Según la Alianza, esa propuesta de iniciativa puede fomentar el abuso de poder, debido a que se añade un nuevo grupo de solicitantes para realizar citaciones al Congreso, lo que, aseguran, puede “entorpecer” el trabajo de funcionarios y empleados públicos debido a que “aumentará significativamente la cantidad de citaciones”.

Además, cuestionaron que con esto se crea un “nuevo modelo de transfuguismo”, debido a que en los artículos 10 y 11 se retoma ese tema previo a cómo estaba en 2016. 

“Los nuevos bloques independientes son permisivos en cuanto a la adhesión recurrente y egreso de los diputados, lo que los hace más flexibles y con ventaja respecto a los bloques partidistas”, afirmaron. 

Mencionaron también que esta propuesta de reforma genera confusión para la conformación de bloques legislativos, de igual forma se reduce el tiempo para que las instituciones entreguen información a los diputados y se crea un banco de propuestas ciudadanas sin un instrumento técnico.

Remuneraciones a diputados 

La Alianza también critica que la iniciativa aumenta los sueldos para los diputados y aseguraron que estos ingresos no tienen que determinarse en coherencia con los de otros funcionarios del Estado. 

“Se incluye en el articulado la opción de que un diputado instruya al Congreso a quien transferir sus remuneraciones, situación que no tiene por qué establecerse en la ley”, indicaron. 

Recordaron que los diputados pueden utilizar sus remuneraciones sin necesidad de que se aplique una ley. 

La iniciativa 

Esta propuesta de ley fue presentada por los diputados Gustavo Cruz, Evelyn Morataya, Raúl Barrera, Juan Ignacio Quijada, Luis Javier López, César Fión y Edgardo Ramírez.  

Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla, ha defendido el tema de las remuneraciones de los diputados en sus redes sociales, argumentando que se deben “parametrizar todos los salarios públicos, en toda la administración pública” y que el límite deben ser 10 salarios mínimos. 

Menciona que la única excepción son los Presidentes de los Organismos de Estado y que “quien desee un salario superior que se vaya a la iniciativa privada”.