Foto: Denis Aguilar
El informe detalla que existe un patrón de criminalización para desmantelar la lucha contra la corrupción, el cual va acompañado de un patrón de hostigamiento y estigmatización que incorpora violencia de género para exponer a las mujeres que son criminalizadas.
Este documento destaca los casos de la exjueza Erika Aifán, la exfiscal Virginia Laparra, las exauxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán, así como el de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
“Todo esto ocurre en el mundo judicial con acciones coordinadas, tanto de la Fiscalía y del Organismo Judicial, pero además estas acciones coordinadas se complementan con procesos de hostigamiento y de estigmatización pública”, dijo a eP Investiga Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Piquer explica que estos procesos de hostigamiento van en paralelo con las acciones judiciales y se hacen en espacios públicos, incluso en las mismas audiencias.
“Los querellantes adhesivos que aparecen en la causa hacen comentarios de amenazas, hacen comentarios misóginos en contra de las mujeres operadoras de justicia, sin que la Fiscalía y los jueces hagan algo por detenerlo”, dijo.
El rol de los “netcenters”
Aunado a lo anterior, está el rol de los netcenters, que utilizan las redes sociales para difundir información falsa y para denigrar a las personas que están siendo criminalizadas.
Además, resaltó que en muchos casos los “netcenters” difunden información reservada sobre los procesos judiciales, adelantando acciones que las Fiscalías realizarán, como allanamientos u órdenes de captura.
“Todo esto, que además se está repitiendo y expandiendo, obedece en definitiva a una acción coordinada que se repite, no es un caso individual aislado, sino que es un patrón que se está repitiendo”, afirmó Piquer.
Esa situación resultó en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarara que en Guatemala existe una “criminalización sistemática”, debido a la coordinación que se da para estos casos.
Piquer explica que las denuncias “no tienen absolutamente ningún fundamento” y que en condiciones normales estas acciones serían desechadas.
“No solo no las desechan, sino que a veces se gastan meses y hasta años en continuarlas, en extenderlas, en hacer diligencias y en mantener a las personas privadas de su libertad”, señala.
Señala que en el caso de las mujeres operadoras de justicia que están siendo criminalizadas viven un doble castigo, que es por defender derechos y por su condición de mujer.
Ante este panorama, Amnistía Internacional pidió poner atención al proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, esto con el propósito de que esto se realice de manera transparente y abierta, siguiendo criterios técnicos y sin la influencia de factores políticos.
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