución

El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, publicó un análisis en su cuenta de X sobre la implementación del seguro obligatorio para vehículos, señalando que el gobierno hizo una mala ejecución del reglamento. Remarca que no hay una campaña de educación ni mecanismos claros de fiscalización.

“La idea de exigir seguro contra terceros no es desproporcional ni arbitraria. En otros países es norma y tiene sentido: quien conduce, asume riesgos. Si bien tiene un costo, también previene problemas mayores”, dijo. 

También calificó como “razonable” la medida de un seguro, porque el riesgo de accidentes de tránsito es real en Guatemala. Ortíz publicó el dato de que entre enero y febrero hubo 1,111 accidentes en Guatemala.

Por otro lado, recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) en una resolución exhortó al gobierno a implementar un reglamento para hacer cumplir el artículo 29 de la Ley de Tránsito, que establece la obligatoriedad de un seguro para cualquier tipo de vehículo que tenga autorización de circulación. 

No obstante, enfatizó que la ejecución del Ejecutivo ha sido mala, pero que hay un objetivo correcto. 

“El objetivo es correcto, la ejecución es mala. Una medida como esta necesita educación y un tiempo razonable para implementarse. Se requiere comunicación con actores clave, aseguradoras y autoridades para garantizar una transición adecuada”, dijo.

Los desacuerdos y la oposición 

Para el investigador social, Miguel Ángel Balcárcel, la actual situación por el seguro obligatorio hace más evidente los niveles de desacuerdo y de polarización que existen actualmente por diversas causas, no solo la cuestión política e ideológica. 

Balcárcel afirma que esto pone en evidencia desacuerdos desde perspectivas económicas y culturales hacia la actual gestión gubernamental, lo cual es aprovechado por los sectores opositores a Bernardo Arévalo.

“Tiene una oposición (Bernardo Arévalo) que trata de sacar raja de los momentos, entre comillas, de debilidad. Hay un dicho que refiere que en política la forma es el fondo; aquí lo que uno ve es que el fondo es correcto, pero la forma es la que no funcionó”, afirmó.

Balcárcel comentó que, a pesar de las medidas tomadas por grupos de personas, hay sectores que consideran correcta la medida del Ejecutivo, agregando que es importante considerar los factores para una movilización responsable en las rutas. 

El analista considera que aplicar de forma escalonada el seguro podría ser una manera en la que el gobierno pueda salir de esta crisis.

Para Balcárcel, otro error cometido por el gobierno fue posiblemente no haber negociado con las aseguradoras el tema de las tarifas y primas a pagar.

Diputados y políticos opositores han criticado al gobierno de Bernardo Arévalo por la implementación de la obligatoriedad del seguro para todo tipo de vehículos. Incluso, se han presentado varios amparos, algunos de los cuales ya fueron tramitados por la CC.

La excandidata a la presidencia, Sandra Torres, criticó la medida del Ejecutivo por el seguro obligatorio; posteriormente, diputados de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentaron una acción de amparo. De igual forma, el partido político Todos y el diputado del bloque VOS, José Chic. 

Sin embargo, el gobierno ha resaltado que esta medida busca garantizar el cumplimiento de la ley, afirmando que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el país.

El gobierno afirmó que la misma CC recomendó al gobierno la implementación de un seguro obligatorio. Afirmaron que el proceso de aprobación de los reglamentos se inició hace más de un año.

La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito ha expresado su satisfacción por la implementación del seguro obligatorio, afirmando que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Guatemala.

Hasta el momento, el presidente Bernardo Arévalo no se ha pronunciado sobre la crisis actual; únicamente funcionarios del Ejecutivo han liderado las conferencias de prensa. Hoy, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, confirmaron que mantendrán diálogos con distintos sectores para atender las inconformidades.