El Ministerio Público (MP) por medio de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación ha gastado Q10 millones 097 mil 972 en 45 adjudicaciones durante el transcurso del año. El 71 por ciento equivale a Q8.7 millones que corresponden a contratación de personal para consultorías individuales que forman parte del Programa de Fortalecimiento y Modernización del MP financiado por un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID-.

El préstamo de US$60 millones fue firmado el 23 de abril de 2020 que serán desembolsados durante cinco años y pagaderos a un plazo de 25 años. “El Programa tiene la finalidad de aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala. (…) a través de: el aumento de la eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos; el incremento de la calidad de las solicitudes de acusación presentadas a jueces;  la disminución de los tiempos de respuesta interna y el mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano”, indica el documento. 

La Secretaría está a cargo de Eduardo Mejía Calito. El funcionario  viajó en junio a Estados Unidos para reunirse con el senador republicano, Ted Cruz, y participó en la inauguración del Foro Road to Majority organizado por la Coalición Fe y Libertad. 

Los asesores de Mejía Calito

Luis Antonio Lam Padilla y Cecilia Isabel Mayorga Ordóñez son los dos asesores jurídicos de la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación contratados bajo el proyecto del BID, según datos de Guatecompras.

Lam Padilla fue candidato presidencial el año pasado por el extinto Partido de Integración Nacional (PIN). Es abogado y notario egresado de  la Universidad Francisco Marroquín, se destacó por defender en 2018 al entonces mandatario Jimmy Morales, cuando este denunció a un ciudadano que lo increpó por los onerosos gastos realizados para comprar gafas y alimentos adquiridos a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Luego de representar a Morales fue nombrado como asesor jurídico-consejero de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Durante su paso por esa entidad se adjudicó la expulsión de Iván Velásquez, exjefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la solicitud de retiro del exembajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompass. 

“Yo soy el abogado que sacó a la CICIG de Guatemala. Hubo decisiones políticas previas a que ocurriera la terminación del mandato que realizó el presidente, dentro de las cuales destacan la declaratoria de non grato de Iván Velásquez (…) y también la prohibición de su entrada al territorio nacional y por supuesto yo era uno de los principales asesores”, declaró Lam hace dos años en una entrevista concedida a Con Criterio.

Después de su paso por la Cancillería, Morales lo nombró como embajador de Guatemala en las Naciones Unidas (2019-2022). Entre 2009 a 2024 ha facturado Q2 millones en contratos por servicios prestados en el Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Cancillería y en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. 

El contrato de Lam Padilla con el MP comenzó en abril de este año y tiene una duración de nueves meses prorrogables dependiendo de la disponibilidad financiera y el desempeño el salario es de Q17 mil mensuales (Q153 mil en total).  

En los Términos de Referencia (TdR) se contempla que entre sus obligaciones  debe asesorar en el estudio y el análisis de casos concretos que son enviados directamente del despacho del Fiscal General, revisar los proyectos de Convenios de Cooperación que se suscriben entre el MP, Sociedad Civil, Organismos Nacionales e Internacionales, para emitir opinión sobre la necesidad de firmarlos; y realizar análisis de casos conocidos ante los distintos sistemas de Derechos Humanos, entre otras tareas.  

La otra asesora jurídica del MP es Cecilia Isabel Mayorga Ordóñez, quien devenga un salario de Q20 mil mensuales (Q240 mil anuales). Ella ocupa ese puesto desde el año 2022. Antes estuvo contratada como abogada de planta en el Instituto de la Víctima (2021-2022) y en el viceministerio de Comunicaciones (2019-2020) bajo el mando del entonces viceministro, Cristian Alexander Aguilar López. 

Aguilar López fue candidato a diputado por FCN-Nación en 2015 y secretario adjunto 1 de ese partido. En 2023 formó parte del equipo de Carlos Pineda, quien intentó participar en Prosperidad Ciudadana. 

Durante su paso por el Ministerio de Comunicaciones, Mayorga Ordóñez tuvo un reparo en la Contraloría General de Cuentas (CGC) porque cuando la entidad contralora efectuó una auditoría, ella y otras personas se encontraban laborando en otra oficina diferente a la que habían sido contratadas y en su caso los informes mensuales de trabajo eran todos iguales cada mes. 

Las autoridades de la cartera presentaron sus argumentos para aclarar lo sucedido, pero la Contraloría al final del informe de 2016 confirmó el hallazgo.

Un año antes de entrar al MP, Mayorga Ordónez laboró en el Instituto de la Víctima dirigido por Alejandra Carrillo, quien estuvo señalada de abuso de autoridad y peculado por la Fiscalía contra la Corrupción. Este año, el caso fue desestimado a petición del propio MP.

Mayorga Ordónez tiene una hermana, Gabriela, quien labora actualmente en el Registro Nacional de las Personas (Renap), quien con anterioridad fungió como asesora de la bancada Todos, colaboró con alimentos en la campaña del partido en su tierra natal, Zacapa, y ocupó la casilla seis como candidata a diputada suplente.

Cecilia Mayorga ha facturado entre 2016 a 20,24, según Guatecompras, Q1.4 millones por la prestación de servicios en las entidades públicas antes mencionadas.

La secretaría del cabildeo 

Durante la visita de junio a Washington, Eduardo Mejía Calito entregó una carta abogando por todos los funcionarios del MP incluidos en la lista Engel de actores corruptos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y solicitó apoyo del partido republicano para que estos personajes como la fiscal general, Consuelo Porras, Ángel Pineda, secretario general, y otros fiscales, sean eliminados del listado. 

Durante el foro, Mejía Calito defendió a Porras y señaló que el gobierno de Bernardo Arévalo ha desprestigiado su imagen. “La ha señalado como funcionaria corrupta sin tener fundamentos o pruebas sobre esos dichos”, dijo Mejía Calito en la actividad republicana que fue transmitida por televisión.